El conflicto por la ocupación de un sector del lote 78, en la zona de paraje Cañafístula, Garuhapé, donde se encuentra involucrada la comunidad mbya Puente Quemado II, continúa judicializado, pero desde el Gobierno provincial buscan evitar que la disputa escale y derive en un nuevo desalojo.
La ministra de Derechos Humanos de Misiones, Karina Aguirre, explicó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones que el conflicto no se desarrolla en el lugar donde están asentadas las viviendas de la comunidad, sino a unos 12 kilómetros, en una zona que forma parte de su territorio de uso tradicional.
“La situación en Garuhapé es en Puente Quemado, en Cañafístula, el lote 78, en donde existe un conflicto entre la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II y un particular que es el propietario titular registral de ese lote”, explicó la funcionaria.
Aguirre remarcó que existe una confusión que considera necesario aclarar: el desalojo ordenado originalmente por la Justicia no afectaba al lugar donde viven las familias de la comunidad.
“El desalojo que ordenó en su momento la Justicia, que luego dio marcha atrás, no ha sido sobre la comunidad o donde viven las familias de Puente Quemado II”, sostuvo.
Según detalló, el sector en disputa se encuentra a unos 12 kilómetros de las viviendas y es utilizado por la comunidad para distintas actividades. La zona fue relevada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como parte del territorio comunitario.
“Esta zona de distracción sirve no solamente para la utilización de los recursos naturales, sino también para la utilización cultural y religiosa de esa comunidad”, explicó Aguirre.
La ministra señaló que el conflicto comenzó meses atrás a partir de diferencias vinculadas con la utilización del monte y del predio por parte del propietario.
“Esa ocupación de un grupo de más o menos seis personas en un principio, hoy por hoy ha aumentado su número bastante, sobre todo porque hay otros caciques y otras comunidades que van acompañando también el reclamo”, indicó.
Del otro lado, agregó, también existe acompañamiento de colonos al propietario que presentó la denuncia por usurpación, causa que actualmente se tramita en la Justicia.
Frente a este escenario, el Gobierno de Misiones intenta asumir un rol de mediador. Aguirre confirmó que se trabaja en una nueva mesa de diálogo con la participación de las partes involucradas.
La preocupación oficial está vinculada también con la situación social en Garuhapé, donde la tensión se mantiene desde hace varias semanas.
“Nosotros mañana tenemos la mesa de diálogo con relación a esta comunidad Puente Quemado II. Será una mesa en donde nos sentaremos todas las partes interesadas”, adelantó la ministra.
Y explicó que el objetivo central de la Provincia es preservar la paz social.
“La Provincia por sobre todo tiene interés en que se mantenga la paz social. Garuhapé está convulsionado hace muchas semanas, entonces también desde el Gobierno de la provincia tenemos que llevar tranquilidad a toda la sociedad”, afirmó.
Aguirre insistió en que la mediación no implica obligar a ninguna de las partes a aceptar una determinada solución.
“No exigimos que ninguna de las partes haga algo contra su voluntad, sino todo lo contrario: intentamos que el diálogo genere puntos en común, puntos de acuerdo y que ambas partes se vayan satisfechas de esa mesa”, sostuvo.
“Acá no hay ni ganadores ni perdedores”
La funcionaria sostuvo que el Estado provincial no pretende imponer una solución a ninguna de las partes.
“Yo siempre cuando hablo de esto quiero ser muy clara: no exigimos que ninguna de las partes haga algo contra su voluntad. Todo lo contrario, intentamos que el diálogo genere puntos en común, puntos de acuerdo y que ambas partes se vayan satisfechas de esa mesa de diálogo”, señaló.
En esa línea, consideró que el caso presenta una particular complejidad porque confluyen derechos y normas diferentes.
“Acá no hay ni ganadores ni perdedores, sino que puedan tener la tranquilidad de que han resuelto una situación que es verdaderamente compleja”, expresó.
Aguirre explicó además que el propietario sostiene que la normativa vigente respalda su derecho sobre el inmueble, mientras que desde la Provincia plantean que también deben contemplarse los derechos territoriales de los pueblos originarios.
“Hay una contraposición de normas. Esa norma positiva que nos da seguridad jurídica también a todos los que vivimos en este país se contrapone con otra norma que es de carácter de derechos humanos, de carácter constitucional, como lo es el territorio que los pueblos originarios están habitando”, sostuvo.
El antecedente que encendió las alarmas
Uno de los puntos que preocupa al Gobierno provincial es el cambio producido a nivel nacional respecto de la protección que impedía avanzar con desalojos de comunidades indígenas mientras se realizaban los relevamientos territoriales.
Aguirre recordó que la Ley 26.160 fue prorrogada durante años y que su objetivo fue avanzar con el relevamiento de los territorios ocupados por comunidades originarias.
