APÓSTOLES. El accidente ocurrido en Aristóbulo del Valle, que costó la vida a seis tareferos, agregó un nuevo capítulo trágico al historial de muertes protagonizadas por peones rurales trasladados en condiciones indignas en Misiones y obliga a pensar en los contextos que terminan contribuyendo a propiciar este tipo de tragedias. Y en la evidente falta de controles eficientes, por parte de los organismos estatales obligados por ley a verificar e impedir que se sigan incumpliendo normativas laborales en la cadena de la yerba mate.Uno de estos trazados claramente tiene que ver con el funcionamiento de la contratación de las llamadas “cuadrillas”, grupos de entre quince y veinte tareferos que a su vez son reclutados por los llamados “contratistas”, quienes ofrecen esta fuerza laboral para trabajar en campos yerbateros. Negociación en la cual interactúan directamente con la empresa, el productor o el secadero, cuando no con subcontratistas, en un marco de tercerización en el que el trabajador queda totalmente excluido y privado de sus derechos.Víctor Rau, apostoleño, es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además es investigador y docente del curso “El trabajador del agro” en la Maestría en Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía de la UBA. En 2012, Rau publicó “Cosechando yerba mate. Estructuras de un mercado laboral agrario en el nordeste argentino” (editorial Ciccus).El trabajo indaga en los atributos sociales salientes del empleo en la cosecha yerbatera, identifica los principales cambios registrados en este mercado laboral desde la década del 90 a esta parte y aporta pistas valiosas para la comprensión del trasfondo que subyace al universo de los tareferos, signado por la precariedad laboral intrínsecamente ligada a la complicidad estatal.DesregularizaciónDurante los 90, la producción agraria en general se vio sumida en un proceso de desregularización que causó profundos impactos en el mercado laboral. La producción de yerba mate no estuvo exenta y es desde principios de esa década cuando en Misiones comienza a expandirse con fuerza la tendencia a tercerizar las tareas concernientes de la cosecha manual de yerba mate, delineando un mapa que hoy encuentra a la provincia con un 70% de trabajadores rurales en negro y sometidos a condiciones laborales degradantes. En su libro, Rau explica que “el proceso se sustentó en la fuerte hegemonía ideológica alcanzada por el neoliberalismo durante ese período, que se estableció como una suerte de ethos general para las relaciones de producción económicas, llegando con frecuencia a efectivizar su liberación de controles jurídicos aún antes de recibir sanción legal en este sentido, por ejemplo, en la esfera clave de las relaciones de trabajo, crecientemente precarizadas en términos reales desde principios de la década”.El fenómeno del contratismoUn capítulo especial de la obra aborda la cuestión del contratismo, en el marco de “la estrategia empresarial de tercerizar las tareas de cosechas y transporte del producto”. Reconoce este extracto que la intermediación en el mercado laboral “era una función tradicionalmente asumida por las agroindustrias, las cuales contrataban y organizaban cuadrillas para realizar las cosechas de sus proveedores, los vendedores del producto”.El cambio drástico en este tipo de vínculos laborales es identificado por la investigación de Rau “desde el comienzo de la década del 90, cuando se registró una prolífica aparición de agentes económicos dedicados exclusivamente a la contratación de mano de obra, los que tienen a las agroindustrias, en la mayoría de los casos, como las principales demandantes de la provisión de servicios de cosecha”.El surgimiento del fenómeno del contratismo conllevó a una instancia en la cual las agroindustrias se desligaron de la responsabilidad que implicaba la contratación directa del personal de cosecha.Uno de los contratistas entrevistados por Rau sostiene que “se van desligando responsabilidades para que los subcontratistas tengan el contacto permanente con el personal. Digamos, para descomprimir un poco la relación”.Esto significó para la agroindustria no solo la reducción inmediata de costos fijos, sino también la liberación de todo tipo de riesgos jurídicos que pudieran surgir del vínculo laboral directo con los cosechadores, como podría darse, por ejemplo, en un accidente rumbo al yerbal.Otro de los consultados por Rau aseveró que “los contratistas por lo general son empleados que surgen dentro de la misma empresa, a veces, o aparece un subcontratista quien tiene un camión o heredó de algo, o vendió de algo y pudo comprar y entonces, bueno, a lo mejor hace alguna cuadrillita y empieza armándose y empieza a trabajar”.En la investigación de Rau queda claro que el empleo ofrecido por los