La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, advirtió que la litigiosidad aumentó un 83% entre 2023 y 2026, mientras que la cantidad de recursos humanos del Poder Judicial creció solamente un 1% durante ese mismo período.
El dato fue expuesto este martes ante la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos de la Legislatura provincial, donde las autoridades judiciales presentaron el proyecto de gastos y recursos previsto para 2027.
“Han sido un año y medio muy vertiginosos. Los cambios sociales han sido muy importantes, hay una situación económica complicada, crítica. La sociedad vive momentos críticos”, describió Venchiarutti Sartori ante los medios luego de la reunión.
La magistrada sostuvo que, pese a la fuerte diferencia entre el crecimiento de los expedientes y la incorporación de personal, el organismo logró reorganizar sus recursos para mantener la prestación del servicio.
“El Poder Judicial ha crecido en recurso humano un 1% desde 2023 a 2026 y ha crecido la litigiosidad en un 83%. Hemos aprendido a manejar el recurso humano, a manejar lo que tenemos para dar respuesta a un 83% más de litigiosidad”, explicó.
La exposición estuvo acompañada por el procurador general de la Provincia, Carlos Jorge Giménez; el administrador general, Néstor Oscar Moróz; la directora de Administración, Liria Beatriz Schunke; y el director de Administración del Ministerio Público, Marcelo Agustín Acuña Quelas.
Durante la presentación se detallaron las inversiones realizadas desde enero de 2025 hasta agosto de 2026, la utilización de los fondos aprobados para el actual ejercicio y las principales proyecciones para el próximo año.
Un presupuesto atravesado por la nueva autonomía del Ministerio Público
Una de las particularidades del proyecto para 2027 es la separación presupuestaria producida a partir de la autonomía funcional y la autarquía financiera del Ministerio Público, vigentes desde el 1 de enero de 2026.
Venchiarutti Sartori aclaró que esa modificación administrativa no implica que ambas estructuras hayan dejado de trabajar de manera coordinada. De hecho, varias de las reformas propuestas fueron elaboradas conjuntamente con la Procuración General.
Moróz indicó que el proyecto contempla un incremento aproximado del 35% respecto del presupuesto ejecutado durante 2025. Según señaló, la elaboración de la propuesta parte de una planificación relacionada con las necesidades de gestión y de un trabajo articulado con diferentes organismos provinciales.
El administrador general destacó que las políticas judiciales exceden cada ejercicio financiero y explicó que entre enero de 2025 y agosto de este año se realizaron inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura y el funcionamiento de distintas áreas.
Cinco juzgados para familia y violencia en Posadas
Entre las principales modificaciones planteadas aparece la ampliación de las competencias de los juzgados de Familia y Violencia Familiar de Posadas.
Actualmente, la capital provincial cuenta con tres juzgados de Familia y dos especializados en violencia. La propuesta es que los cinco puedan intervenir indistintamente en ambas materias, con el objetivo de distribuir mejor la creciente demanda.
“En tremenda situación en la que estamos viviendo, lo que pedimos es que se amplíe la competencia y que todos sean juzgados de familia y violencia, de manera tal que la ciudad de Posadas pase a tener cinco juzgados y esté al mismo nivel que los juzgados del interior”, explicó la titular del STJ.
El proyecto también incluye una transformación de las actuales Defensorías del Trabajador. La intención es que, además de conservar su intervención en casos laborales, puedan atender asuntos civiles, comerciales y familiares.
Según Venchiarutti Sartori, estas dependencias registran actualmente una demanda reducida porque quienes enfrentan conflictos laborales suelen recurrir a abogados particulares.
“Con el mismo recurso humano, con la misma cobertura edilicia, con el mismo personal, estamos gestionando y dando una respuesta mucho más eficiente”, remarcó.
La medida permitiría ampliar la atención sin crear nuevas estructuras ni aumentar el número de empleados o inmuebles utilizados.
Tecnología para acercar los servicios a la ciudadanía
El desarrollo tecnológico será otro de los ejes del presupuesto 2027. La planificación contempla inversiones destinadas a modernizar los procedimientos, mejorar la eficiencia interna y facilitar el acceso de los ciudadanos a información y servicios judiciales.
La presidenta del Superior Tribunal señaló que se profundizaron las políticas de capacitación y comunicación a través de distintas áreas, entre ellas la Secretaría de Tecnología Informática, el Centro de Capacitación y el Ministerio Público.
Entre las herramientas presentadas se encuentra una versión de la Constitución provincial en lenguaje sencillo, accesible mediante un código QR desde teléfonos celulares.
También se desarrolló una plataforma que originalmente estaba destinada al programa Jueces en la Escuela, pero que posteriormente se abrió a toda la comunidad. El sitio permite realizar consultas, conocer derechos y localizar, mediante geolocalización, el juzgado o la dependencia judicial más cercana.
