La emergencia sanitaria declarada por la OMS a causa de la existencia de numerosos casos de contagio del virus del zika en varios países latinoamericanos, y fundamentalmente en Brasil, unida al avance de la enfermedad del dengue colocan a la región frente a un excepcional desafío. Ante una complicación creciente de la situación sanitaria que se propaga por encima de los límites políticos; va de suyo que los países involucrados deben trabajar en conjunto, profundizando las políticas de control epidemiológico y combate a la actividad viral.La problemática sanitaria común, además, no tendría que ser atendida sólo por sus efectos, sino también investigada en sus causas más profundas y en su relación con las transformaciones que sufre el contexto geográfico en que se inscribe.Uno de los datos que indudablemente tiene que ser relevado con mayor objetividad y conciencia de la realidad excepcional que se vive hoy en la región es el embate del llamado Cambio Climático sobre el ecosistema regional, y en particular el impacto negativo de las grandes represas hidroeléctricas. Es curioso, se diría para no usar calificativos más severos, que en el escenario actual de constantes desórdenes del clima y crisis sanitarias, los gobiernos de la región insistan en avalar grandes proyectos que profundizarán la ya crítica situación ambiental. La anunciada reanudación de las obras de construcción de la represa de Baixo Iguazú, en territorio brasileño, a sólo 70 kilómetros de las Cataratas del Iguazú, es un símbolo de esta rutina temeraria de los gobiernos, siempre dispuestos a bendecir estos megaproyectos sin exigir una consistente garantía de sustentabilidad ambiental. El Gobierno provincial, al menos, debería exigir participación en la definición de la habilitación de este polémico proyecto sobre el río Iguazú, que supone más de 40 impactos negativos sobre la zona del Parque Nacional Iguazú, y que hace sólo seis meses fue suspendido por la Justicia brasileña por carecer de una licencia ambiental confiable.
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