El elevado precio de los alquileres en Posadas ya no se traduce solamente en una mayor presión sobre los ingresos familiares. El hacinamiento, el regreso de adultos a la casa de sus padres, la convivencia entre distintos grupos familiares y las mudanzas hacia localidades más alejadas aparecen entre las consecuencias de un mercado al que cada vez resulta más difícil acceder.
Así lo advirtió Adrián Torres, titular de la Asociación de Inquilinos de Misiones, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, luego de conocerse un informe que ubicó a Posadas entre las diez ciudades del interior argentino con los alquileres más elevados. El relevamiento de Reporte Inmobiliario estableció que un departamento de dos ambientes tiene en la capital provincial un valor promedio de $871.665 mensuales, mientras que una unidad de tres ambientes ronda $1.280.000.
Torres sostuvo que la comparación entre ciudades no debería limitarse al precio nominal de las propiedades, sino incluir también el nivel de ingresos de los habitantes de cada región. Según explicó, el poder adquisitivo promedio en Posadas se encuentra por debajo del registrado en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y diferentes localidades del sur del país.
A partir de ese contraste, afirmó que la capital misionera podría ubicarse entre las plazas más costosas si se midiera la proporción del salario que debe destinarse al alquiler. “Si hacemos un promedio entre el poder adquisitivo del trabajador de Posadas o de Misiones y el del resto del país, creo que estaríamos a la cabeza con el alquiler más caro”, planteó.
Desde la Asociación estiman que numerosos alquileres en la ciudad se encuentran entre $700.000 y $800.000, aunque Torres reconoció que en otros centros urbanos los valores pueden llegar a $900.000 o superar el millón. A su entender, la diferencia radica en que esos montos resultan más difíciles de absorber con los salarios locales.
El dirigente comparó la situación con la de Capital Federal y provincias como Neuquén y Tierra del Fuego, donde los ingresos tienden a ser superiores. Por esa razón, remarcó que Posadas puede aparecer quinta o sexta en una clasificación de precios, pero escalar posiciones si se incorpora la capacidad económica de los inquilinos.
Además, señaló que cuando el salario ya no alcanza para renovar o sostener un contrato muchas familias se ven obligadas a modificar de manera drástica sus condiciones de vida. Entre las situaciones que recibe la Asociación mencionó a familias que abandonan departamentos de dos o tres ambientes para mudarse a monoambientes, debido a que es el único tipo de vivienda que pueden pagar. Esa reducción del espacio habitable provoca hacinamiento, pérdida de privacidad, incomodidad y un deterioro general de la vida familiar. “Tener un techo es necesario, elemental y básico para el desarrollo de cualquier familia. No se puede vivir debajo de un puente, en una carpa o a la intemperie”, afirmó al definir el acceso a la vivienda como un derecho básico.
Otra salida es mudarse a barrios periféricos o localidades cercanas. Torres mencionó el traslado de familias desde Posadas hacia Garupá y aclaró que no lo planteaba como una desvalorización de esa localidad, sino como una dificultad adicional para quienes estudian o trabajan en la capital provincial. Dependiendo del barrio disponible, indicó que las personas deben alejarse entre 18, 20 o 25 kilómetros de sus lugares habituales. Eso implica mayores gastos de transporte, más tiempo de viaje y complicaciones para acompañar la escolaridad de los hijos o mantener el empleo.
A ese escenario se suma el estrés propio de una mudanza forzada y la pérdida de vínculos con el barrio en el que la familia desarrollaba su vida cotidiana.
Torres también afirmó que algunas personas decidieron regresar a pueblos del interior provincial, donde encuentran alquileres más accesibles. En casos extremos, sostuvo, hubo trabajadores que renunciaron a sus empleos porque no podían sostener simultáneamente el costo de la vivienda y los demás gastos necesarios para continuar residiendo en Posadas. Otros volvieron a vivir con sus padres, abuelos o distintos familiares. El referente describió este fenómeno como una forma de “cooperativismo familiar”, aunque advirtió que muchas veces deriva en convivencia forzada y hacinamiento.
También mencionó el crecimiento de las viviendas compartidas y del mercado informal de alquileres. Este último, aclaró, siempre existió, pero habría ganado terreno ante las dificultades para cumplir con los requisitos del mercado formal.
Recibos millonarios, garantes y contratos de seis meses
El precio no es el único obstáculo. De acuerdo con Torres, entre los reclamos más frecuentes aparecen las garantías exigidas, la cantidad de garantes, las condiciones contractuales y los ingresos mínimos solicitados. Indicó que algunos propietarios requieren recibos de sueldo superiores a $1,5 millones, pese a que -según afirmó- más de la mitad de la población no alcanza ese nivel de ingresos. A esto se agrega la exigencia de presentar uno o dos garantes, lo que termina excluyendo a trabajadores que podrían pagar una cuota mensual, pero no disponen de familiares o conocidos con ingresos registrados suficientes para respaldar la operación.