“En este link se contestan preguntas muy sencillas, se puede chatear, se explican los derechos y se ubica a quien entra para que sepa dónde está el juzgado o la dependencia más cercana”, detalló Venchiarutti Sartori.
La funcionaria también destacó el trabajo realizado para utilizar un lenguaje claro en las comunicaciones institucionales y explicó que durante 2025 el programa Jueces en la Escuela llegó a 19 establecimientos, además de realizar encuentros masivos con estudiantes en el Parque del Conocimiento.
Las actividades abordaron la división de poderes, el Estado de derecho, la prevención de las violencias y del abuso sexual, además de las implicancias del nuevo régimen penal juvenil.
Preparativos para el régimen penal juvenil
La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, prevista para el 5 de septiembre, representa uno de los principales desafíos inmediatos para la estructura judicial.
Venchiarutti Sartori explicó que se trabaja en la capacitación del personal y en la elaboración de protocolos que permitan aplicar herramientas de justicia restaurativa. La nueva normativa contempla la figura del supervisor, función que podrá ser ejercida por profesionales como psicólogos o trabajadores sociales.
Su tarea será acompañar al adolescente durante todo el proceso y controlar el cumplimiento de las medidas dispuestas.
La presidenta del STJ puso como ejemplo un daño ocasionado en una escuela. En esos casos, una respuesta restaurativa podría consistir en reparar el edificio, pintarlo o reponer los elementos destruidos, bajo el seguimiento del supervisor.
“Estamos hablando de que a partir de los 14 años ya se es responsable. Por eso hemos trabajado muchísimo comunicacionalmente. Lo que nos interesa es que los jóvenes sepan”, sostuvo.
Las recorridas por escuelas secundarias, principalmente entre alumnos de cuarto y quinto año, incorporaron información sobre este régimen y sus consecuencias.
La primera guardería judicial registra un avance cercano al 40%
Otro de los proyectos destacados es la construcción del primer jardín maternal del Poder Judicial de Misiones, ubicado detrás del edificio judicial de la avenida Santa Catalina, en Posadas.
La obra registra un avance cercano al 40% y, si se cumplen los plazos previstos, podría ser inaugurada a finales de este año para comenzar a funcionar con el inicio del ciclo lectivo de 2027.
“Es motivo de orgullo y de felicidad, es un sueño de larga data”, expresó Venchiarutti Sartori.
En una primera etapa, el espacio estará destinado prioritariamente a los trabajadores judiciales con menores ingresos. La iniciativa fue desarrollada junto con la Unión Judicial de Misiones.
“No es lo que se planeó, pero es lo que se puede con el monto que se tiene. En principio se piensa para los que menos tienen, para que puedan dejar a su criatura aquellos que menos ganan”, explicó.
Menos alquileres y concentración de dependencias
La planificación para el próximo año mantiene la política de reducir insumos y disminuir la cantidad de inmuebles alquilados. El objetivo es concentrar varias dependencias en edificios comunes, mejorar la logística y facilitar el acceso de la población.
Moróz explicó que se busca aprovechar propiedades del Poder Judicial o del Estado provincial y avanzar en convenios con los municipios para instalar juzgados, oficinas y centros de atención comunitaria.
Venchiarutti Sartori recordó que recientemente fue inaugurado el Juzgado de Paz de Alba Posse, que ahora funciona en Santa Rita mediante un comodato otorgado por el municipio. En el inmueble que ocupaba anteriormente se instalará una oficina de acceso a la Justicia y mediación comunitaria.
También fueron habilitados el Juzgado de Paz de Ruiz de Montoya, en un edificio propio cuya construcción estuvo a cargo del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, y las nuevas instalaciones del Juzgado de Paz de Cerro Corá, cedidas por la comuna.
La titular del STJ defendió una distribución territorial que contemple las particularidades de cada localidad. “Monetizar la actividad judicial es quitarle humanidad, no se litiga igual en todo el territorio”, afirmó.
El sistema acusatorio federal como experiencia previa
Consultada sobre la reciente implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal de Misiones, Venchiarutti Sartori consideró que la experiencia permitirá anticipar dificultades antes de avanzar con una reforma similar en el ámbito provincial.
“Para la Justicia provincial está muy bueno, porque empiezan ellos y nosotros vamos a aprender de los errores”, señaló.
El STJ impulsa una reforma del Código Procesal Penal provincial y solicitó que, una vez aprobada, exista un plazo de un año antes de su puesta en funcionamiento para capacitar a magistrados, funcionarios y empleados.
La presidenta explicó que también acordaron con la Procuración aplicar un sistema de afectaciones de personal, debido a que el modelo acusatorio modifica las necesidades de los juzgados y fortalece el papel de las fiscalías.
“Para que no sea más costosa la implementación de este sistema, pretendemos establecer un sistema de afectaciones, ya que el juez no va a tener necesidad de tanto personal y sí el fiscal. Con el mismo recurso humano y con la misma capacidad edilicia le vamos a dar respuesta a este nuevo desafío”, aseguró.
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