La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en Misiones plantea desafíos que van más allá del ámbito judicial y alcanzan directamente a las instituciones educativas. En ese contexto, docentes y directivos de escuelas secundarias participaron de una jornada de capacitación destinada a conocer los alcances de la normativa, sus responsabilidades legales y los procedimientos que deben seguir cuando toman conocimiento de situaciones que involucran a adolescentes.
Uno de los principales planteos surgidos durante el encuentro fue la preocupación de los educadores por las posibles consecuencias de denunciar hechos delictivos. Si bien existen obligaciones legales de informar determinadas situaciones, los participantes manifestaron incertidumbre respecto de la protección que pueden recibir después de realizar esas presentaciones.
Así lo explicó el fiscal Correccional y de Menores Martín Ignacio Balor, quien participó como disertante y posteriormente brindó detalles de la actividad en una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
“La principal situación que surgió el día de hoy fue la incertidumbre que les genera estar desprotegidos frente a lo que puede suceder posteriormente a que ellos realicen la denuncia”, señaló el funcionario judicial.
Balor precisó que los docentes, en su condición de agentes obligados, deben comunicar determinados hechos de los que toman conocimiento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
El encuentro, organizado por la Dirección de Políticas Socioeducativas, estuvo dirigido principalmente a equipos educativos y autoridades del nivel medio. También participó como disertante la fiscal Correccional y de Menores María Laura Álvarez.
Cómo deben actuar las escuelas ante un posible delito
El fiscal explicó que uno de los objetivos centrales de la capacitación fue brindar herramientas para que las instituciones puedan intervenir adecuadamente ante situaciones que ocurran dentro o fuera del establecimiento.
“Es fundamental esto para saber cómo actuar frente a situaciones que pueden presentarse adentro o fuera del ámbito escolar”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que la primera responsabilidad de los equipos educativos es proteger al estudiante y determinar si existe algún riesgo inmediato. A partir de allí, corresponde registrar lo sucedido sin presionar al adolescente ni intentar reemplazar la intervención de los organismos competentes.
“Lo primero que debe hacer es proteger al estudiante, evaluar si existe algún tipo de situación de riesgo inmediato. También deben, sin presionar, intentar registrar de manera objetiva qué es lo que se observó, qué le fue comunicado, y ahí dar intervención a las autoridades que corresponden”, detalló.
Balor remarcó que el trabajo de las escuelas debe desarrollarse respetando los derechos de los jóvenes y evitando actuaciones que puedan interferir en una eventual investigación judicial.
La capacitación también abordó la necesidad de impedir situaciones de estigmatización cuando un alumno se encuentra involucrado en una causa penal. Según explicó, la normativa contempla la continuidad de su trayectoria educativa, independientemente del proceso que deba afrontar.
“La ley establece que el alumno tiene que continuar y se tiene que garantizar su continuidad escolar”, afirmó.
La nueva ley no implica la detención automática de adolescentes
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue el alcance del régimen que, según explicó Balor, comenzó a aplicarse el 5 de septiembre y establece responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.
El fiscal aclaró que la modificación no se limita a reducir la edad de punibilidad, sino que incorpora un sistema específico con garantías y medidas diferenciadas de las previstas para los adultos.
“Es importante comprender que estamos ante un nuevo régimen específico para los adolescentes, con reglas propias, con garantías diferenciadas de las que rigen para los adultos”, expresó.
Asimismo, destacó que el sistema contempla tanto la responsabilidad por los hechos investigados como la educación, la resocialización y la integración social. “No se trata solamente de determinar qué ocurrió, quién intervino, sino establecer una respuesta legal adecuada”, agregó.
En esa línea, explicó que la privación de la libertad debe considerarse como último recurso. Para los hechos de menor gravedad, la Justicia puede evaluar alternativas como la mediación, las amonestaciones u otras medidas menos restrictivas.
Balor señaló que cada situación requiere un análisis particular, de acuerdo con la conducta investigada, las circunstancias del caso y las disposiciones de la legislación vigente. También recordó que toda persona sometida a un proceso penal conserva el principio de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Qué ocurre con los adolescentes investigados por el ataque en Apóstoles
Durante la entrevista, el fiscal fue consultado por la causa que investiga la agresión a un joven en Apóstoles, un episodio que generó cuestionamientos por la situación procesal de los adolescentes involucrados.
Balor explicó que en ese expediente hay cuatro personas imputadas y que, al existir mayores y menores de edad entre los investigados, interviene el Juzgado de Instrucción a cargo del magistrado de Apóstoles, mientras que las medidas socioeducativas correspondientes a los adolescentes son abordadas por una jueza de Posadas.
Según indicó, respecto de los mayores se dispuso una medida de alojamiento preventivo, mientras que los menores fueron entregados a sus padres. Aclaró, no obstante, que la investigación continúa.
El funcionario insistió en que la aplicación del nuevo régimen no supone que un adolescente deba quedar privado de su libertad de manera automática por encontrarse involucrado en una causa penal.
Buscan extender las capacitaciones a más establecimientos
Balor consideró necesario continuar con las jornadas informativas para que docentes, directivos y otros actores sociales conozcan los alcances de la nueva normativa. Mencionó que el Poder Judicial cuenta con el programa Jueces en la Escuela, mediante el cual magistrados y funcionarios visitan establecimientos educativos para acercar información sobre distintas cuestiones legales.
En cuanto a la posibilidad de ampliar estas actividades, manifestó su disposición a participar de nuevas instancias de formación, siempre que exista una convocatoria institucional y el acompañamiento correspondiente del Ministerio Público.
“Creo que es el mecanismo que nos acerca y, a la vez, hace más efectiva después nuestra labor. La escuela cumple un factor fundamental en lo que es la sociedad”, sostuvo.
El fiscal también identificó al deporte como uno de los ámbitos que pueden contribuir a la prevención y a los procesos de reinserción de adolescentes que atravesaron conflictos con la ley penal.
Finalmente, distinguió entre las acciones destinadas a informar y prevenir dentro de las escuelas y el trabajo específico con jóvenes que ya se encuentran sometidos al sistema judicial.
En estos últimos casos, señaló que las medidas socioeducativas deben orientarse a generar oportunidades de formación y desarrollo personal, con el objetivo de que los adolescentes puedan reconstruir sus proyectos de vida y evitar nuevas situaciones delictivas.
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