Comunidades mbya guaraníes y el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) resolvieron presentar ante los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas una denuncia por las presuntas “irregularidades judiciales, hechos de hostigamiento y episodios de intimidación” registrados en torno al conflicto territorial de Puente Quemado II.
La decisión fue comunicada después de que las familias regresaran de manera pacífica al sector del que habían sido desalojadas días atrás. Desde la organización sostuvieron que “el clima de presión ya no alcanza solamente a los integrantes de la comunidad, sino también a quienes brindan acompañamiento jurídico, humanitario o servicios de traslado”.
El nuevo episodio se produce en un conflicto que se intensificó el pasado 28 de julio, cuando siete familias fueron desplazadas de las tierras que reconocen como parte de su territorio ancestral, relevado dentro de la Ley Nacional 26.160. La comunidad denunció que la medida judicial se encontraba apelada y, por tanto, suspendida.
Tras el operativo, integrantes de Puente Quemado II también denunciaron que máquinas ingresaron al sector y comenzaron a desarmar las viviendas. Posteriormente, el EMiPA difundió un video en el que se escuchaban expresiones interpretadas como intimidatorias y la advertencia de que, si fuera necesario, se avanzaría con maquinaria.
Una presentación judicial contra una integrante de EMiPA
De acuerdo con el comunicado, el representante legal de la parte que reclama la propiedad de las tierras presentó un escrito en el que solicitaría la detención de una integrante de EMiPA, a quien atribuye encabezar ocupaciones de inmuebles privados.
La organización indicó que la presentación también requeriría el secuestro de la camioneta utilizada por la referente y de cualquier otro vehículo que traslade personas hasta el territorio, bajo el argumento de que esos medios serían empleados para cometer delitos. Siempre según la versión difundida por EMiPA, el escrito solicita además la intervención de Gendarmería Nacional y la presencia policial permanente en el lugar.
EMiPA cuestionó particularmente la afirmación de que en el territorio habría personas de nacionalidad paraguaya y brasileña portando armas blancas. También rechazó la acusación de que niños, mujeres y otros integrantes de la comunidad estarían siendo obligados a permanecer en los sectores recuperados. Para la entidad, estos argumentos buscan criminalizar a quienes acompañan el reclamo indígena y desviar el debate sobre la propiedad y el reconocimiento del territorio ancestral.
Denunciaron amenazas contra remiseros
A la controversia judicial se sumó la difusión de un audio en el que un hombre advierte a un remisero que no vuelva a trasladar integrantes de Puente Quemado II porque “ya te tienen marcado los milicos”.
Según el comunicado, después de recibir el mensaje, el trabajador decidió dejar de transportar personas hasta la comunidad por temor a represalias. El episodio habría provocado que otros remiseros de Garuhapé adoptaran la misma decisión.
La situación afecta especialmente a las familias porque el territorio se encuentra a unos 30 kilómetros del casco urbano de Garuhapé y no cuenta con un servicio regular de colectivos que llegue hasta el lugar. Por eso, los remises y vehículos particulares constituyen una de las principales alternativas para acceder a la comunidad.
El EMiPA consideró que la advertencia forma parte de un clima creciente de intimidación, que alcanza no solo a quienes sostienen el reclamo territorial, sino también a personas que prestan servicios sin participar directamente de la disputa.
Presentación ante organismos internacionales
Ante la escalada del conflicto, las comunidades y el EMiPA anunciaron que acudirán a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas.
La organización sostuvo que la presentación estará basada en las irregularidades que atribuye al procedimiento judicial, los sucesivos desalojos, las denuncias de amenazas y lo que considera una persecución contra las personas que acompañan a Puente Quemado II.
El conflicto ya había sido visibilizado anteriormente en ámbitos internacionales. En mayo, una representante mbya que participó del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU expuso la situación territorial de comunidades de Misiones, entre ellas Puente Quemado II.
Desde el EMiPA insistieron en que el eje de la controversia continúa siendo la disputa por un territorio que la comunidad considera ancestral y que fue relevado por el Estado nacional, mientras que la parte propietaria reclama derechos sobre los inmuebles.
La presentación anunciada ante Naciones Unidas buscará que organismos externos intervengan frente a lo que las comunidades describen como una falta de garantías dentro del sistema judicial provincial.
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