A pocas horas de una nueva negociación salarial entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios, la Justicia rechazó el pedido del Poder Ejecutivo para levantar la medida cautelar que lo obliga a avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y consideró que continúan vigentes las circunstancias que dieron origen a la intervención judicial. La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº11, en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otros actores del sistema universitario contra el Poder Ejecutivo.
El punto central de la decisión es que el Gobierno no logró demostrar que los acuerdos alcanzados con las universidades y los sindicatos hayan solucionado los efectos del deterioro salarial. Según sostuvo Cormick, del análisis de las actuaciones surge que “persisten las condiciones” que dieron origen a la cautelar y, en particular, continúa configurándose el peligro en la demora que justificó su dictado.
El magistrado señaló además que el Estado nacional no acreditó que los acuerdos hayan tenido el impacto suficiente para revertir “el deterioro de los ingresos, la disminución del poder adquisitivo y la pérdida salarial” del sector universitario.
La definición judicial representa un revés para el argumento que había presentado el Ministerio de Capital Humano para intentar cerrar esta instancia del conflicto.
El argumento que la Justicia rechazó
El planteo del Gobierno se apoyaba fundamentalmente en el acuerdo alcanzado el pasado 10 de junio con el CIN y organizaciones sindicales docentes y no docentes.
Aquel entendimiento estableció una actualización de la masa salarial del 24,33%, distribuida entre un incremento del 21,33% en junio sobre los básicos de mayo y otro 3% previsto para octubre. También contempló un aumento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano.
En la paritaria docente se establecieron, además, nuevas garantías salariales y se dejó abierta la discusión para continuar negociando la recomposición correspondiente al desfasaje acumulado durante 2024.
A partir de esos acuerdos, el Ejecutivo sostuvo ante la Justicia que habían quedado “en lo sustancial” satisfechos los objetivos perseguidos por la Ley 27.795 en materia salarial y de becas y que, en consecuencia, había desaparecido el peligro que había justificado la cautelar. Incluso solicitó formalmente su levantamiento al entender que las medidas implementadas modificaban las circunstancias existentes cuando se produjo la intervención judicial.
Cormick rechazó ahora esa interpretación.
El juez sostuvo que, frente a la persistencia de los problemas denunciados, no puede considerarse superado el peligro en la demora ni existen actualmente razones suficientes para levantar la medida.
Y fue más allá: estableció que tampoco puede afirmarse, como había planteado el Ejecutivo, “que se encuentre cumplido ni agotado el alcance de la cautelar ni que se encuentre finalizado el conflicto”.
La resolución, sin embargo, aclara expresamente que esta conclusión no constituye un adelantamiento de opinión sobre el fondo de la causa, que todavía debe ser resuelta.
Tres días para explicar cuánto cumplió
La decisión judicial incorpora además otro elemento que podría resultar clave para los próximos pasos del conflicto. Cormick ordenó al Gobierno nacional que en el plazo de tres días desde su notificación presente un informe respaldado documentalmente sobre los avances alcanzados a partir de los compromisos asumidos.
El Ejecutivo deberá precisar el estado actual de ejecución de esos acuerdos y, especialmente, el grado de cumplimiento de la medida cautelar en su conjunto.
En la parte resolutiva, el magistrado confirmó formalmente la negativa a levantar la cautelar, dispuso que continúe su tramitación y ordenó la presentación del informe oficial. También reanudó el llamado de autos para dictar sentencia en la causa principal, que había quedado suspendido mientras se sustanciaban los últimos planteos de las partes.
La cautelar tiene además un antecedente judicial de peso: había sido confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara el 25 de junio el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional.
El fallo llega el día de una nueva paritaria
La resolución se conoció en la previa de una nueva reunión entre el Gobierno y los representantes del sector universitario. La mesa salarial fue convocada para este martes 1º de septiembre en el Palacio Pizzurno y comprende a las principales federaciones docentes y no docentes y al Consejo Interuniversitario Nacional. Los sindicatos llegan al encuentro reclamando una nueva recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
CONADU Histórica calculó que, hasta julio, los salarios docentes universitarios habían perdido un 23,8% de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023 y estimó que se necesitaría una actualización del 31,15% sobre los haberes de julio para recuperar ese nivel. Se trata de una estimación gremial realizada sobre la evolución acumulada de precios y salarios.
La discusión llega, además, después de una audiencia judicial realizada el 21 de agosto en la que representantes del Gobierno y del sistema universitario ratificaron sus posiciones sin alcanzar un acuerdo sobre el cumplimiento de la normativa.
Con la nueva resolución de Cormick, el escenario judicial que rodea a la negociación salarial quedó nuevamente definido: la cautelar continúa vigente, el conflicto no puede darse por concluido y ahora será el Gobierno el que deberá documentar ante el juzgado qué parte de las obligaciones efectivamente cumplió.
La resolución completa aquí👇
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