Sin embargo, consideró que esa legislación nunca terminó de resolver los conflictos cuando existían propietarios privados.
“Tenemos 20 años que tenemos esa ley, que fue prorrogada una y otra vez para que se continúen los relevamientos territoriales, pero que no daba solución a este tipo de situaciones cuando había un particular o había tierras que no querían ser enajenadas y que estaban siendo ocupadas por comunidades aborígenes”, explicó.
En ese marco, la ministra advirtió que el nuevo escenario nacional puede generar situaciones similares a la ocurrida recientemente en Jujuy.
“Al derogarse el decreto de prórroga con otro decreto que es un DNU del Gobierno nacional, lo que hace es dejar sin esta garantía que tenían las comunidades, que era la de no desalojo”, afirmó.
Por eso, insistió en que la Provincia intentará que el conflicto de Puente Quemado II no llegue nuevamente a esa instancia.
“Nosotros intentamos que esto no llegue a esa situación y que las partes entiendan de que tenemos que convivir en esta provincia”, remarcó.
100 de las 141 comunidades tienen título de propiedad
Más allá del caso puntual de Puente Quemado II, Aguirre brindó un panorama sobre la situación territorial de las comunidades mbya guaraníes en Misiones.
Según indicó, en la provincia existen 141 comunidades, de las cuales 100 cuentan actualmente con título de propiedad sobre las tierras que habitan.
“Nosotros hemos avanzado, el Gobierno de la provincia ha avanzado en una planificación, en un plan como para que cada comunidad pueda tener la propiedad del inmueble que habita”, destacó.
El principal obstáculo aparece cuando las comunidades se encuentran asentadas en terrenos privados.
“Cuando estamos hablando de privados nosotros no tenemos la potestad de obligar al privado o al particular a vender una tierra”, explicó.
Ante esos casos, el Estado busca intervenir como mediador y promover acuerdos entre las partes.
La ministra también describió el impacto que tiene la situación económica sobre las comunidades mbya y aseguró que la demanda de asistencia aumentó en los últimos años.
“Por supuesto, aumentó mucho, como creo que aumentó en todos los hogares de la provincia y de nuestro país. Las necesidades se hacen presentes en cada una de las casas en donde hay que redoblar los esfuerzos para llegar a fin de mes”, señaló.
Pero advirtió que la situación es todavía más compleja en las comunidades originarias debido a las necesidades estructurales que enfrentan.
“Imagínense lo que será con las comunidades que por supuesto tienen muchísimas necesidades y estamos trabajando para acompañar y apoyar a cada una de ellas desde lo que podemos hacer desde el Estado”, sostuvo.
Aguirre cuestionó además el retiro del Gobierno nacional de políticas destinadas a las comunidades indígenas. “La Nación se retiró totalmente de lo que es este tipo de políticas”, afirmó.
Frente a ese escenario, destacó que Misiones mantiene programas vinculados con educación intercultural bilingüe, salud indígena y acceso a servicios básicos.
“Nosotros respetamos la cultura mbya guaraní, por lo tanto tenemos que mantener todo lo que es la educación intercultural bilingüe”, indicó, y agregó que la provincia cuenta con escuelas de este tipo en las comunidades.
Agua y electricidad, dos problemas que atraviesan a las comunidades
La situación de Puente Quemado II también permitió mostrar las dificultades que existen para garantizar servicios básicos en comunidades asentadas sobre tierras privadas.
Aguirre contó que recientemente la Provincia logró un acuerdo con un particular para avanzar con la perforación de un pozo de agua destinado a la comunidad.
“La semana pasada justamente en Puente Quemado II pudimos hacer un acuerdo con un privado para la perforación de un pozo que les dará agua a la comunidad”, relató.
Además, señaló que el Estado provincial aportará paneles solares para posibilitar el acceso a la electricidad.
Sin embargo, aclaró que el avance de este tipo de obras depende en muchos casos de la autorización de los propietarios de los terrenos.
“Muchas de ellas, al estar en territorio privado, necesitamos la autorización de ese privado y no se puede acceder”, explicó.
Para la ministra, el desafío pasa por encontrar alternativas que permitan garantizar derechos sin desconocer el marco jurídico vigente.
“Por supuesto hay mucha demanda, hay mucha necesidad, pero sin el consentimiento de quien es el propietario, el titular registral de las tierras, por ahí no se puede ingresar con un tendido eléctrico o con una perforación que seguramente le dará respuesta a tantísimas familias”, concluyó.
Mientras la causa judicial continúa su curso, el Gobierno provincial apuesta a que la mesa de diálogo permita descomprimir la tensión en Garuhapé y evitar que el conflicto territorial entre la comunidad Puente Quemado II y el propietario del lote 78 derive nuevamente en un enfrentamiento o en un desalojo.
Discussion about this post