A horas del Día de la Industria, que se conmemora este 2 de septiembre, un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expone un panorama crítico para el entramado manufacturero nacional. El documento registra una caída de la producción y del uso de la capacidad instalada, una fuerte reducción del empleo industrial y un crecimiento de las importaciones de bienes finales.
El relevamiento de conflictividad, además, contabilizó 180 casos durante los primeros ocho meses de 2026, con cierres, plantas paralizadas, despidos, suspensiones, concursos preventivos y quiebras.
El informe de CEPA sostiene que la industria manufacturera atraviesa un marcado deterioro durante la gestión de Javier Milei. De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la actividad industrial acumuló una caída interanual de 1,9% durante los primeros seis meses de 2026. Pero la comparación con el período previo resulta todavía más significativa: el nivel de actividad promedio entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se ubicó 8,1% por debajo del promedio registrado entre enero de 2022 y noviembre de 2023.
El Índice de Producción Industrial (IPI) muestra una tendencia similar. En el primer semestre de 2026 la producción fue 2,2% inferior a la del mismo período de 2025, mientras que el promedio de producción durante la gestión de Milei se encuentra 10,2% por debajo del período de referencia anterior.
Uno de los indicadores que mejor permite visualizar el parate es la utilización de la capacidad instalada. En junio alcanzó apenas el 59,1%, lo que significa que aproximadamente cuatro de cada diez máquinas industriales permanecieron sin utilizar.
El dato representa una caída de 9,5 puntos porcentuales respecto de junio de 2023. Entre los sectores más afectados aparecen la metalmecánica, excluida la industria automotriz, con una baja de 30,9%, y los productos minerales no metálicos, con una caída de 30,4% en el uso de su capacidad.
Casi 100.000 puestos industriales menos
La menor actividad también tuvo un impacto directo sobre el empleo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) procesados por CEPA, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales, lo que equivale a una reducción del 8%. En números, la cantidad de trabajadores pasó de 1.215.092 a 1.117.780.
En el mismo período también se redujo la cantidad de industrias manufactureras con trabajadores registrados: pasaron de 49.622 a 45.602. Es decir, 4.020 unidades productivas menos, equivalente a una contracción del 8,1%.
El informe ubica además a la Argentina entre los países con peor desempeño industrial. Entre 2023 y 2025, la industria argentina cayó 7,9% y quedó en el segundo peor lugar entre 56 economías analizadas, solamente por detrás de Hungría. En contraste, Brasil creció 3,5%, Chile 5,2%, Perú 6,5% y Uruguay 3,7%.
El avance de las importaciones: un récord para 2026
Uno de los ejes centrales del informe es el impacto de la apertura comercial sobre la producción nacional. CEPA define el proceso como una “apertura no planificada”, caracterizada por el crecimiento de las importaciones en un contexto de caída de las ventas y sin herramientas suficientes de financiamiento y protección para las empresas locales.
Durante los primeros seis meses de 2026 ingresaron al país US$ 5.362 millones en bienes de consumo, el mayor valor registrado para un primer semestre desde que existen datos comparables. Mientras que en los últimos 12 meses, el acumulado llegó a US$ 11.496 millones.
El salto es particularmente pronunciado en determinados rubros. Frente al primer semestre de 2023, las importaciones de electrodomésticos, baterías y lámparas aumentaron 109,2%; las de prendas de vestir, 86,3%; motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte, 67,6%; productos alimenticios, 51,9%; y productos farmacéuticos, 27%.
En conjunto, estos cinco sectores explicaron el 45,5% de todas las importaciones de bienes finales durante la primera mitad del año.
El efecto sobre la industria nacional, según el análisis de CEPA, aparece en la pérdida de mercado interno para fabricantes argentinos, en un escenario donde además la demanda doméstica se encuentra debilitada.