Torres cuestionó que los propietarios pretendan obtener rentabilidades extraordinarias en un contexto de recesión, salarios contenidos y una inflación que, aunque pueda desacelerarse, continúa repercutiendo sobre los gastos cotidianos. También advirtió sobre la falta de previsibilidad de los acuerdos actuales. Señaló que existen ajustes trimestrales, contratos de apenas seis meses y propietarios que no aceptan comprometerse por períodos mayores a un año.
“Imaginate decir: ‘Voy a alquilar por seis meses y no sé qué va a pasar en el séptimo’”, ejemplificó.
Para el titular de la Asociación, ese tipo de acuerdos impide que una familia pueda proyectar su vida, organizar la escolaridad, establecerse en un barrio o prever con cierta certeza cuánto deberá destinar a vivienda. Por eso consideró necesario recuperar una normativa que establezca plazos mínimos. Recordó que los contratos de dos años permitían disponer de un horizonte temporal mayor y brindar cierta estabilidad al inquilino.
“Durante dos años tengo una proyección para ordenar mi vida. Lamentablemente, hoy existe incertidumbre total en todos los sentidos”, expresó.
La desregulación también permite que convivan modalidades muy diferentes: contratos escritos con distintas fórmulas de actualización, acuerdos informales y alquileres por períodos reducidos. Para Torres, esa falta de un marco uniforme profundiza la desigualdad entre propietarios e inquilinos.
Cuestionamientos a la desregulación
El dirigente afirmó que la derogación de la Ley de Alquileres no produjo los beneficios que se habían anunciado para los inquilinos. Recordó que uno de los argumentos a favor de la desregulación era que una mayor libertad contractual estimularía a los propietarios a ofrecer sus inmuebles y que, ante el aumento de la oferta, los precios tenderían a moderarse.
Sin embargo, Torres sostuvo que el incremento de propiedades disponibles no estuvo acompañado por una reducción de los valores. Por el contrario, afirmó que los alquileres siguieron aumentando incluso cuando permanecen viviendas sin ocupar. A su criterio, esa situación demuestra que el mercado inmobiliario no responde únicamente a la relación entre oferta y demanda, sino que también existe un componente especulativo.
El titular de la Asociación de Inquilinos aseguró además que la inflación de los alquileres duplica la inflación media, y utilizó ese argumento para defender la necesidad de una regulación estatal. “Quedó perfectamente demostrado que la derogación de la ley no benefició al inquilino”, afirmó, antes de sostener que “con el mercado regulado las cosas funcionan mejor”.
Torres extendió la crítica a los inmuebles comerciales. Señaló que también existen numerosos locales vacíos cuyos propietarios no reducen los valores solicitados. Según su análisis, si el objetivo principal fuera obtener una renta mensual, los dueños ajustarían los precios para evitar que los inmuebles permanecieran desocupados. El hecho de que algunos prefieran esperar, sostuvo, evidencia que cuentan con capacidad económica para retener las propiedades y especular con una eventual mejora del mercado.
Para el dirigente, el costo de esa dinámica termina recayendo sobre el inquilino, que debe ajustar su vida, resignar espacio, alejarse de su trabajo o recurrir a la ayuda familiar.
Restricciones para familias con niños o mascotas
Otra dificultad mencionada fue la negativa de algunos propietarios a alquilar a personas que tienen mascotas o niños, Torres calificó esas restricciones como “absurdas” y carentes de lógica, aunque reconoció que continúan siendo habituales dentro del mercado. La situación adquiere mayor gravedad cuando una familia debe dejar su vivienda actual por no poder pagarla y encuentra que las opciones más económicas excluyen a quienes viven con animales o tienen hijos.
El referente sostuvo que, mientras no exista una regulación clara, los propietarios de bienes de renta conservarán la posibilidad de fijar libremente estas condiciones. En ese punto, formuló una crítica al Gobierno nacional y consideró que sus políticas favorecen a los sectores propietarios y a los actores inmobiliarios.
También cuestionó lo que definió como un fuerte lobby del sector. Señaló que integrantes del Gabinete nacional e inmobiliarias presentan la derogación de la Ley de Alquileres como un ordenamiento exitoso del mercado, mientras que las organizaciones de inquilinos registran dificultades crecientes para acceder y permanecer en una vivienda.
“Escucho a miembros del Gabinete decir que la ‘nefasta Ley de Alquileres’ fue derogada y que gracias a eso el mercado se ordenó. También escucho a muchos inmobiliarios decir lo mismo”, sostuvo.
Consultado sobre si el escenario profundiza la desigualdad en el acceso a la vivienda, Torres respondió de manera categórica: “Totalmente”.
Para la Asociación, la discusión sobre el alquiler no se limita, por lo tanto, a los precios. También involucra la estabilidad residencial, la posibilidad de formar una familia, el acceso al trabajo y la educación, las distancias que deben recorrerse y el derecho a permanecer bajo un techo en condiciones adecuadas.
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