Nuevo dilema

MONTEVIDEO, Uruguay (AFP-NA). Definir cuánta marihuana consume la sociedad uruguaya para establecer el volumen que producirá el Estado es una de las principales preocupaciones de las autoridades, que avanzan con pies de plomo en la implementación del mercado regulado de la marihuana, un experimento sin precedentes.Con la reglamentación de la ley que permitió la producción y comercialización de cannabis bajo control estatal, que el presidente José Mujica firmó ayer, comenzará a funcionar esta semana el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca), el organismo que tendrá en sus manos controlar toda la cadena de producción, desde la importación de las semillas hasta la venta de la sustancia en farmacias.Julio Calzada, secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), admitió el lunes que tiene “infinitas” preocupaciones sobre cómo se implementará una regulación inédita y que es observada con atención por el resto del mundo.Una de sus mayores preocupaciones es que el Ircca pueda “establecer claramente el volumen de consumo para poder definir el volumen de producción”, indicó a un grupo de periodistas de medios extranjeros. Según Calzada, en Uruguay se consumen entre 18 y 22 toneladas de marihuana por año, lo que implicaría plantar un máximo de diez hectáreas. La idea del Gobierno es producir exclusivamente lo necesario para el consumo interno.Las autoridades prevén realizar el primer llamado a privados interesados en plantar en no más de veinte días. Mientras, debe definir además cuál será el terreno estatal dónde se realizarán las plantaciones y si la seguridad estará a cargo de las Fuerzas Armadas, una posibilidad planteada por el propio Mujica.Según el Gobierno, la marihuana legal llegaría así recién a fin de año a las farmacias, donde podrá ser comprada por mayores de 18 años residentes en el país y que se inscriban en un registro de usuarios, con un tope de 40 gramos mensuales y a un precio de entre 20 y 22 pesos por gramo (unos 90 centavos de dólar). La ley también legalizó los clubes de consumidores y el autocultivo, que también deberán inscribirse en el Ircca y tendrán límites de producción.Lograr una política de EstadoLa implementación de la polémica ley ocurre en plena campaña electoral hacia las elecciones nacionales de octubre, en las que se debe elegir al sucesor de Mujica, principal impulsor de la norma.“Nos preocupa poder avanzar y poder profundizar este proceso de debate con el conjunto de la sociedad (…) y poder consolidar mayorías que hagan que esto devenga en el tiempo en una política de Estado”, admitió Calzada.Si bien encuestas muestran que más del 60% rechaza la legalización del mercado de la marihuana, un sondeo reciente de la consultora Cifra para el semanario Búsqueda reveló que con la ley aprobada el 51% de la población prefiere mantenerla en vigencia y observar cómo funciona antes que derogarla inmediatamente.“En plena campaña electoral es difícil llegar a ningún acuerdo interpartidario. Creo que después que termine la campaña, con las cartas sobre la mesa, todo el mundo va a analizar esto de una manera diferente”, estimó Calzada, que admitió que Uruguay tiene por delante “un camino complejo”.“Este es un canal en el que vamos navegando y si le damos mucho hacia un lado nos podemos encallar y si le damos mucho hacia otro lado también podemos encallar”, ejemplificó, insistiendo en que el país no quiere “ser un modelo para nadie”.Mujica, en tanto, reiteró el domingo que “la principal bandera de la ley es la lucha contra el narcotráfico”.“En el mundo delictivo había códigos, pero con el advenimiento de la cultura narco, vale todo, cualquier cosa. Metodológicamente contagia a todas las otras formas de delito. La batalla va a ser muy larga”, señaló a radio Montecarlo.El plan uruguayo ha sido criticado por la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes (JIFE) de la ONU, pero es visto con interés por organizaciones civiles o por la Organización de Estados Americanos (OEA), que en mayo invitó a considerar una eventual legalización de la marihuana como forma de lucha contra el narcotráfico.“Todos los países del hemisferio están muy interesados en lo que está pasando aquí, hay un debate muy abierto y hay bastante interés en ver cómo sigue el proceso”, comentó a la AFP Paul Simons, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, que visitó el lunes Montevideo.Simons destacó que todavía es necesario realizar más investigaciones “sobre el impacto, a largo plazo, de la cannabis en la salud”.“También hay preocupaciones sobre cómo se pueden manejar programas de prevención cuando hay un sistema regulado, qué se hace con los jóvenes para asegurarse que los niveles de consumo no aumenten, qué se va a hacer con el crimen organizado o cómo manejar el mercado regulado para que el producto no escape a otros países. Son temas importantes que Uruguay está manejando con mucha seriedad”, opinó.El fin de la guerraCinco premios Nobel, un ex secretario de Estado estadounidense, dos ministros latinoamericanos y otras personalidades, pidieron el fin de la guerra contra las drogas en un informe de la London School of Economics publicado este martes.“Ending the Drug Wars” (Acabar con la guerra contra la droga) es el nombre del informe de la institución docente británica y va acompañado de un prólogo firmado por varias personalidades.“Es hora de poner fin a la ‘guerra contra la droga’ y encauzar masivamente los recursos hacia políticas efectivas basadas en evidencias y apoyadas en análisis económicos rigurosos”, afirma el prólogo.El texto está suscrito por George Shultz (jefe de la diplomacia estadounidense entre 1982 y 1989, en el gobierno de Ronald Reagan), el español Javier Solana (ex jefe de la diplomacia europea de 1999 a 2009), y cinco premios Nobel de economía: Kenneth Arrow (1972), Christopher Pissarides (2010), Thomas Schelling (2005) Vernon Smith (2002) y Oliver Williamson (2009).La lista de firmantes incluye también a dirigentes de alto rango en activo, como el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, el presidente de Polonia, Aleksander Kwasniewski, el ministro de Exteriores guatemalteco, Luis Fernando Carrera Castro, y el ministro de Sanidad colombiano, Alejandro Gaviria.“La insistencia en la estrategia militarizada y policial de ‘guerra contra las drogas’ mundial ha dad
o resultados muy negativos y daños colaterales”, asegura el prefacio en forma de manifiesto.Los resultados negativos son las “encarcelaciones masivas en Estados Unidos, unas políticas altamente represivas en Asia, una enorme corrupción y desestabilización política en Afganistán y el oeste de África, una inmensa violencia en Latinoamérica (…) y la propagación de abusos sistemáticos a los derechos humanos en todo el mundo”.Es necesaria una nueva estrategia mundial, dicen los firmantes, que se base en “principios de sanidad pública, contención de los daños, reducción del impacto del mercado ilegal, acceso ampliado a medidas esenciales, minimización del consumo problemático, experimentación regulatoria rigurosamente monitoreada, y un compromiso inquebrantable con los principios de los derechos humanos”.Estados Unidos, principal consumidor mundial de drogas, es el principal instigador de la represión contra el consumo y comercio de estas sustancias, una estrategia que se remonta a los años 1960.Centroamérica, Colombia o México han recibido ayuda estadounidense para combatir el tráfico, pero al precio de muchas muertes -28.000 en el último país desde 2006- y en los últimos tiempos han crecido las voces que reclaman un cambio de estrategia.