POSADAS. Familiares de los gendarmes Carlos Fabián Aranda y Diego Javier Antúnez, presuntamente asesinados bajo el puente San Roque González de Santa Cruz la noche del 18 de septiembre de 2001, pidieron la imputación de dos comandantes de Gendarmería Nacional por el delito de encubrimiento.Se trata de los comandantes generales Julio Oegg y Aníbal Michelloud. El primero, al momento del lamentable episodio, se desempeñaba al frente de la “IV Agrupación Misiones” de Gendarmería Nacional, mientras que Michelloud era jefe del Escuadrón 50.El requerimiento fue presentado el jueves último en la Fiscalía Federal de Pablo Di Loreto, quien quedó al frente de la investigación por subrogación legal, después de que los jueces Ramón Claudio Chávez y José Luis Casals se apartaran de la causa, en diferentes circunstancias y etapas procesales.La presentación fue formulada por la abogada Mirta Quiroz, quien se constituyó en querellante en representación de Arseli Gauto, madre de Carlos Fabián Aranda, y Aurora Lucena, viuda de Diego Javier Antúnez.La pista que no se siguióLa querella fundamentó el pedido en las declaraciones que ambos funcionarios habrían formulado días después de la tragedia, respecto de que sabían la identidad y el paradero del contrabandista al que Antúnez y Aranda persiguieron esa noche.Resulta que ese hombre, identificado como Diego Armando Cardozo, declaró en la causa más de once años después de la muerte de ambos efectivos de GN.Para Lucena, Gauto y Quiróz, las dos máximas autoridades de GN en Misiones en aquel entonces tuvieron un accionar marcadamente tendencioso y corporativo, con el objetivo de encubrir las verdaderas circunstancias de aquellas muertes.“El fiscal de Paraguay, Petta San Martín, les ofreció acercar al testigo, tenía hasta el domicilio de él, pero Oegg y Michelloud no tenían interés. Y claro, si el contrabandista aparecía, echaba por tierra la versión oficial del supuesto accidente”, consignó la abogada Quiróz.La versión oficial indicó desde un principio que ambos gendarmes perdieron la vida en cumplimiento del deber. Un lamentable accidente, podría decirse. Los familiares, por el contrario, aseguran que fueron, lisa y llanamente, asesinados, presumiblemente por sus compañeros de la fuerza de seguridad nacional.En una entrevista mantenida con este diario el mismo día en que se produjo la presentación en la Fiscalía Federal de Pablo Di Loreto, Aurora Lucena fue terminante: “Queremos el procesamiento de todos los involucrados por el delito de doble homicidio. Pasaron muchísimos años e intentaron tumbar la causa de todas formas, pero no lo lograron. Queremos justicia ya”, indicó.A poco de cumplirse trece años del hecho, las muertes de Aranda y Antúnez continúan impunes.La causa tiene varios imputados, a saber: Juan José Alvez (oficial de servicio la noche del episodio); Daniel Morel (jefe de guardia, quien habría ordenado a los subalternos que fueran por el contrabandista); Andrés Pérez, Mariano Sánchez, Bernabé Sánchez y la médico Miriam Lojewski, cuestionada porque no solicitó la inmediata realización de autopsia a ambos cuerpos.Para Lucena, pese a que hay dos informes médicos, uno local y otro de Capital Federal, “quedó claramente establecido que ninguno de los dos murió ahogado. No tenían agua en los pulmones”, consignó.Pese al tiempo, la Justicia sigue teniendo la última palabra. Acudirán a la Comisión Interamericana de DD.HH.La abogada Mirta Quiróz aseguró a PRIMERA EDICIÓN, en presencia de Arseli Gauto y Aurora Lucena, que trabaja en la elaboración de una presentación para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) porque considera que las garantías de acceder a un fallo justo están violentadas.“Pese al tiempo que transcurrió, nuestro primer objetivo es lograr el procesamiento de todos los implicados por la calificación de doble homicidio agravado. Luego, lógicamente, que llegue a juicio oral y público cuanto antes”, consignó.“El pedido de imputación para los comandantes Oegg (ya retirado) y Michelloud no es la única presentación que efectuamos el jueves pasado en la Fiscalía Federal de Pablo Di Loreto. Queremos un pronto pronunciamiento en materia de procesamientos”, añadió la letrada.No será fácil semejante pronunciamiento por parte de la Justicia, porque “el tiempo que pasa es la verdad que huye”, como reza un antiguo axioma detectivesco. En el contexto de la teoría del doble homicidio, jamás se pudo establecer el supuesto móvil del semejante accionar.Lucena recordó que, días antes del hecho, cuando ella estaba embarazada, Antúnez le pidió disculpas “‘porque a veces estoy sacado, es que en mi trabajo no te podés descuidar, sino te clavan un cuchillo por la espalda’. Con el tiempo me di cuenta de a qué se refería”, concluyó.
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