La decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario provocó un fuerte impacto dentro del Gobierno nacional, donde comenzaron a revisarse costos, márgenes de cumplimiento y responsabilidades políticas por una estrategia judicial que no dio el resultado esperado.
El revés es sensible para la administración de Javier Milei porque mantiene vigente la obligación de avanzar con la aplicación de una norma que actualiza fondos para las universidades nacionales, salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles y partidas de funcionamiento. El Gobierno había intentado frenar su cumplimiento con distintos recursos, bajo el argumento de que la ley compromete el equilibrio fiscal.
El dato económico aparece ahora en el centro de la discusión. En la Casa Rosada sostienen que la aplicación plena de la ley tiene un impacto presupuestario difícil de absorber en el esquema de déficit cero que defiende el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Según distintas estimaciones, el costo adicional se ubicaría entre 1,3 y 3 billones de pesos, de acuerdo con los criterios de cálculo utilizados sobre salarios, becas y gastos de funcionamiento.
La Corte, sin embargo, no ingresó en el debate de fondo sobre la validez de la ley ni sobre el decreto con el que el Ejecutivo buscó suspender su aplicación. El máximo tribunal rechazó el planteo estatal por considerar que estaba dirigido contra una medida cautelar, es decir, contra una resolución que no constituye una sentencia definitiva. La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Ese punto es clave para dimensionar el fallo: no se trata de una definición final sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario, pero sí de una derrota concreta para el Gobierno, porque mantiene en pie la orden judicial que lo obliga a cumplir con la normativa mientras continúa el proceso principal.
En el oficialismo, la resolución generó malestar porque parte de la estrategia se había apoyado en la expectativa de que la Corte otorgara algún margen de alivio político y fiscal. Según fuentes libertarias, en sectores del Gobierno existía confianza en que el máximo tribunal podía ofrecer una salida que diera tiempo para ordenar una negociación legislativa o presupuestaria más favorable.
Ese cálculo no se cumplió. Por eso, en las últimas horas crecieron los cuestionamientos hacia las áreas que impulsaron el camino judicial y hacia quienes demoraron el tratamiento político de una alternativa en el Congreso. Dentro de La Libertad Avanza señalan que el Ministerio de Capital Humano había mantenido canales de diálogo con rectores para avanzar en una nueva propuesta de financiamiento universitario, alineada con el control del gasto público.
El problema es que ese eventual proyecto no tuvo la velocidad política necesaria. Mientras el expediente judicial avanzaba, el Congreso no llegó a discutir una salida alternativa y el Gobierno quedó expuesto a una decisión adversa. En Balcarce 50, ahora, el fallo es leído no solo como un traspié jurídico, sino también como una falla de coordinación entre la estrategia parlamentaria, la negociación con las universidades y la apuesta judicial.
La situación se vuelve más incómoda porque el Gobierno había avanzado recientemente en un acuerdo parcial con el sistema universitario. Ese entendimiento contempló una actualización salarial del 24,33%, distribuida en un aumento del 21,33% en junio y otro 3% en octubre, además de mejoras en gastos de funcionamiento, becas y hospitales universitarios. Sin embargo, el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que ese acuerdo no reemplaza la aplicación plena de la ley.
De esta manera, la administración libertaria enfrenta un dilema de difícil resolución: cumplir con la cautelar implica destinar fondos que tensionan la política fiscal; resistirla profundiza el conflicto con las universidades y abre un nuevo frente institucional; y buscar una salida legislativa demanda acuerdos políticos que el oficialismo no logró ordenar a tiempo.
El fallo también reconfigura el vínculo entre el Gobierno y el sistema universitario. Después de meses de protestas, reclamos salariales y discusión presupuestaria, las universidades obtuvieron una señal judicial favorable que fortalece su posición negociadora. Para el Ejecutivo, en cambio, el margen se achica: ya no alcanza con ofrecer aumentos parciales si la Justicia mantiene vigente la obligación de cumplir la ley.
En términos políticos, la Corte evitó pronunciarse sobre el fondo, pero dejó un mensaje práctico: el Gobierno no consiguió la suspensión que buscaba. Y esa definición, aunque procesal, tuvo efectos inmediatos. Ahora Economía debe recalcular, Capital Humano debe sostener el diálogo con los rectores y el oficialismo deberá explicar por qué apostó a una salida judicial que terminó agravando el problema que buscaba contener.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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