El Ministerio de Economía de la Nación puso en marcha un plan para achicar los pasivos estatales en el área de infraestructura. A través de la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, el Gobierno oficializó la creación de un régimen especial para cancelar deudas con empresas constructoras. La medida responde directamente a la política oficial de ajuste y ordenamiento de las cuentas públicas.
La decisión se tomó debido a la falta de fondos en el presupuesto nacional para cubrir los pagos en efectivo. Por este motivo, el Estado decidió utilizar un paquete de bonos y letras del Tesoro para saldar las cuentas pendientes. El plan cuenta con un límite máximo total de $221.119.509.519 para emitir en títulos públicos.
La medida llegó después de un masivo relevamiento técnico que realizaron las Secretarías de Transporte y de Obras Públicas. La auditoría oficial detectó una gran cantidad de deudas acumuladas entre enero de 2022 y diciembre de 2025. Estos atrasos corresponden a certificados de obra no pagados, compra de materiales y el sistema de redeterminación de precios por inflación.
Para cumplir con las empresas, la Secretaría de Finanzas autorizó el uso de tres instrumentos económicos en pesos. Las deudas se pagarán en tres partes: un 33% con Letras del Tesoro (LECAP) que vencen en octubre de este año; otro 33% con Bonos del Tesoro (BONCAP) con vencimiento en enero de 2027; y el 34% restante con otro bono BONCAP que vence en abril de 2027.
Las constructoras que decidan ingresar a este programa tendrán un plazo estricto de diez días hábiles para anotarse a través de la web. Los trámites se recibirán por la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD) y los cupos se otorgarán por estricto orden de llegada. Una vez aceptadas, las firmas tendrán otros diez días para presentar sus planillas de liquidación detalladas. Para completar la inscripción, las firmas deben llenar el formulario.
A cambio de recibir los bonos del Estado, las empresas privadas deberán aceptar condiciones legales muy duras. La normativa exige que las firmas firmen un acta acuerdo donde renuncian de forma expresa a realizar juicios o reclamos administrativos contra la Nación. Tampoco podrán exigir compensaciones futuras si consideran que salieron perdiendo con el cambio de moneda por bonos.
El circuito de pago tendrá un fuerte control interno antes de que se entreguen los títulos a los empresarios. Cada acuerdo particular deberá pasar primero por las áreas técnicas de Economía y, de forma obligatoria, por el filtro de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La resolución general, firmada por el secretario Fernando Augusto Hermann, comenzará a aplicarse de manera oficial a partir de mañana.
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