Cientos de conflictos industriales y una ola de cierres
El impacto de esta situación también aparece en el relevamiento del Observatorio de Conflictividad de CEPA. Entre enero y agosto de 2026 fueron relevados 180 casos de conflictividad, con una fuerte presencia de PyMEs: representaron el 54,4% de los casos. Le siguieron las empresas nacionales grandes, con 26,7%, los conglomerados extranjeros, con 15%, y los grupos económicos locales, con 3,9%.
Los sectores más afectados fueron alimentos y agroindustria, con 38 casos; industria metalúrgica y automotriz, con 36; y textil, calzado y cueros, con 34. También aparecen electrónica, electrodomésticos y tecnología, química, petroquímica, plásticos y farmacéutica, entre otros.
El dato más contundente aparece al observar el tipo de conflicto, donde los 180 casos relevados representaron el 25,6% del total de conflictos, mientras que los despidos fueron el 29,4%.
De los 180 casos relevados: 53 correspondieron a despidos, 46 fueron cierres de plantas, 28 fueron registrados como crisis de empresas, ocho correspondieron a concursos preventivos, a plantas paralizadas y a suspensiones. Otros siete casos correspondieron a quiebras, y cinco a retiros voluntarios y a empresas en riesgo de cierre, según el amplio estudio.
Es decir, el relevamiento no muestra solamente una caída estadística de la producción: registra también el impacto concreto sobre establecimientos industriales y trabajadores.
El informe reúne distintos casos testigo que permiten dimensionar el proceso:
- En el sector metalúrgico, José Cascasi y Cía. cerró definitivamente su planta en Tigre. La empresa había llegado a tener más de 50 trabajadores y al momento del cierre quedaban aproximadamente diez operarios. Metalfor, por su parte, despidió alrededor del 70% del personal de su planta de Córdoba, mientras atravesaba atrasos en el pago de salarios y aguinaldos.
- En la industria textil, el promedio de producción entre diciembre de 2023 y junio de 2026 fue 21,6% inferior al registrado durante el período previo. Entre los casos recientes, Will Der cerró sus plantas de General Pacheco y Las Flores y despidió a 120 trabajadores. Fisipa, de La Plata, ingresó en concurso preventivo después de un proceso de reducción de personal y acumulación de deudas.
- El sector automotor tampoco quedó al margen. La producción de vehículos, carrocerías, remolques y autopartes cayó 10,5% en el promedio de diciembre de 2023 a junio de 2026 frente al período de referencia anterior. Entre los casos relevados aparece Cabot, que cerró definitivamente su planta de Campana después de más de seis décadas de actividad y despidió a más de 150 trabajadores. Citroën, en tanto, confirmó el final de la producción nacional del utilitario Berlingo en El Palomar, mientras que ZF Argentina acordó suspender parcialmente la producción en San Francisco, Córdoba, afectando a 340 trabajadores, en un contexto de crecimiento de las importaciones de amortiguadores chinos y caída de las ventas.
- El deterioro también alcanzó al complejo forestal y papelero. Linor SRL, ubicado en Concepción de la Sierra, Misiones, anunció el cierre de su planta y dejó a 130 trabajadores en incertidumbre laboral. Forestal Tapebicuá, por su parte, mantiene paralizada desde agosto de 2025 su planta de Gobernador Virasoro, Corrientes, con más de 500 puestos de trabajo en riesgo.
Construcción y química: otros dos sectores golpeados
La crisis tampoco se limita a la industria manufacturera tradicional. La construcción aparece en el informe como el sector de peor desempeño durante la gestión de Milei. El ISAC se ubicó, en promedio entre diciembre de 2023 y junio de 2026, 26% por debajo del nivel correspondiente al período previo.
El documento vincula esta situación con la prácticamente desaparición de la obra pública y con el aumento del costo en dólares de la construcción privada.
En la industria química, el promedio de producción entre diciembre de 2023 y junio de 2026 fue 6,5% inferior al período anterior. Entre los casos relevados figuran Laboratorios Pyam, que despidió a 20 trabajadores, y Cascia, que enfrenta reclamos por despidos y reducción de personal.
