E n el lapso de una semana, el Gobierno nacional tuvo que salir dos veces a desmentir anuncios de medidas vinculadas con la marcha de la economía, recalentada en este intenso principio de año por problemas que permanecen irresueltos tras una década de gestión kirchnerista.La presión inflacionaria, que sube desde 2008 a pesar de las políticas de control de precios del gobierno de Cristina Kirchner y el déficit energético -que refleja más de una década de desaciertos y recién desde que se produjo la reestatización de YPF, el año pasado, se puede decir que fue advertido por el Gobierno- son las dos puntas más visibles del iceberg.Ambos cabos sueltos del modelo K explicarían los desmentidos de la semana, que se iniciaron con la rectificación por parte del ministro Kicillof de las declaraciones del titular de la Afip, Ricardo Echegaray, quien había dicho que era inminente una reformulación impositiva que tomaría el valor de mercado de las propiedades y no el valor fiscal como base para definir la base del impuesto a Bienes Personales. Los rumores sobre una fase de rigidez en las relaciones del titular de la Afip y la presidenta, Cristina Kirchner, recrudecieron tras la decisión de Kicillof de salir a desautorizar públicamente a Echegaray, aclarando que ni él ni Cristina piensan que pueda ser actual la medida impositiva anunciada.Al día siguiente, el estado de desconcierto del gabinete nacional se volvió a poner en evidencia ante otra retractación de apuro, esta vez ante el apresurado anuncio de que se acudiría a la importación de tomates brasileños si no se garantiza el abastecimiento de ese artículo a precios compatibles con la “canasta cuidada” que impulsa el Gobierno, por ahora sólo en los híper y supermercados de la capital y el Gran Buenos Aires. El trabajo a “medio tiempo” de la presidenta, que desde el 10 de diciembre pasado no participa de un acto público, colabora para que estas desinteligencias entre funcionarios de primera línea respecto a temas de relevancia para la coyuntura proyecten una imagen negativa frente a la opinión pública. Quienes hablan de un vacío de poder probablemente exageran, pero es evidente, en cambio, cómo a medida en que se diluye el impacto inicial de los cambios en el gabinete, vuelve a aparecer la imagen de un Gobierno urgido por la multiplicación de desafíos que le significa encarar los dos últimos años de mandato de la presidencia.Remedio caro Respecto a la prometida importación de tomates brasileños, el ministro Kicillof salió del paso al hablar de una “alerta temprana”, supuestamente tergiversada, e insistió en que la vía de las importaciones está abierta para eventuales abusos en las góndolas. La federación que agrupa a los productores de tomate, en ese marco, descalificó la idea oficial, al señalar que los precios de los tomates brasileños, si se importaran, serían tan caros como los locales; al tiempo que informó que la oferta está asegurada, y sostuvo que las subas del producto en góndola se deben a decisiones de los intermediarios, que son los formadores de precios.Aldo Ferrer, economista cercano al Gobierno, puso el dedo en la llaga al admitir que la importación es una herramienta viable en caso de distorsiones de precios o abastecimiento de productos por posiciones monopólicas, pero reconocer que en la actual situación la utilización de ese recurso tiene serias limitaciones: “Cuando las divisas son escasas, como sucede actualmente en la Argentina, no se puede aplicar a todos los sectores”, dijo, y subrayó: “Hay que aplicar la herramienta de aumentar importaciones, pero sólo tenemos dólares para el tomate”.La frase apunta a que, si bien el renovado intento de defender el poder adquisitivo popular del embate inflacionario es correcto, la ingeniería que se necesita para desestimular las subas de precios en un mercado oligopólico es de compleja aplicación y exige, de partida, un fuerte consenso social.Por el momento, los esfuerzos del Gobierno en el área de precios minoristas aparecen como medidas aisladas sin un sustento en una estrategia de fondo que, en esta etapa, necesita de un relanzamiento en varios frentes. En un momento económico contenido y con expectativas a la baja, el escenario político apenas empieza a definirse, a la espera de que tras el período vacacional se definan cuestiones de fondo, como la pauta salarial y el destino de la devaluación “non sancta” que se lanzó en los últimos meses, en plena flotación administrada, a un ritmo de 35% anual.En la semana, por otra parte, el nombramiento de abogados cercanos al Gobierno como conjueces de la Cámara de Casación Penal por un lado; y la reunión de Moyano y Barrionuevo para convocar, para el 20 de enero próximo, a un encuentro de entidades empresarias y sindicales en el que se afinaría la propuesta a llevar a las negociaciones paritarias, por otro; reiteraron el carácter conjetural del escenario actual, dominado por los preparativos para un año que recién se inicia y en el que se definirá la oferta electoral de 2015.Mentiras y apurosSi a nivel nacional los furcios en el gabinete dan la idea de un Gobierno con pánico escénico ante las complicaciones que anuncia el nuevo período, todavía en sus inicios, en la provincia también el Gobierno del Frente Renovador mostró inconsistencias, al tener que retroceder en la aplicación de la llamada “tasa yerbatera”.En este caso, y como lo reveló este diario, la actitud del gobernador Closs fue más que vacilante, ya que incursionó abiertamente en la mala fe al prometer, bajo la presión de los productores, una derogación de la tasa, pero ipso facto la envió para ser tratada y eventualmente reprogramada en la Legislatura. La indignación que causó este ocultamiento en los sectores de la producción yerbatera es tan abrumadora como la constatación de que, con esta y otras medidas impositivas, el Gobierno provincial llega a 2014 con una renovada fiebre recaudadora. Las paritarias docentes que se vienen y las demandas salariales en los restantes gremios estatales, incluyendo a los empleados de la Justicia, pondrán a prueba la pregonada virtud financiera del gobierno de Closs.A merced del Grupo ZPero, no conforme con ganarse la enemistad de los productores yerbateros, pero también del resto de los contribuyentes (la Cámara de Comercio e Industria de Posadas envió un pedido oficial de que dé marcha atrás con el “impuestazo” que se aplica desde el comienzo del año en Impuestos Brutos), el Gobierno provincial sumó en las últimas horas otro frente de conflicto con la ciudadanía en general, al acordar con los empresarios
del Grupo Z un feroz “boletazo” en Posadas, Garupá y Candelaria que llevará el precio del pasaje en la capital provincial a 4 pesos a partir del próximo viernes e incrementos aún mayores en las otras dos localidades, con el agravante de que en junio se aplicará una nueva suba y, para colmo, a partir de abril habrá un castigo para los usuarios que no utilicen la futura tarjeta magnética, que se desarrolla ahora a las apuradas después de años y años de dilaciones.Es que una disposición de la propia Subsecretaría de Transportes de la provincia impedía siquiera discutir un posible aumento tarifario hasta que no entre plenamente en vigencia el famoso Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), por eso tuvo que, para ceder a la voracidad del Grupo Z, acelerar los trámites y el mecanismo se aplicará -de forma muy precaria, por cierto- a partir del próximo martes, tres días antes de que entre en vigencia la primera cuota del “boletazo”.A partir de ahí, los ciudadanos tendrán tres meses para armarse de paciencia para hacer el largo trámite y las largas colas para adquirir su tarjeta SUBE en los escasísimos lugares habilitados para ello, ya que a partir de mediados de abril se dispararán los costos para quienes no utilicen ese sistema, ya sea porque proceden de otros lugares, porque no son usuarios habituales o -lo que es peor- porque no pudieron recargar su tarjeta. El costo del pasaje abonado en efectivo será desde entonces 6 pesos en Posadas y hasta 9 en Candelaria, lo que en la práctica implica un aumento de casi el 100% en el precio del boleto en apenas 100 días.
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