El acuerdo que la Provincia consiguió cerrar con los actores del conflicto causado por el proyecto de construcción de un mega emprendimiento turístico frente al Parque Moconá, que se volcó el miércoles a la audiencia pública en Aristóbulo del Valle, parece inclinar la balanza hacia la construcción de un camino en plena reserva de biosfera. En la Legislatura, sin embargo, el jueves hubo severos cuestionamientos a la iniciativa.Sin abundar en los detalles del debate, la tendencia a centrarlo casi exclusivamente en los derechos de las comunidades aborígenes que habitan en la zona resulta, por lo menos, sugestiva, sobre todo si se coteja el rol protagónico que -en el discurso- se concede a los pueblos originarias con el olvido centenario que padecen.Aparentemente, se soslaya aquí el núcleo conceptual del debate; la manipulación de la normativa en materia de protección ambiental para favorecer un negocio privado. Nótese que se pretende avanzar sobre un área portadora de un valor ecológico y ambiental superlativo para la provincia; eslabón de una política estratégica que, por definición, debe sostenerse en el tiempo. La polémica, tal como se plantea, subestima la decisión de Estado de proteger el invalorable patrimonio natural de la provincia, un bien social que pertenece a todos los misioneros y, en especial, a las futuras generaciones. La amenaza, que se minimiza al tratarse de un camino en el límite de la reserva; se comprende más si se la ubica en el contexto adecuado: el fuerte impacto de la destrucción ambiental a pesar de las leyes en contrario. Un reciente informe de Greenpeace advirtió, al respecto, que entre enero y agosto de 2016 en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco se desmontaron 60.188 hectáreas, un 35% en forma ilegal en bosques protegidos. La flagrante deforestación en zonas protegidas debe ser considerada un delito grave, dice la ONG, y lamenta que “en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”.
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