BUENOS AIRES (DyN). El fiscal federal Eduardo Taiano abrió una causa penal para investigar si hubo delito en el manejo de los fondos públicos que se destinaron al programa “Fútbol para Todos”, en la cual imputó al presidente de la AFA, Julio Grondona; al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y a dos de sus antecesores, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández.Fuentes judiciales informaron que Taiano impulsó una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, en cuyo marco, además, le solicitó a la jueza federal María Servini de Cubría distintas medidas de prueba para avanzar en la causa.Ocaña denunció que el Gobierno nacional aumentó desde 2009 a 2012 el presupuesto oficial para “Fútbol para Todos” pero que esos fondos no llegaron a los clubes ya que continúan con sus deudas y finanzas desequilibradas, además de presuntas irregularidades en la entrega de pauta oficial.El fiscal Taiano solicitó que la Tesorería General de la Nación y la Contaduría General de la Nación presenten informes sobre los fondos asignados a “Fútbol para Todos”, mientras que requirió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que complete la auditoría que está realizando sobre esos dineros públicos.También pidió que se estudien los balances contables de la AFA desde 2009 hasta la actualidad.Las medidas de prueba deberán ser analizadas por la jueza Servini de Cubría, quien luego debe decidir si las ordena.La causa había recaído originalmente en el juez federal Sergio Torres, pero se excusó y recayó en Servini de Cubría, que hizo lugar al apartamiento de su colega y se quedó con el expediente.En la última modificación presupuestaria, el pasado lunes, se autorizaron incrementos de partidas por 210 millones de pesos para “Publicidad y propaganda” del Gobierno, otros 130 millones para “gastos corrientes” de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y 37 millones más para el “Programa Fútbol para Todos”.PrecisionesLa denuncia de Ocaña tiene dos ejes: el primero, vinculado a las condiciones de contratación y las obligaciones que asumió el Estado; el segundo, a los manejos de la AFA.“Las partes fijaron en la suma de $ 600.000.000 el ingreso mínimo anual garantizado”, relata la denuncia, que dice que no se explicó la “razonabilidad técnica” de tamaño monto. A esa suma se añadieron las “actualizaciones”, que son delictivas, a juicio de Ocaña. Ella sostuvo además que no tiene fundamento que el Estado comercialice sólo un porcentaje mínimo de publicidad privada, cargando con “enormes pérdidas”. Con los datos de un informe de senadores radicales, Ocaña dijo que en 2009 FPT “habría generado gastos por $973.929.126 y sólo recaudó $6.684.491, por lo que el Estado perdió $967.241.635.
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