La Justicia provincial en primera instancia condenó a la empresa Sip Armas y al Estado misionero en la causa laboral, por el reclamo de indemnizaciones que corresponden a familiares de Ricardo Caballero, exempleado de la firma que falleció como consecuencia de un cuadro de intoxicación al manipular elementos de limpieza.La abogada Roxana Rivas, representante legal de la familia Caballero recordó que “Ricardo tenía apenas 19 años cuando la desidia de quienes llevan adelante la empresa de limpieza lo llevó a la muerte”.Agregó que “Ricardo Caballero realizaba tareas de limpieza como empleado de la empresa Sip de un geriátrico de Villa Lanús, fue internado el viernes 17 de mayo de 2008 y pocas horas después falleció”.Además recordó que hubo otra víctima: Andrea Pérez, mamá de tres niños, que realizaba tareas en el Hospital Madariaga. Fue hospitalizada el mismo día, permaneció una semana internada y también falleció. Esa misma semana cuatro empleados tuvieron que ser internados al presentar dolencias y síntomas similares.En total fueron tres los fallecidos, pero no trascendió el tercer caso porque con algunos de los afectados e intoxicados hubo acuerdos más precipitados debido a la necesidad que imperaba en sus familias.En la causa penal, la manipulación del producto químico sin cumplir con los requisitos de seguridad necesarios o la falta de capacitación a los empleados que debían utilizarlo, es uno de los polémicos puntos que deberían esclarecerse en un debate, donde los imputados, Juan Carlos López, María Felicitas Aquino y Mariela Alejandra Báez, habrían sido las responsables de suministrar el producto. Pero todo esto se deberá establecer en un juicio.Por ahora, los imputados se encuentran en libertad y gozan de su derecho porque la figura que les endilgan es excarcelable. Los tres se hallan procesados del delito de “homicidio culposo”; es decir, sospechados de haber causado la muerte de las víctimas por su negligencia o impericia, según explicó Rivas.Oscar Caballero, padre de Ricardo, reclama desde hace años que el Superior Tribunal de Justicia proceda a la elevación a juicio el caso, que ya lleva más de siete años sin avanzar y sospecha que la demora es intencional.“Si tengo que hacer justicia por mano propia, lo hago, ya no tengo nada que perder porque tengo a mi hijo dos metros bajo tierra”, expresó Oscar Caballero en varias oportunidades para mostrar su indignación ante la situación. Yo sigo esperando el juicio pero hasta ahora no pasa nada y siguen pasando los años”, expresó a la prensa.“¿Tanto poder tienen los defensores?”, se preguntó Caballero en referencia a los abogados de los imputados. “Pareciera que la Justicia existe sólo para los poderosos”, se quejó.
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