La Cámara de Diputados de la Nación se apresta a tratar la llamada Ley Anti despidos, que cuenta con media sanción del Senado, una polémica norma que se instaló en el centro del debate político nacional en las últimas semanas, y que pretende reincidir en una receta ya usada anteriormente en el país, cuyo ingrediente principal es la prohibición por ley de los despidos por un período de tiempo. La estrategia no consiguió, en su momento, los resultados esperados, y es razonable inferir que en esta oportunidad, si finalmente se aprobara la ley tal cual la propone un sector de la oposición, tampoco logrará arribar al fin deseado, consistente en moderar por vía compulsiva una situación de creciente pérdida de empleos en el país.Como en muchas otras ocasiones, el debate que rodea al tratamiento del proyecto parece ocuparse más del contexto político que del problema de fondo, que es esencialmente de política económica, y por lo tanto su resolución no puede provenir de una medida aislada, como lo es la sanción de una ley sin el respaldo de una política de Estado claramente orientada a la resolución de una compleja encrucijada económica. Para llegar a una decisión correcta en este sentido, en lugar de concentrarse en los pormenores de la política partidaria, como ocurre hoy, debería partirse de un diagnóstico certero y consensuado de la problemática acuciante que enfrentan las fuerzas del trabajo y la producción. Con o sin ley anti despidos, es creciente la preocupación por la pérdida de empleos en el país, la cual refleja a su vez un retroceso del sector productivo en general, y en especial en las economías regionales. El anuncio de que mañana habrá manifestaciones en Montecarlo y Eldorado, con cortes de ruta incluidos, en protesta por la baja salarial y la reducción de jornadas laborales y despidos en los aserraderos del Norte misionero, un sector con un potencial productivo y económico de excepción, es un elocuente ejemplo de esta compleja y difícil encrucijada.
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