Otra semana signada por los mismos casos, las mismas causas, las sospechas de siempre. Pasan los años, los gobiernos y los discursos, pero en Argentina lo invariable es la sospecha sobre la dirigencia y, más tarde que temprano, su confirmación en la justicia.
Hoy es Manuel Adorni, pero también Martín Insaurralde. Dos costados de una misma debacle, dos sublimes muestras de que los paradigmas solo se expresan en el terreno y no en las plataformas de campaña. Adorni supone la insoportable vigencia de la irregularidad de quienes deben mostrar rectitud. Insaurralde es un recordatorio de que la sociedad jamás debe bajar la guardia cuando se trata de controlar a su dirigencia.
La ciclicidad es pasmosa. Un funcionario es señalado por presuntas irregularidades, la Justicia comienza a mover lentamente sus engranajes, la dirigencia se divide entre quienes exigen explicaciones y quienes denuncian persecuciones, mientras la sociedad contempla, otra vez, un espectáculo que ya conoce de memoria.
Ayer fue Insaurralde. Hoy es Adorni. Mañana será otro nombre. Se anticipa la tesis: el problema nunca fueron los apellidos, el problema es la extraordinaria capacidad que tiene la política argentina para prometer una ruptura ética y terminar reproduciendo los mismos mecanismos que juró desterrar.
En la semana que pasó, lejos de expresar honestidad moral y rectitud frente a los hechos, la histeria política volvió a trasladarse a la sociedad. Que renuncia que lo echan, que no lo echan, que lo convocan al Congreso, que al final negocian para hacer hacer la sesión.
Si la dirigencia pusiera ese esmero en la gestión no se hablaría hoy de caída del empleo formal, de consumo en retracción, de salarios que no le hacen sombra a una inflación que, encima, está mal medida.
La investigación que hoy alcanza al jefe de Gabinete, bajo la conducción del fiscal Gerardo Pollicita y con un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que podría transformarse en la pieza clave de la causa, no constituye una condena, mucho menos una absolución anticipada. Es, lisa y llanamente, la obligación republicana de rendir cuentas.
La DAFI deberá reconstruir cada movimiento patrimonial, cada ingreso, cada gasto, cada inversión, cada declaración jurada, cada operación con criptomonedas, cada explicación presentada y cada inconsistencia detectada. La intención es desarrollar una radiografía financiera destinada a responder una única pregunta: si el patrimonio declarado guarda relación con los ingresos acreditados o si existen diferencias que requieran una explicación judicial. Eso debería ser normal en cualquier democracia madura.
Lo extraordinario, en cambio, es que en la Argentina ya nadie se sorprende cuando un funcionario termina explicando su patrimonio ante los tribunales. La sospecha dejó de ser una excepción para convertirse en un componente estructural del ejercicio del poder… lamentable.
Javier Milei construyó buena parte de su legitimidad sobre una narrativa moral. No solamente prometió ordenar la economía, también prometió erradicar una forma de hacer política. Él antes, Espert y Spagnuolo en el medio y Adorni después, son apenas algunos capítulos de una vertiginosa saga de irregularidades que La Libertad Avanza fue entregando en lo que lleva en el poder.
“… lejos de expresar honestidad moral y rectitud frente a los hechos, la histeria política volvió a trasladarse a la sociedad. Que renuncia que lo echan, que no lo echan, que lo convocan al Congreso, que al final negocian para hacer la sesión”. Si la dirigencia pusiera ese esmero en la gestión no se hablaría hoy de caída del empleo formal, de consumo en retracción, de salarios que no le hacen sombra a una inflación que, encima, está mal medida”.
Cuando un gobierno hace de la honestidad uno de los pilares de su identidad, cualquier sospecha sobre uno de sus principales funcionarios deja de ser un problema individual para transformarse en una discusión sobre la credibilidad del propio proyecto político. LLA lleva en muy poco tiempo una cantidad bochornosa de sospechas, investigaciones y denuncias. Como se refirió antes, el desenlace judicial llegará más tarde que temprano, pero hoy los hechos ya no aceptan relatos. Y mientras la política consume horas interminables discutiendo si corresponde una interpelación, una sesión especial o una nueva conferencia de prensa, el país sigue produciendo información mucho más relevante para la vida cotidiana de millones de argentinos.
El Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET, por ejemplo, acaba de informar que el empleo asalariado registrado volvió a caer durante marzo. Son 11.000 puestos menos respecto del mes anterior y 314.000 empleos formales perdidos desde noviembre de 2023. A la preocupante cifra se suma la peligrosa tendencia. La industria y el comercio continúan encabezando la destrucción de puestos de trabajo. Incluso sectores que muestran recuperación de actividad, como la minería o la intermediación financiera, no generan nuevos empleos.