Las políticas que explican el retroceso
El cuarto eje del informe apunta directamente a las políticas implementadas por el Ejecutivo nacional desde diciembre de 2023 y las caracteriza como un “sesgo antiindustrial”. Entre las principales medidas señaladas aparece, en primer lugar, el aumento de los costos energéticos. El informe cuestiona el incremento de las tarifas de electricidad y gas, especialmente para talleres y pequeñas industrias que se quedaron sin subsidios, que considera afectadas por una política tarifaria sin un abordaje específico para el sector PyME.
También señala la derogación de la Ley de Compre Nacional mediante el DNU 70/2023, que otorgaba preferencia a productores locales en determinadas cadenas de valor, y la eliminación del PRODEPRO, programa que contemplaba aportes no reembolsables y asistencia técnica para empresas proveedoras de sectores estratégicos.
Otro punto central es la reducción de aranceles y la eliminación de mecanismos de licencias de importación. El informe destaca, entre otros cambios, la reducción de aranceles para heladeras y lavarropas, neumáticos e insumos plásticos, además de nuevas reducciones para bienes de capital durante 2025.
Para CEPA, esta combinación dejó a buena parte de la producción nacional expuesta a una competencia externa creciente, precisamente cuando el mercado interno atraviesa una etapa de debilidad.
Por último, el informe también cuestiona la discontinuidad de las líneas de crédito productivo subsidiadas destinadas a las PyMEs, entre ellas programas canalizados a través del Banco Nación y el BICE.
A esto suma la reducción de recursos y personal en organismos vinculados con el desarrollo productivo y tecnológico. Uno de los casos destacados es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Según CEPA, el organismo sufrió una reducción de 854 trabajadores desde fines de 2023 hasta junio de 2026, afectando su capacidad de asistencia técnica a las PyMEs, transferencia tecnológica y desarrollo de normas de calidad.
El Gobierno también dispuso en agosto de 2025 el cierre de la Secretaría PyME. CEPA destaca la relevancia de las pequeñas y medianas empresas dentro del entramado productivo argentino: según el informe, representan el 98% de las firmas y generan más del 70% del empleo.
En paralelo, CEPA advierte que se registran fuertes caídas reales en la ejecución presupuestaria de organismos vinculados con el desarrollo productivo. A julio de 2026, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo registraba una reducción del 77,3% respecto de igual período de 2023; el INTI, 49,9%; el INASE, 49,5%; el Instituto Nacional del Agua, 64,5%; y el INTA, 21,4%.
Una industria que pierde capacidad productiva
El diagnóstico de CEPA plantea, en definitiva, un cambio profundo en la orientación de la política industrial argentina. El informe sostiene que la industria manufacturera representa alrededor del 18% del PIB, concentra aproximadamente la mitad de la inversión empresarial en investigación y desarrollo y genera 2,5 millones de empleos directos.
Sin embargo, el escenario que describe para el segundo semestre de 2026 es el de una actividad que produce menos, utiliza menos sus máquinas, emplea a menos trabajadores y enfrenta una competencia creciente de productos importados. A esto se suma el cierre de establecimientos, la paralización de plantas y la pérdida de empresas industriales.
Para CEPA, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), completa ese cambio de orientación al privilegiar inversiones vinculadas con actividades extractivas y exportadoras, en detrimento de una estrategia centrada en el desarrollo de la industria nacional.
El resultado que plantea el documento es una “matanza lenta” del entramado industrial argentino: no solamente por las fábricas que dejan de producir, sino también por la pérdida gradual de trabajadores, proveedores, capacidades tecnológicas, mercados y unidades productivas.
El desafío entonces, a casi 33 meses del inicio de la gestión Milei, ya no pasa solamente por recuperar los niveles de producción perdidos, según CEPA, sino por evitar que la contracción termine transformándose en una pérdida permanente de capacidades industriales construidas durante décadas.
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