POSADAS. Nada menos que seis millones de pesos le pagará el Gobierno provincial por un trabajo de seis meses a una empresa muy vinculada al decano de la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado, Oscar Gauto, mediante una contratación directa, sin cumplir con el proceso de convocar a una licitación. Para más, el funcionario de la Universidad de Misiones es hermano del subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia de Misiones, Juan Gauto.Firmaron el polémico decreto 625/2015, al que accedió PRIMERA EDICIÓN, el gobernador Maurice Closs y otros dos clossistas de primera línea: el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, que quiere ser intendente de Apóstoles y el ministro del Agro, José Luis Garay.La empresa contratada sin licitación es Alta Territorial SRL que fue creada y fundada en 2007 siendo uno de sus primeros dueños el actual decano de Forestales, Oscar Arturo Gauto.Según se describe en el Boletín Oficial 12.094 del martes 4 de septiembre de 2007, la conformación de la empresa tuvo como socios a “Don Oscar Arturo Gauto y Don Carlos José Gauto”. La misma fue conformada con el objetivo “dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociado a terceros, de servicio de relevamientos y procesamientos aerofotogramétricos, de servicios fotointerpretación, extracción de información de sensores remotos…”.Asimismo, en el año 2010 el decano de Forestales cedió sus cuotas societarias de la empresa a un pariente suyo, del mismo apellido, pero en Eldorado aseguran que es “Don Oscar” el que tomaría las decisiones, más allá de los papeles.En el boletín 12.726 publicado el viernes 9 de abril de 2010 se publicó que “el señor Oscar Arturo Gauto, DNI 13.117.214 (…) cedió previa conformidad del socio Carlos José Gauto, la totalidad de cuotas sociales a favor del señor Fernando Manuel Gauto”; y como consecuencia de la cesión de derechos las cuotas de la Sociedad quedaron repartidas entre Carlos José (70%) y Fernando Manuel (30%).Contratación directaSegún el polémico decreto de Closs, Safrán y Garay, el trámite de contratación directa se inició con una solicitud del director general de Desarrollo Forestal, Héctor Perucchi, la que llegó al despacho del subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Gauto (hermano del decano) y es compartida “en todos los criterios” por el último, elevando el trámite al ministro José Luis Garay.En dicho expediente, los funcionarios del área forestal del Ministerio del Agro (Perucchi y Gauto) solicitaron “una contratación directa para la prestación de servicios técnicos con la empresa Alta Territorial SRL”, donde detallaron que se requiere “la realización de 3.500 inspecciones forestales”.Los funcionarios usaron como argumento que es “necesario satisfacer la demanda de servicios de gestión de la operatoria de la promoción forestal, dado que los medios tradicionales de gestionar la escala de información requerida no son suficientes para cumplir en tiempo y forma, produciéndose demoras en la cadena de pagos de los aportes económicos no reintegrables a productores por sus planes de plantaciones forestales logradas”.En el artículo 4 del decreto se autorizó la contratación directa de la empresa, en el 5 se autorizó al servicio administrativo del Ministerio del Agro “a efectuar la correspondiente liquidación y pago” a favor de Alta Territorial SRL; y en el 6 se conformó “una comisión de seguimiento y evaluación” que estará integrada por Héctor Perucchi (director general de Desarrollo Forestal) y uno de los impulsores de la contratación, Horacio Ciompella (director de Promoción de Desarrollo Forestal); y Santiago Guglielmi, todos del Ministerio del Agro y la Producción.Sorprende que ahora exista un “apuro” del Ministerio del Agro por cumplir con las inspecciones forestales para agilizar los pagos de la Nación, porque el retraso de los pagos por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación es una constante que ha generado numerosas y permanentes quejas de los productores forestales durante los últimos años.Ahora se utiliza la urgencia como argumento para consolidar una contratación directa, cuando las inspecciones fueron sólo uno de los motivos del retraso en acreditar los fondos, siendo el principal motivo la demora de la Nación por la falta de presupuesto que destina la Presidencia a la promoción forestal.Qué dice la Ley de éticaLa Ley 25.188 de “Ética en la función pública”, sancionada en septiembre de 1999, en el artículo 13, que reglamenta las incompatibilidades de los funcionarios del Estado, es taxativo en la prohibición de: “a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”. El punto b aún más atinente al caso del cuestionado decano, al subrayar la prohibición de “ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”.Gauto, en el año 2010 cedió sus cuotas de “Alta Territorial SRL” a un familiar, tal como se describe antes en este mismo artículo, por lo tanto no estaría en una violación legal de la Ley de Ética.Sin embargo, queda en la comunidad las dudas por la vinculación inicial de la empresa con el funcionario universitario y además, por la relación de parentesco que tienen los actuales titulares de la empresa con el decano.Otras contrataciones al EstadoMediante el decreto 1528 del 21 de septiembre de 2010, el exministro del Agro, Néstor Ortega y el actual gobernador contrataron a esta misma empresa por 2,4 millones de pesos en una licitación donde “Alta Territorial” no tuvo competencia ya que fue la única oferente.La Provincia en ese entonces solicitó “un servicio técnico para implementar un “Plan de Actualización y puesta régimen de funcionamiento normal del sistema de Gestión de la Promoción Forestal utilizando herramientas tecnológicas y procesos que permitan la agilización de la documentación y las inspecciones forestales de las actividades comprendidas en Ley Nacional 25.080 y su prórroga Ley 26.432”.En ese mismo decreto se estableció que una ejecución de 500 mil pesos para el ejercicio 2010 “y el saldo restante para ejercici
os futuros”, aunque no detalló hasta qué año estarían los servicios contratados. En la contratación directa de este mes no se hace referencia a la de 2010.Entre los fundamentos se indicó que “obra dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Agro y la Producción sin objeciones legales para la adjudicación de la Licitación 02/10 a la empresa “Alta Territorial SRL” y que se cumplieron las normas legales vigentes”.El artículo 2 de aquel decreto se autoriza a la Dirección del Servicio Administrativo del Agro y la Producción a efectuar la liquidación y pago “por la prestación de un servicio técnico para implementar un “Plan de Actualización y puesta régimen de funcionamiento normal del sistema de Gestión de la Promoción Forestal utilizando herramientas tecnológicas y procesos que permitan la agilización de la documentación y las inspecciones forestales de las actividades comprendidas en la Ley Nacional 25.080”.
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