POZO AZUL. Las 71 familias asentadas sobre el lote Q de esta localidad cortaron ayer el tránsito sobre la ruta provincial 20 -que une las poblaciones de San Pedro y Tobuna y conecta las rutas nacionales 14 y 17- en reclamo de una solución a un eventual desalojo judicial y en repudio a la decisión de los responsables del distrito local de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (Emsa), que decidieron cortarles el suministro eléctrico pese a los abultados montos que pagaron para bajar la luz en cada una de las chacras.El corte total comenzó a las 8 y continuó hasta las 18, con aperturas del tránsito cada dos horas. Como ningún funcionario del Gobierno provincial se acercó hasta la protesta, la medida de fuerza continuará hoy, también de 8 a 18, aunque con habilitación del tránsito cada tres horas. El año pasado, el programa “Periodismo para Todos” de Jorge Lanata reflejó la vida cotidiana de las familias, sus limitaciones y carencias por falta de energía eléctrica. Tras la exposición mediática, y según revelaron los afectados, desde Emsa aceleraron las conexiones rurales para cada chacra. Cada uno de los ocupantes tuvo que pagar un promedio de 20 mil pesos para los materiales y transformadores, además de la mano de obra. Apenas siete familias lograron pagar el monto requerido y tuvieron servicio de luz, pero las demás estaban en proceso de abonar lo pactado. La semana pasada, el distrito de Emsa les mandó notas advirtiéndoles que iban a cortar el suministro a los que tienen energía en sus chacras, y a frenar todos los trámites en curso para los que todavía esperan porque ninguno cuenta con permisos de ocupación. Esta situación, más los rumores de desalojo inminente, convirtieron a la zona en un polvorín. Un largo conflicto Las familias son ocupantes de predios rurales de Riccieri SA que pertenecen a Ricardo Rinsfleisch. En 2002 se inició el juicio de desalojo que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial 2 de Eldorado, el cual ya tiene sentencia firme que no se ejecuta por imperio de la Ley XII Nº28, que suspendió los desalojos y remates de viviendas únicas y familiares hasta 2016 en todo el territorio provincial. El Gobierno provincial, la Municipalidad y los afectados conformaron una mesa de diálogo para encontrar una solución consensuada al drama social de la zona mediante la compra de las tierras por parte del Estado para la posterior entrega a los ocupantes, al igual que se hizo con otras 55.337 hectáreas adquiridas por la Provincia para resolver el problema de tenencia de unas 3.300 familias de pequeños agricultores. Incluso se realizó el “Relevamiento Ocupacional Predial Georreferenciado” que determinó la ocupación real del predio, que ronda unas 800 hectáreas de las 1.400 que componen el lote Q. Las familias también fueron inscriptas en el registro del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) en el marco de la Ley XII N°28, por lo que les alcanza la prohibición de desalojos. Por esto es que les resulta “incomprensible la actitud de Emsa y el silencio del Gobierno provincial”. El director de Tierras de Misiones, Jaime Ledesma, aseguró a PRIMERA EDICIÓN que efectivamente no habrá desalojos en el predio hasta 2016 por imperio de la ley, pero hasta ayer ningún funcionario se comunicó con los afectados para aclarar la situación. Un pueblo abandonadoMás de cien personas y muchísimos niños permanecieron ayer sobre la ruta 20 a la espera de alguna respuesta oficial a sus reclamos, pero sólo se comunicó con ellos el secretario del intendente de San Pedro, Miguel Dos Santos. Las familias habitan Los parajes Piray Guazú, Colonia Nueva Unión y Portón Viejo, todos de Pozo Azul, un enclave poblacional detenido en el tiempo y que espera que se cumpla una promesa del gobernador Maurice Closs. En noviembre de 2014 el primer mandatario anunció que iba a convertir en municipio a esta nutrida población de 15 mil habitantes abandonados a medio camino entre San Pedro (que queda a 48 kilómetros) y Bernardo de Irigoyen (a 70 kilómetros). De hecho, desde el anuncio del gobernador los habitantes se quejan de un abandono por parte del intendente Dos Santos, que dejó de atender el arreglo de caminos y otras necesidades básicas de la gente, todos pequeños productores, dedicados mayormente al tabaco, asentados sobre tierras en conflicto. “Vamos a quedar sobre la ruta” sentenciaron ayer los vecinos del lote Q. Esperan que en la jornada de hoy algún funcionario con poder de decisión los convoque y tranquilice los ánimos, y que Emsa vuelva atrás con la medida adoptada en relación al suministro eléctrico.
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