La ofensiva que el Gobierno nacional puso en marcha contra empresas y personas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en Malvinas podría dar un nuevo paso. La Casa Rosada evalúa ampliar el alcance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para incluir también a la pesca y otras actividades económicas desarrolladas en torno a las islas sin autorización argentina.
Hasta ahora, el esquema anunciado por el Ejecutivo estuvo concentrado principalmente en el petróleo y, en particular, en el avance del proyecto offshore Sea Lion. Sobre esa base, la administración de Javier Milei reglamentó y endureció la aplicación de la Ley 26.659, que sanciona actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional.
La novedad es que ese marco podría dejar de limitarse al sector energético.
La posibilidad de incorporar a la pesca fue discutida en la mesa política del Gobierno, mientras el asesor presidencial Santiago Caputo trabaja en los detalles de la iniciativa que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso el próximo lunes.
El proyecto todavía no tiene una versión definitiva publicada, por lo que no está claro hasta dónde podrían extenderse las sanciones ni qué otras actividades quedarían comprendidas. Sin embargo, la evaluación abre la puerta a un esquema más amplio de protección de los recursos naturales vinculados con Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Del petróleo a otros recursos
El endurecimiento de la política oficial comenzó a tomar forma a principios de septiembre, cuando Milei anunció el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en respuesta al avance de Sea Lion, proyecto que prevé la explotación de petróleo en aguas próximas a las islas.
Un día después, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas que estarían vinculadas directa o indirectamente con actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina. El alcance incluyó no solo a las compañías involucradas, sino también a accionistas y firmas proveedoras de servicios.
La presión continuó esta semana con otros 15 procedimientos, lo que elevó a 60 el total de sujetos bajo investigación administrativa. A eso se sumó una denuncia penal contra empresas y directivos vinculados con el desarrollo petrolero en la zona.
Con ese antecedente, la eventual incorporación de la pesca marcaría un cambio de escala: la estrategia dejaría de estar enfocada exclusivamente en un recurso no renovable como el petróleo para abarcar también actividades que forman parte de la explotación económica cotidiana del Atlántico Sur.
La posibilidad de incluir al sector pesquero no surgió únicamente dentro del oficialismo. Tras el anuncio presidencial, referentes del peronismo reclamaron que el endurecimiento de las sanciones no quedara limitado a los hidrocarburos. El presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, volvió a plantear este miércoles que la pesca debería quedar incorporada dentro del nuevo esquema.
Así, una eventual ampliación podría terminar recogiendo parte de una propuesta formulada desde la oposición, aunque todavía resta conocer cómo quedará redactado el proyecto definitivo y qué nivel de consenso encontrará en el Congreso.
El debate se produce además en un contexto en el que el Gobierno viene endureciendo las sanciones contra la pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Durante 2026, las compensaciones cobradas por infracciones pesqueras superaron los $5.381 millones, según informó oficialmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La semana pasada, además, el Gobierno sancionó al buque español Farruco con una multa de $1.844 millones por operar dentro de la ZEE argentina. Fue la quinta embarcación extranjera sancionada durante el año. Ese régimen, sin embargo, responde a una situación jurídica diferente a la explotación de recursos bajo licencias británicas en Malvinas. Por eso, si el proyecto finalmente incorpora la actividad pesquera alrededor de las islas, será necesario conocer qué conductas específicas buscará sancionar y bajo qué herramientas legales.
Un proyecto que apunta más allá de las sanciones
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciada por Milei no se limita a las penalidades económicas. El proyecto contempla también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen para la protección de infraestructuras críticas y un marco de defensa aeroespacial y marítima, con el objetivo declarado de coordinar las políticas de Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía.
En paralelo, el Ejecutivo dispuso priorizar dentro del Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional. La ampliación hacia la pesca, si finalmente queda incorporada, sumaría así una nueva dimensión económica a una estrategia que en pocos días pasó de una respuesta puntual frente al proyecto Sea Lion a un esquema más amplio de presión administrativa, judicial y legislativa.
Por ahora, la definición dependerá del texto que el Ejecutivo termine enviando al Congreso. Allí quedará establecido si la ofensiva iniciada por el petróleo se extiende formalmente también a la explotación pesquera y otros recursos vinculados con Malvinas.
Fuente: Agencia de Noticias NA y Medios Digitales
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