La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental avanza en el Senado con modificaciones importantes en los procedimientos de atención e internación de pacientes, pero también con un interrogante que atraviesa a distintos bloques políticos: de dónde saldrán los recursos para garantizar su aplicación. Aunque el oficialismo consiguió dictamen en las comisiones de Salud y Legislación General, el financiamiento y las responsabilidades de las provincias continúan entre los principales puntos de discusión.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo nacional, propone modificar distintos aspectos de la Ley 26.657, vigente desde 2010, con cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias, la conformación de los equipos interdisciplinarios, el tratamiento de las adicciones y las condiciones para otorgar altas médicas.
Durante el debate del jueves 15 de octubre, el oficialismo logró reunir el acompañamiento de legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y representantes de bloques provinciales, después de introducir modificaciones al texto original.
Sin embargo, el respaldo no fue uniforme. Algunos senadores acompañaron el dictamen con disidencias, mientras otros reclamaron más tiempo para analizar las consecuencias de la reforma, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad de profesionales, infraestructura sanitaria y recursos económicos.
Entre quienes plantearon objeciones se encuentra el senador misionero Carlos Arce, vicepresidente de la Comisión de Salud, quien respaldó los cambios incorporados, pero reclamó garantías presupuestarias y participación efectiva de las provincias en las decisiones sobre su implementación.
El financiamiento, una discusión todavía abierta
Uno de los cuestionamientos centrales es que el proyecto contempla mecanismos de cooperación económica entre la Nación y las provincias, pero no establece con suficiente precisión las partidas presupuestarias que permitirían poner en funcionamiento las nuevas disposiciones.
El problema adquiere relevancia porque buena parte de la atención de salud mental se desarrolla en establecimientos y servicios que dependen de las jurisdicciones provinciales.
Una reforma que modifique los procedimientos de internación, amplíe las intervenciones profesionales o incorpore nuevas herramientas de atención también puede generar necesidades adicionales de personal, capacitación, equipamiento e infraestructura.
Durante el tratamiento parlamentario, Arce planteó que el financiamiento nacional debe quedar expresamente identificado para evitar que las nuevas obligaciones recaigan sobre las provincias sin recursos suficientes.
“Tiene que ser muy preciso el financiamiento nacional, que se traduzca en partidas presupuestarias identificables, criterios públicos y convenios con plazos de transferencia y mecanismos de rendición de cuentas”, sostuvo el legislador.
Su segunda objeción está vinculada con la coordinación federal. El senador reclamó que el Consejo Federal de Salud (COFESA) y el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) participen en la definición y el seguimiento de las medidas.
El planteo apunta a que la implementación contemple las diferencias entre los sistemas sanitarios provinciales, particularmente en la disponibilidad de especialistas y en la organización de los servicios.
Qué propone cambiar la reforma
Uno de los aspectos más discutidos es la modificación de los criterios para realizar internaciones involuntarias. Según los principales puntos del dictamen difundidos durante el debate, en situaciones de emergencia y ante un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, un médico podría disponer una internación involuntaria, sin necesidad de que sea especialista en psiquiatría.
Posteriormente, un equipo interdisciplinario tendría un plazo de 48 horas para evaluar y revalidar la medida. También se contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con profesionales de psiquiatría. La propuesta modifica procedimientos previstos en la legislación actual y mantiene mecanismos de comunicación y control judicial.
Otro de los cambios está relacionado con el tratamiento de las adicciones. El proyecto amplía su abordaje dentro del sistema de salud mental e incorpora problemáticas como la ludopatía.
También establece previsiones específicas para la atención de niñas, niños y adolescentes, que deberán ser asistidos por equipos con formación infantojuvenil y, cuando resulte necesaria una internación, alojados en espacios separados de los adultos.
Además, la reforma mantiene la prohibición de crear nuevos establecimientos monovalentes de internación psiquiátrica, uno de los principios del proceso de transformación del modelo asistencial establecido por la ley vigente.
Diferencias sobre las internaciones involuntarias
Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich defendió la iniciativa al sostener que busca avanzar hacia un abordaje más preventivo de situaciones graves de salud mental. Durante la discusión parlamentaria planteó que el criterio de riesgo inminente puede dificultar intervenciones tempranas en personas que atraviesan cuadros severos y no se encuentran en condiciones de tomar determinadas decisiones sobre su atención.
En cambio, las objeciones expresadas por otros legisladores estuvieron dirigidas tanto al alcance de los cambios como a las condiciones necesarias para implementarlos.
La discusión involucra un equilibrio especialmente sensible: garantizar el acceso oportuno a la atención sanitaria, preservar los derechos de las personas con padecimientos mentales y establecer controles adecuados sobre las internaciones sin consentimiento.
Por eso, el debate no se limita a quién puede autorizar una internación, sino también a qué profesionales deben intervenir, cuáles serán los mecanismos de revisión y qué recursos estarán disponibles para sostener los tratamientos.
Reclamos que atraviesan distintos bloques
Las objeciones presupuestarias no provinieron únicamente de representantes provinciales que acompañaron el dictamen.
El senador Guillermo Andrada, de Convicción Federal, sostuvo durante el debate que los problemas de la legislación vigente están relacionados, en buena medida, con las dificultades para garantizar su aplicación efectiva por falta de recursos.
En una línea similar, la senadora radical Gabriela Valenzuela anticipó su acompañamiento con disidencias y reclamó partidas presupuestarias suficientes para que la futura normativa pueda cumplirse.
Por su parte, el senador justicialista Jorge Capitanich propuso postergar el tratamiento para profundizar el análisis de las modificaciones y alcanzar un consenso más amplio con gobernadores y ministros de Salud.
La discusión dejó expuesta una preocupación compartida por legisladores de diferentes espacios: modificar la legislación no garantiza, por sí solo, que existan los servicios y profesionales necesarios para cumplirla.
El papel de las provincias
En el caso de Misiones, Arce consideró que las modificaciones incorporadas durante el debate representan avances respecto del proyecto original, especialmente en lo relacionado con el reconocimiento de los equipos interdisciplinarios, la participación de las familias y la incorporación de la teleconsulta. Sin embargo, insistió en que las provincias deben participar en la definición de las políticas que después tendrán que ejecutar en sus respectivos sistemas de salud.
El reclamo apunta a evitar que una legislación nacional establezca nuevas obligaciones sin contemplar las diferencias de infraestructura, personal y capacidad de respuesta que existen entre las jurisdicciones.
El proyecto obtuvo dictamen en las comisiones de Salud y Legislación General y el oficialismo busca llevarlo al recinto del Senado el jueves 22 de octubre. Por ahora, se trata de una iniciativa legislativa que todavía debe completar su tratamiento parlamentario y no de una modificación vigente de la Ley Nacional de Salud Mental.
El principal interrogante sigue siendo cómo transformar los cambios propuestos en prestaciones sanitarias concretas. Porque, más allá de las nuevas facultades y procedimientos que contemple la legislación, su aplicación dependerá de que existan profesionales, establecimientos, mecanismos de atención y recursos suficientes para garantizar los tratamientos.
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