POSADAS. Para la Justicia prácticamente ya no quedan dudas: a la maestra rural Carmen Mirta Rosa de Zarza (47) la mataron a golpes. Saber cómo, quiénes y por qué lo hicieron es ahora la principal preocupación para los investigadores que están detrás del caso.Los resultados del examen forense fueron contundentes, tal como PRIMERA EDICIÓN lo publicó en su edición del último viernes. La autopsia reveló que la docente retirada tenía el tabique nasal destrozado, un golpe importante en la cabeza y otro hematoma en la zona del vientre que le había provocado el estallido de la vejiga, además de un corte cerca de uno de los tobillos.“La muerte fue por causa violenta, por los múltiples traumatismos que sufrió. Eso es así, ya no quedan dudas”, terminó de confirmar ayer una fuente ligada a la investigación sobre la información vertida por los especialistas del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.La principal sospecha recae entonces sobre al menos dos de los tres policías detenidos por orden del magistrado Ricardo Balor, al frente del Juzgado de Instrucción 6 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas.El viernes, el sargento de unos 30 años que manejaba la patrulla prestó declaración indagatoria y confirmó que junto al oficial de 26 fueron hasta la casa de un vecino a buscar a Rosa.El uniformado aseguró que no la golpearon y que, al preguntarle dónde vivía, les dijo “en Los Potrillos”. Por eso -se excusó- la llevaron hasta cerca de la cancha del barrio alrededor de las 13.40 de aquel jueves 14 de febrero. Unas pocas horas después, a las 17, vecinos de la zona la encontrarían muerta.La declaración del chofer -el oficial y su hermano, un agente de 21 años, se abstuvieron pero podrían ampliar su indagatoria en las próximas horas- confirmó entonces que, más allá del homicidio en sí y si esto es verdad, los policías de la comisaría seccional Quinta actuaron negligentemente al abandonar a Rosa en medio de un descampado.Un policía ya retirado contó que, en casos como estos, el procedimiento indica que debe trasladarse a la mujer hasta la guardia de la comisaría y asentar el episodio en el libro de guardia. En caso de que la misma se encontrara herida, por ejemplo, los servidores públicos deberían entonces llevarla a un hospital para que la atiendan.Ninguna de las dos cosas sucedió y de ahí que la Justicia mantenga bajo la lupa a los policías detenidos, que podrían ser imputados del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en caso de probarse esta conducta.Por otra parte, Balor y su equipo también investigan el libro de guardia de la comisaría Quinta, donde quedó asentada la salida del móvil con el sargento, el oficial y el agente, más allá de que este último se habría quedado en la dependencia realizando labores “de fajina”.En ese libro de guardia, aseguró una fuente, consta además el regreso del móvil policial y el informe del oficial a cargo, en el que se leería “sin novedad”. Otro acto que llena de sospechas a los detectives judiciales y que refleja, si no se trata de una acción de encubrimiento, de toda una cadena de infortunadas negligencias. Por último, tampoco queda claro porqué en el momento del hallazgo del cuerpo los policías no avisaron ni a sus superiores ni al propio juez que habían trasladado en la patrulla a esa misma mujer unas pocas horas antes.Todos esos interrogantes son los que busca develar la Justicia en las próximas horas. Mientras tanto, familiares y amigos de la docente continúan en permanente reclamo de justicia y organizan una segunda movilización frente a la comisaría seccional Quinta de Garupá para el próximo domingo 24 de marzo.
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