La Justicia de Misiones dictó una resolución que marca un antes y un después en materia de Derecho Animal al reconocer a las mascotas como integrantes de una familia multiespecie y extender hacia ellas una medida de protección en un expediente de violencia familiar. El pronunciamiento, considerado inédito en el país, comenzó a trascender en medios nacionales por el alcance jurídico que representa y por el precedente que podría generar para futuros casos.
La abogada Micaela Pereira, diplomada en Tráfico de Fauna y Derecho Animal, especialista en Familia y Violencia Familiar, Escribana y profesora universitaria, fue quien impulsó la presentación. Durante una entrevista en FM de las Misiones explicó que el planteo nació dentro de una causa por violencia de género, donde inicialmente la Justicia había dispuesto restricciones para resguardar a la víctima. Posteriormente solicitaron que esas medidas también alcanzaran a los animales que convivían con ella.
La letrada sostuvo que el caso incorpora una herramienta novedosa dentro del ámbito judicial misionero. “Ingresa desde Misiones una novedad jurídica que es pedir una prohibición de acercamiento”, expresó, al señalar que hasta el momento existían antecedentes en otras provincias relacionados con alimentos o regímenes de cuidado de mascotas, pero no con medidas cautelares de este tipo.
Según relató, la presentación se fundamentó en una situación de violencia vicaria, modalidad mediante la cual el agresor busca provocar daño emocional utilizando los vínculos afectivos de la víctima. Habitualmente esa conducta se manifiesta a través de los hijos, aunque en esta oportunidad el pedido incluyó también a los animales de compañía, entendiendo que forman parte del mismo entorno afectivo.
Pereira aclaró que actualmente no existe una legislación específica que regule el concepto de familia multiespecie. Sin embargo, indicó que se trata de una construcción jurídica y social que viene desarrollándose mediante fallos judiciales y doctrina especializada. En ese sentido, remarcó que la noción contemporánea de familia dejó de limitarse únicamente a los vínculos biológicos o registrales.
“Hoy nos encontramos de que no podemos hablar de una cuestión biológica o de inscripción del registro de las personas, sino que hablamos de un proyecto de vida común y de sentimientos”, manifestó. Bajo esa mirada, sostuvo que las personas establecen lazos afectivos profundos con sus animales, razón por la cual también merecen protección cuando existe un contexto de violencia.
La especialista consideró que el fallo representa un avance significativo para quienes trabajan desde hace años en el reconocimiento de mayores derechos para los animales. “Es un hito trascendental”, afirmó, al destacar que la resolución permite superar parcialmente las limitaciones de la antigua legislación sobre maltrato animal y comenzar a reconocer a las mascotas como integrantes del núcleo familiar.
A su entender, el antecedente también puede brindar mayor tranquilidad a personas que atraviesan situaciones de violencia y temen denunciar por miedo a las represalias contra sus animales. “Ahora la Justicia no hace oídos sordos, sino que va a escuchar esa necesidad”, aseguró, al remarcar que quienes se encuentren en circunstancias similares podrán invocar este precedente para solicitar medidas de protección.
Durante la entrevista también recordó que en distintas jurisdicciones del país ya comenzaron a aparecer resoluciones relacionadas con el cuidado compartido de animales luego de una separación, incluyendo regímenes de convivencia y distribución de gastos veterinarios y alimentarios. Para Pereira, estos avances reflejan una transformación social que lentamente comienza a ser receptada por los tribunales.
Consultada sobre la respuesta obtenida en este expediente, destacó la actuación de la jueza Carolina Malla, quien hizo lugar al planteo. Según relató, existía un riesgo inminente que justificaba ampliar las medidas de resguardo hacia las mascotas, sin descuidar la protección de la víctima principal.
Más allá de celebrar la resolución, la profesional advirtió que todavía queda un largo camino por recorrer en materia legislativa. Recordó que la Ley Nacional de Maltrato Animal posee sanciones muy bajas y consideró indispensable actualizar las penas para desalentar este tipo de conductas.
En la misma línea cuestionó proyectos normativos que, a su criterio, vuelven a tratar a los animales como simples bienes. “No hay perros peligrosos, hay tutores irresponsables”, sostuvo al rechazar iniciativas que establecen restricciones según determinadas razas y reclamar políticas públicas enfocadas en la tenencia responsable.
Finalmente, Pereira expresó que este tipo de decisiones renuevan las expectativas de quienes impulsan la defensa de los animales dentro del sistema judicial. “Fallos como estos nos dan esperanza”, concluyó.
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