GARUPÁ. Representantes de gremios docentes dieron a conocer otro caso de un docente que ejercería con un título “trucho” en el Centro Educativo Polimodal (CEP) 17 de esta localidad. Se trataría de Juan Ferreira que tiene su título como egresado de esta institución, pero no se encuentran registros de que haya cursado en la misma entre 2007 y 2009. Así lo señalaron en rueda de prensa representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), de la Unión de Docentes Nueva Argentina (Udnam) y del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), entre otros.Pese a ello, el cuestionado ingresó este año a trabajar como tallerista del Centro de Actividades Juveniles (CAJ) y como secretario del Plan Fines. Lo que agrava aún más la situación es que esta persona cobraría 150 pesos a cada alumno para habilitarlo a “rendir cada examen”. Si hablamos de más de 200 alumnos del Fines serían más de 30 mil pesos cobrados de manera totalmente ilegal, dado que se trata de una escuela pública y un plan administrado por el Ministerio de Educación de la Nación. Lejos de cobrar, desde la Nación incluso proveen de fondos a cada escuela para gastos de fotocopias y materiales didácticos. En este caso de los diez mil pesos enviados al CEP 17 nada se sabe de su utilización.Un mal habitualLa denuncia pública se realizó pasados dos meses de que los gremios dieran a conocer otro “docente trucho”. Se trata de Marcelo Sebastián Sánchez, esposo de la directora Vanesa Espínola, separada de su cargo a mediados de septiembre tras la intervención de la escuela realizada por el Consejo General de Educación (CGE). Sánchez tenía a cargo materias en la institución pero su título era trucho. Según este documento, firmado por su propia esposa en 2009, él cursó en el CEP 17, pero los profesores e incluso alumnos que cursaron nunca lo vieron. “Este es el segundo caso. Y no sabemos cuán profundo es el fondo de todo esto, ya que no hemos tenido novedades de la denuncia anterior”, dijo Juan Pasaman.El dinero no apareceEn total este año el CEP 17 recibió 119 mil pesos bajo los programas Mejoras, Movilidad, Fines y CAJ. “Nadie sabe qué se hizo con ese dinero, y esa es una de las cosas que la interventora -que asumió hace dos meses- está intentando esclarecer”, dijeron.Ya en septiembre se había denunciado que los directivos también cobraban 250 pesos en concepto de inscripción y que los egresados debían pagar para la tramitación de los títulos una vez que terminaron sus estudios. Asimismo, la interventora se encontró con irregularidades como libros matrices -donde se van asentando las materias aprobadas año a año por el alumno, consignándose la nota con la firma de cada docente a cargo- con hojas en blanco, las cuales aparentemente fueron dejadas con intención de ir completándolas con los datos de otros “egresados” que en realidad nunca pasaron por las aulas del CEP 17. Y revelaron que, incluso, cada docente debía pagar dos pesos para el uso del baño de la institución.Aula satélite: clausuradaA mediados de febrero pasado, es decir mucho tiempo antes de esta denuncia de docentes truchos y cursos “fantasma”; desde la institución se había pedido al CGE que el aula satélite del CEP 17 que funcionaba en el barrio El Provenir se trasladara a la Escuela 74. Allí un gran grupo de adolescentes y adultos esperaba poder acceder en este ciclo lectivo de la terminalidad secundaria. Pero en lugar de gestionar el traslado, desde el CGE decidieron la clausura de los cursos “por falta de matrícula” (resolución Nº3.323 del 4 de noviembre del corriente). “Esto implicó el empeoramiento laboral de los cuatro docentes que trabajábamos allí y que hemos quedado en disponibilidad”, explicó uno de los educadores. Según explicaron, desde el propio CGE les han llegado a decir que el aula se cerró en castigo por la denuncia realizada.
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