El comercio ilegal de cigarrillos alcanza hasta el 50% del consumo en algunas provincias tabacaleras argentinas, de acuerdo con las estimaciones expuestas por directivos de Philip Morris International (PMI). La compañía advirtió que esta situación tiene consecuencias sobre la recaudación impositiva, especialmente sobre los recursos destinados al Fondo Especial del Tabaco (FET), que financia parte de la actividad productiva.
El problema fue abordado durante Technovation Smoke-Free by PMI, un encuentro internacional organizado por la multinacional los días 7 y 8 de octubre en Buenos Aires, del que participó.
Allí, representantes empresariales y especialistas en seguridad analizaron el crecimiento del contrabando, la falsificación de marcas y las nuevas modalidades de financiamiento de las organizaciones criminales.
Demian Pintos, director general de PMI para el Clúster Sur, sostuvo que existe una coincidencia entre las regiones productoras de tabaco y aquellas donde se registra una mayor incidencia del comercio ilegal.
“Es increíble, pero la realidad es que la mayoría de las provincias tabacaleras coincide con las provincias donde mayor incidencia del ilícito existe en nuestro mercado nacional”, afirmó.
El ejecutivo aseguró que en varias de esas jurisdicciones la mitad de los cigarrillos consumidos procede de circuitos informales.
“Muchos de ellos son productos que no sabemos dónde se producen, la mayoría fuera de Argentina, probablemente ni siquiera usan tabaco argentino y, lo más importante, no están pagando ningún tipo de impuesto”, señaló.
El directivo vinculó el problema con el financiamiento de la producción primaria y sostuvo que combatir el contrabando podría tener mayor impacto sobre la recaudación del FET que la incorporación de nuevos productos de tabaco y nicotina. Respecto de estos últimos, manifestó que la empresa promueve un tratamiento impositivo diferenciado y consideró que también deberían contribuir al Fondo Especial del Tabaco cuando comiencen a comercializarse legalmente.
Misiones y las rutas del contrabando
Juan Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris, también abordó el problema y señaló que el mercado ilegal argentino representa aproximadamente el 10% del consumo nacional, aunque su incidencia varía considerablemente entre regiones. Explicó que esa proporción comprende cigarrillos ingresados de contrabando, productos falsificados y mercadería elaborada clandestinamente dentro del país.
En relación con Misiones, identificó la circulación de marcas como Rodeo y otras de procedencia paraguaya, además del movimiento de cigarrillos a través de la frontera con Brasil.
“El ingreso principal de todo lo que es contrabando es de origen paraguayo”, sostuvo Benítez, quien ubicó en las fronteras del Nordeste y Noroeste argentino los principales puntos de circulación de esa mercadería.
El ejecutivo explicó que las diferencias de precios y los costos de trasladar productos clandestinos hacia otros destinos condicionan la expansión de estas redes dentro del territorio nacional.
También advirtió que la venta ilegal perjudica a toda la cadena formal, desde los productores rurales hasta los comercios minoristas, debido a que los cigarrillos comercializados fuera del circuito autorizado no tributan los impuestos correspondientes.
En ese sentido, señaló que el sector tabacalero argentino comprende unos 14.000 productores y genera, de acuerdo con las estimaciones de la empresa, alrededor de 300.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Una fábrica clandestina con capacidad millonaria
Como ejemplo de la dimensión económica del problema, Benítez mencionó el desmantelamiento de una fábrica ilegal de cigarrillos en San Luis, durante un procedimiento realizado en mayo con intervención de fuerzas federales.
Según los datos que expuso, la instalación tenía capacidad para producir alrededor de 16 millones de paquetes anuales y generar ganancias estimadas en 30 millones de dólares por año.
La mercadería era distribuida en distintas provincias argentinas y también enviada clandestinamente hacia Brasil y Chile.
El representante de PMI indicó que la planta contaba con instalaciones industriales de grandes dimensiones y que durante el procedimiento fueron encontrados cinco ciudadanos paraguayos que trabajaban en condiciones presuntamente vinculadas con la explotación laboral.
De acuerdo con su descripción, las personas permanecían encerradas dentro del establecimiento y existían dispositivos destinados a bloquear las comunicaciones.
Benítez aclaró que la investigación judicial continúa en curso y que también se detectó la posible participación de ciudadanos argentinos en la organización.
En términos fiscales, sostuvo que la producción clandestina no realizaba aportes al Fondo Especial del Tabaco ni tributaba los impuestos aplicables a los cigarrillos comercializados legalmente. Sin embargo, al ser consultado sobre el monto total que pierde el FET como consecuencia del contrabando y la fabricación ilegal, reconoció que no contaba con una cifra específica.
Mercado ilegal
La dimensión regional del fenómeno fue uno de los ejes del panel “Comercio ilícito en Latinoamérica: riesgos, tendencias y coordinación regional”, realizado durante la segunda jornada de Technovation.
En la apertura se presentaron datos de un estudio de KPMG correspondiente a 2025, difundido durante el encuentro, que estimó que en once países latinoamericanos se consumieron 77.000 millones de cigarrillos provenientes del mercado ilícito.
Ese volumen equivaldría al 31% del consumo total analizado, con pérdidas fiscales calculadas en 8.000 millones de dólares. Las estimaciones presentadas ubicaron a Panamá, con el 88%, y Ecuador, con el 83%, entre los países con mayor participación de cigarrillos ilegales. Argentina apareció en el extremo inferior del relevamiento, con una incidencia cercana al 10%. Las cifras permiten observar diferencias significativas entre países y también dentro del territorio argentino, donde las zonas fronterizas presentan características particulares.
Organizaciones criminales
El panel contó con la participación de Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers; Carlos Matienzo, director y socio fundador de Dataint; y Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior de Chile. La moderación estuvo a cargo del periodista Rodrigo Alegre. Los especialistas plantearon que el contrabando dejó de constituir únicamente una infracción aduanera o tributaria y pasó a integrar estructuras delictivas que combinan distintas actividades ilegales.
Campos definió este proceso como una “convergencia criminal” y explicó que las organizaciones utilizan diferentes mercaderías para financiar sus operaciones.
“El cigarrillo de contrabando simplemente es un producto más de esta economía ilícita que ellos operan”, sostuvo.
Por su parte, Matienzo describió la transformación de las organizaciones criminales mexicanas, que ampliaron sus actividades más allá del narcotráfico y aprovechan redes logísticas, infraestructura comercial y mecanismos financieros para expandir sus negocios. Galli expuso el caso de Chile, donde, según las cifras que presentó, la participación de cigarrillos ilícitos pasó del 18% al 57% después del estallido social y la pandemia. Atribuyó ese crecimiento, entre otros factores, al debilitamiento de los controles estatales.
Los panelistas también cuestionaron determinadas políticas prohibicionistas y sostuvieron que, en algunos mercados, las restricciones pueden favorecer la aparición de canales clandestinos.
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