Una segunda impugnación formal ingresó a la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca de la Legislatura contra los pliegos de la candidata a jueza de Familia de Puerto Iguazú, María José Ramírez, a la que roza una causa penal por “tráfico de bebés”. El diputado provincial Gustavo González (UCR) elevó la presentación en el marco de las facultades reglamentarias de la Cámara, a la vez que solicitó que se suspenda el tratamiento del pliego hasta tanto se resuelva, en forma definitiva, la causa penal referida, “se conozca la responsabilidad de los encartados”, y eventualmente “se determine si la doctora Ramírez tuvo algún tipo de responsabilidad en los hechos”.Independientemente del avance judicial de la causa “el pliego propuesto tiene por objeto la designación de nuevo juez de Familia y Violencia Familiar de la ciudad de Puerto Iguazú, juez que en el ejercicio de su judicatura deberá resolver en materia de adopción de menores, con lo cual cobra aún más importancia la necesidad de despejar la más mínima de las dudas sobre la idoneidad ética y moral de la postulante”, refirió el diputado. La primera impugnación formal contra la postulación de Ramírez fue impulsada por los letrados Ernesto Báez, Martín Ayala, Andrea Wasilczyc y Juan Manuel Fouce (los tres últimos, miembros de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados) ya que “se la sospecha de haber sido partícipe y/o encubridora de la presunta comisión del delito de supresión o suposición de estado civil e identidad de un menor”, según adelantó en exclusiva PRIMERA EDICIÓN la semana pasada. Ahora González refirió al mismo expediente y describió con detalles los pormenores de la historia que complica a la candidata, concluyendo que “del desarrollo de los hechos, surge la participación de la persona cuyo pliego fuera elevado a esta Cámara solicitando Acuerdo Parlamentario”.La abogada Ramírez fue parte de la terna que concursó para el cargo el año pasado. El exgobernador Maurice Closs la prefirió entre los demás candidatos, por lo que el mismo día que terminaba su mandato elevó los pliegos a la Legislatura para el acuerdo parlamentario correspondiente, trámite que pasó para este año ya que las sesiones se reiniciaron el 1 de mayo. Detalles escabrososAl igual que la primera, esta segunda impugnación formal de los pliegos relata detalles escabrosos del expediente penal “N° 890/15 A. P. V. s/ Denuncia Supresión y Suposición Estado Civil e Identidad” por el caso que tuvo como víctimas a dos menores: la adolescente “Tati” (una humilde jovencita que tenía a su familia en Paraguay y trabajaba como empleada doméstica en la casa de la supuesta intermediaria, en Posadas) y su pequeña hija recién nacida, dada a luz en la Maternidad del Madariaga el 17 de noviembre de 2015. La niña fue anotada como hija biológica de la pareja de Ramírez en el mismo Hospital. Según la denuncia, en supuesta connivencia con la “intermediaria”, a cambio de una suma de dinero. Tras haber desprendido a la madre de su bebé, la presunta intermediaria le habría dicho a la abuela materna que la criatura falleció al nacer.A Iguazú Según consta en el expediente, la bebé fue llevada a Iguazú por la pareja de Ramírez hasta el 30 de noviembre, cuando fueron denunciados penalmente en Itá Ibaté (Corrientes), donde viven parientes de la madre biológica. Según la familia de la menor, la misma abogada les habría dicho que tenían derecho a la niña porque su marido era el padre, “cosa que nosotros sabíamos que era mentira”. “Tati me llamó llorando y me contó casi a escondidas que le habían sacado la criatura de sus brazos mientras ella pedía por favor que no lo hagan”, relató la tía de la menor en la denuncia. Poco después de que la familia de “Tati” diera intervención a la justicia, la abogada y su esposo devolvieron a la criatura, hecho que consta en un acta realizada en un juzgado de Paz en la misma ciudad correntina y que también figura en el expediente. En ese acta, rubricado por el juez Jorge Omar Meza, la pareja dejó constancia de que la menor y madre de la bebita “había decidido entregar al señor Calvo la tenencia y por tal motivo la señora Ramírez, María José había iniciado los trámites en adopción por integración”. Hasta la fecha, la familia de la madre/niña no pudo obtener la corrección de la identidad de la bebé que dicen le corresponde, ya que continúa con el apellido “paterno”. La niña ya tiene seis meses de vida y permanece en Itá Ibaté con la familia materna.
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