La investigación judicial contra el exdirector de la Escuela Provincial 733 de San Vicente, Juan Carlos Kategora, sumó un nuevo avance. El diputado provincial Cristian Castro, quien presentó la denuncia penal por presunta defraudación en perjuicio de la Administración Pública y falsedad ideológica reiterada, fue citado a prestar declaración testimonial este lunes, a las 8, ante el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas.
La convocatoria se produjo más de dos meses después de que el legislador del Partido Agrario y Social (PAyS) acudiera a la Justicia para solicitar que se investigara la situación del exdirectivo, quien acumuló miles de días de licencia durante aproximadamente 18 años mientras también figuraba como empleado de la empresa estatal Energía de Misiones (EMSA).
Según informó el propio Castro, la citación forma parte de las actuaciones vinculadas con la denuncia presentada el 13 de agosto, mediante la cual solicitó investigar las licencias concedidas, las remuneraciones percibidas y la eventual responsabilidad de funcionarios que intervinieron en la tramitación y autorización de esas ausencias.
El caso tomó estado público luego de que PRIMERA EDICIÓN reveló, a partir de información suministrada por el Consejo General de Educación (CGE), que Kategora había acumulado 3.363 días de licencia por enfermedad de largo tratamiento, además de otros 639 días por diferentes conceptos, entre ellos enfermedades comunes, atención de familiares enfermos y cambios de tareas.
La situación generó interrogantes sobre la efectiva prestación de servicios del docente y su vinculación laboral con EMSA, donde también figuraba como empleado durante el período investigado.
En su presentación judicial, Castro solicitó que se requirieran los legajos administrativos del exdirector, el detalle de sus licencias y las remuneraciones liquidadas. También pidió información a la empresa eléctrica para establecer su situación laboral, antigüedad, haberes y eventual cumplimiento de tareas.
Otro de los requerimientos estuvo dirigido a la Dirección Nacional de Migraciones, con el objetivo de conocer los viajes internacionales realizados por Kategora entre 2006 y 2026. El pedido estuvo relacionado con fotografías difundidas en las redes sociales del exdirector que lo mostraban en destinos como Dubái y Aruba.
El CGE también intervino en la causa
Tras conocerse las irregularidades denunciadas, Kategora presentó su renuncia al cargo de director de la Escuela 733. Sin embargo, desde el Consejo General de Educación aclararon que su salida no implicaba el cierre del sumario administrativo iniciado para esclarecer lo ocurrido.
Posteriormente, el organismo educativo solicitó constituirse como querellante particular en el expediente penal, con el propósito de aportar documentación, impulsar medidas de prueba y participar de la investigación.
Además, mediante la Resolución 5248, el CGE dispuso ampliar las actuaciones administrativas para investigar la posible participación de Marcela Evangelina Max, pareja de Kategora, quien cumplía funciones en el área de Salud Laboral de San Vicente.
La decisión se fundamentó en documentación que, según el organismo, indicaba que la docente habría intervenido en trámites relacionados con el otorgamiento de licencias a su cónyuge. Por ese motivo, se ordenó su reubicación preventiva mientras avanzaba el sumario.
Por otra parte, la presidenta del CGE, Daniela López, había confirmado a este diario que el organismo recibió el informe solicitado a EMSA sobre la situación laboral de Kategora, aunque no brindó precisiones sobre su contenido.
Castro pidió investigar las responsabilidades de los organismos de control
En el marco de su citación judicial, el diputado insistió en que la investigación no debería limitarse a la conducta del exdirector, sino extenderse a quienes intervinieron durante años en la autorización y renovación de las licencias.
“Acá no estamos hablando solamente de un director que acumuló miles de días de licencia. Estamos hablando de recursos públicos, de controles que pudieron haber fallado durante años y de responsabilidades que deben investigarse”, sostuvo.
“La renuncia de Kategora no puede significar el cierre del caso. La Justicia tiene que investigar hasta el final, establecer si hubo un perjuicio económico y determinar quiénes permitieron que esto ocurriera. Los recursos del Estado son de todos los misioneros y nadie puede estar por encima de la ley”, expresó.
La causa tramita ante el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas y tiene como objetivo determinar si existieron hechos constitutivos de delito en el otorgamiento de las licencias, la documentación utilizada y el cobro de remuneraciones.
Hasta el momento, las irregularidades denunciadas constituyen hechos sujetos a investigación y no existe una determinación judicial de responsabilidad penal.
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