SAN VICENTE. El juez de Faltas de esta localidad, Esteban Gómez Da Silva, se encuentra en la mira de la sociedad y de los abogados del fuero local, e incluso de un sector político dentro de la renovación, porque habría incurrido en una violación al artículo 193 de la Carta Orgánica Municipal. En los últimos días, en esta ciudad circularon rumores de que en las próximas horas habría una presentación ante el Honorable Concejo Deliberante para pedir que se investigue su accionar. Sin embargo, esta presentación podría quedar en la nada, pues el magistrado contaría con el respaldo del intendente Waldomiro Dos Santos y también de los concejales que responden a éste.El detonante que levantó la sospecha fue que, en el acto de inauguración de la XXXII Fiesta Nacional de la Madera, el gobernador Maurice Closs entregó un cheque de un millón de pesos a una organización no gubernamental (ONG) para los empresarios damnificados por el tornado en noviembre del año pasado. El locutor oficial nombró a los beneficiarios del subsidio y lo curioso fue que entre los nombres estaba el del juez de Faltas.En el destino de los fondos no habría ninguna irregularidad, porque Gómez Da Silva, antes de asumir como juez, tenía una empresa maderera en el parque industrial. Pero la Carta Orgánica Municipal, en el artículo 193, dice de las “inhabilidades e incompatibilidades” que los jueces de Faltas “tienen las mismas inhabilidades que los concejales. No pueden participar en organizaciones ni actividades políticas; ni ejercer su profesión, comercio o desempeñar empleo, funciones u otras actividades dentro o fuera de la provincia y del municipio, excepto la docencia”.En los últimos días PRIMERA EDICIÓN pudo averiguar que la industria de Gómez Da Silva nunca fue dado de baja en la Comuna tras asumir como juez de Faltas. Recién en febrero de este año realizó ese trámite, hizo la transferencia a terceros y habría pagado la deuda atrasada por tasas municipales de la firma, según consta en un expediente del Concejo Deliberante, que fue el que autorizó el cambio de titularidad.Desde 2011Norberto Gómez Da Silva asumió como juez de Faltas en noviembre de 2011 y durante años tuvo actividad comercial, según consta en los expedientes de la Municipalidad, ya que nunca presentó la baja de su empresa hasta hace apenas tres meses. Esta actuación de Da Silva “ameritaría y es causal de destitución, porque incumplió la Carta Orgánica Municipal y él mejor que nadie debe conocerla para aplicar justicia. El artículo 193 dice clarito: ni ejercer su profesión, comercio o desempeñar empleo, funciones u otras actividades dentro o fuera de la provincia y del municipio, excepto la docencia. El juez de Faltas no puede desconocer las legislaciones sobre las cuales puede impartir justicia. Además, eso se puede confirmar porque habría hecho efectivo el cobro del subsidio del Gobierno provincial”, indicó un abogado local.“Valdir” Dos Santos y su gente están cerrando línea detrás de Gómez Da Silva y en los últimos días mantuvieron numerosas reuniones para ver cómo controlar la situación para que no llegue a conocimiento de la población en general. Es difícil que la denuncia pueda sostenerse en el Concejo Deliberante y que llegue a crearse una comisión investigadora del funcionario de la justicia de Faltas, ya que tienen la mayoría absoluta en el cuerpo deliberativo. Sin embargo, en las últimas votaciones se pudo notar que el concejal Gabriel Espinoza, que responde a Luis Benítez, votó en disidencia y no se aprobó el balance 2014, por lo que la población espera que sí se concrete la investigación a Gómez Da Silva.
Discussion about this post