El crecimiento económico empieza a mostrar un fenómeno que los economistas describen cada vez con mayor frecuencia: una economía que puede producir más sin necesitar más trabajadores.
Algo similar sucede con los salarios. El informe EDIL muestra que el Salario Mínimo, Vital y Móvil volvió a perder poder adquisitivo en mayo.
Desde noviembre de 2023 acumula una caída cercana al 40% en términos reales y hoy representa apenas un tercio del valor máximo que alcanzó en 2011. También es cierto que los salarios privados registrados muestran una leve recuperación respecto del inicio de la actual gestión, pero resulta que permanecen muy lejos de sus mejores niveles históricos. Dicho de otra forma: se puede mejorar respecto del piso sin dejar de estar muy lejos del techo. Esa diferencia explica buena parte del malestar silencioso que atraviesa hoy a la clase media.
Entre los datos de la semana también aparece el consumo. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa volvió a ofrecer una fotografía elocuente durante el último Día del Padre: las ventas retrocedieron por cuarto año consecutivo. Ni las promociones, ni las cuotas, ni los descuentos lograron modificar una conducta que comienza a repetirse en cada fecha comercial: las familias compran menos, eligen productos más económicos y administran cada peso con una prudencia que hace algunos años resultaba excepcional.
Misiones tampoco escapa a esa tensión permanente entre la política y la gestión. Aunque por razones muy distintas, la provincia también atravesó una semana donde el ruido político amenazó con ocupar el lugar de las verdaderas prioridades.
La aclaración del ministro Carlos Sartori luego de la difusión de un comunicado de Encuentro Misionero que incluyó el nombre del gobernador Hugo Passalacqua entre sus autoridades removió el terreno sobre el que se juega parte de la política local.
“Tanto el gobernador como la inmensa mayoría de los funcionarios, dirigentes y militantes de la provincia que lo acompañamos, formábamos parte de un partido, la Renovación, que se extinguió, ya no existe más”, empezó a describir Sartori. “Hay un grupo -continuó el ministro- que formó otro espacio, abandonó ese proyecto, llevándose, entre otras cosas, fichas de afiliación, es decir, usando nuestros nombres sin autorización. Es por ello que vamos a renunciar oficialmente, primero porque la Renovación desapareció, y segundo, porque nadie nos pidió permiso para que estemos ahí: se están violentando derechos y no lo podemos permitir”.
En ese sentido, agregó que “es importante aclarar esto para evitar la desinformación que se genera en posteos de redes sociales. Hay que poner la cara y decirle a la gente que se quede tranquila, que el Gobernador está en este momento abocado a la gestión”.
En ese contexto, para el mandatario misionero una eventual renuncia parece ser un tema menor, casi administrativo. Así como no fue invitado cuando se presentó Encuentro Misionero, a juzgar por las declaraciones de Sartori, tampoco se le consultó cuando se publicó el reciente comunicado. En ese escenario, la renuncia es hasta un tedioso trámite frente a un gestión enfocada en bancar la crisis que irradia el modelo libertario. En ese sentido, el viernes se anunció la prórroga de los programas Ahora hasta el 30 de septiembre de 2026, una medida que busca sostener el consumo interno y continuar respaldando a los comercios, las familias y el aparato productivo provincial en un contexto económico nacional complejo por el fuerte ajuste de la Casa Rosada.
La decisión fue consensuada entre el Gobierno de Misiones, entidades bancarias y representantes del sector privado, y garantiza la continuidad de los beneficios vigentes desde el próximo 1 de julio sin modificaciones en los topes de reintegro ni en los montos máximos financiables.
“Continuamos acompañando a las familias, al comercio y a la producción misionera con una herramienta fundamental para nuestra economía”, destacó Passalacqua al describir el impacto de un programa que, con diez años de funcionamiento, apunta a preservar la actividad económica y el empleo, especialmente en las ciudades fronterizas, donde las diferencias cambiarias suelen afectar el nivel de ventas.
Esa es la verdadera diferencia entre la política que se mira al espejo y la política que mira a la sociedad.
La primera dedica semanas enteras a discutir nombres, cargos, renuncias y expedientes. La segunda entiende que el verdadero patrimonio que debe cuidar no es el de sus funcionarios sino el de sus ciudadanos.
Las causas judiciales terminan en los tribunales. Los relatos políticos terminan en las urnas. Pero la realidad siempre termina en el bolsillo.
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