contratistas “se caracteriza por la generalizada informalidad y por un grado de precarización laboral particularmente elevado”.El análisis agrega que “el tamaño de las empresas contratistas que actualmente se desempeñan en la actividad yerbatera puede variar entre las que manejan dos o tres cuadrillas -de quince a treinta cosecheros cada una- y las que controlan nueve o diez cuadrillas. La relación entre los contratistas de mano de obra y los productores primarios en cuyas explotaciones se emplea finalmente esa fuerza de trabajo continúa siendo administrada, en su mayor parte, por las agroindustrias compradoras del producto”.Desplazamientos de cuadrillasEn cuanto a los desplazamientos interzonales de cuadrillas, que propician los accidentes, el libro explica que “los mayores contratistas de mano de obra brindan el servicio de cosecha a varias empresas agroindustriales simultáneamente. Con frecuencia, cambian de ‘clientes’ y compiten entre sí en la oferta de mejores precios por el servicio. Si bien a partir de la estrategia agroindustrial de tercerizar formalmente la ejecución de las tareas los contratistas de mano de obra han surgido en toda la provincia, y la mayor cantidad se concentra en la Zona Centro, han comenzado cada vez más a ofrecer el servicio de cosecha en otras áreas de la provincia, trasladando transitoriamente a sus cosecheros hacia el norte y sur de Misiones, e incluso al norte de Corrientes.En ocasiones, estos flujos interdepartamentales de fuerza de trabajo se relacionan con vínculos de compra y venta de hoja verde entre agentes económicos localizados en áreas distantes y se incrementaron a partir de la desregulación de la actividad yerbatera en 1991, la cual dejó la determinación del precio de la materia prima a merced del libre juego entre la oferta y la demanda”.El libro del investigador apostoleño asegura que además “algunas empresas optan por alejarse forma
lmente todavía más de la contratación. Continúan administrando el servicio de cosecha, pero procura que el mismo no le sea facturado al secadero, sino directamente al productor”. La sexta víctimaUn hombre de 42 años se convirtió ayer en el sexto tarefero en fallecer en la tragedia de Aristóbulo. Según el parte oficial, el trabajador estaba internado en el Samic de Oberá, “en la Unidad de Cuidados Intensivos, en grave estado”. Actualmente en ese nosocomio, “continúan internados cinco pacientes de sexo masculino con lesiones de diversas consideraciones de índole traumáticas”.Mientras que “en el Parque de la Salud permanecen internados seis pacientes, de los cuales cinco están en el Hospital de Pediatría, con pronóstico reservado (cuatro están la Unidad de Terapia Intensiva y uno en Unidad de Terapia Intermedia); y uno en el Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos”. “Hay que pedir explicaciones”El candidato a diputado provincial del frente “Luche y Vuelve”, Matías Gómez, aseguró que la tragedia de los tareferos de Villa Bonita “pudo haberse evitado”. Y afirmó que “de haber sido legislador de la provincia, hubiera pedido una interpelación a los ministros de Trabajo (Claudia Gauto) y de Gobierno (Jorge Franco), tal como lo habilita el artículo 95 de la Constitución Provincial. Deben dar las explicaciones del caso. Está la ley del Registro de Prestadores de la Yerba Mate y se fijan las condiciones de traslado. La Legislatura ya hizo lo que debía, pero no se ejecuta la ley vigente. Entonces, entendemos que ambos ministros son los máximos responsables de éste accidente que se pudo haber evitado si se cumplían las leyes”.Agregó a PRIMERA EDICIÓN que “las convocatorias a los funcionarios a la Legislatura para dar informes y explicaciones se deben utilizar para casos de extrema gravedad como ésta, donde los representantes del pueblo, que son los diputados, puedan pedir toda la información frente a esta fatalidad que involucra a integrantes del eslabón más débil de la cadena yerbatera, como son los tareferos”.Por ejemplo, “el ministro de Gobierno debería explicar qué controles se hacen en las rutas, ya que vemos algunos controles en algunas zonas, pero no se hacen a vehículos que llevan a personas de la manera en que sucedió en Aristóbulo del Valle, en la zona productiva de la provincia. No se puede seguir así. Hace trece años sucedió un accidente similar en Aurora, parece que no fuera suficiente para hacer los controles desde el Estado que eviten más muertes”.Finalmente, dijo que “ésto no puede quedar en la nada y el Estado deberá trabajar en indemnizaciones a los familiares de éstos tareferos que han perdido a un ser querido por fallas en los controles”. Hasta el momento, la Legislatura recién volverá a sesionar el jueves 3 de julio, una vez finalizado el período electoral.
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