La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar parcialmente la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, al rechazar un recurso presentado por el Poder Ejecutivo. La decisión representa un nuevo revés judicial para el Gobierno en la disputa por los fondos destinados a las universidades públicas y mantiene vigente, por el momento, la obligación de actualizar los salarios docentes y no docentes, además de recomponer programas dirigidos al estudiantado.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisible la apelación del Ejecutivo debido a que no existe una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. De esta manera, la cautelar dictada por instancias inferiores continúa en vigor mientras avanza el proceso principal.
El conflicto se originó a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas casas de estudio. El planteo cuestiona la constitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la ley a la determinación previa de fuentes específicas de financiamiento.
En el marco de esa causa, la Justicia Contencioso Administrativa Federal había ordenado que se cumplieran de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la norma. Esos apartados establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de la recomposición de diversos programas destinados a estudiantes.
La medida cautelar no incluyó otros aspectos contemplados en la legislación, como la recomposición integral de los presupuestos universitarios correspondientes a 2024 y 2025 ni otras partidas vinculadas con programas de fortalecimiento institucional y asistencia.
Al analizar el caso, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que el Estado no logró desacreditar la verosimilitud del derecho invocado por las universidades. Asimismo, señaló que el Congreso había ratificado la sanción de la ley pese al veto presidencial y observó que el Ejecutivo intentaba impedir su aplicación mediante una norma de jerarquía inferior.
Los magistrados también advirtieron que la falta de cumplimiento podría provocar daños significativos sobre el sistema universitario, especialmente por el deterioro salarial que afecta tanto a docentes como a trabajadores no docentes. Según la Cámara, esa situación podría comprometer el normal desarrollo de las actividades académicas y, en consecuencia, el derecho a enseñar y aprender.
La controversia judicial se desarrolló en paralelo a una intensa disputa política. Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el Congreso insistió en su sanción y la convirtió en ley. Posteriormente, el Gobierno dispuso que su implementación quedara supeditada a la definición de recursos específicos para solventarla.
Luego del fallo de la Cámara, el Estado recurrió a la Corte Suprema e impulsó además recusaciones contra los jueces que habían intervenido en el expediente. También solicitó la excusación de los integrantes del máximo tribunal argumentando que ejercen actividades docentes universitarias. Todos esos planteos fueron rechazados.
Más allá del impacto institucional, la decisión judicial llega en un contexto en el que varias de las cuestiones debatidas ya habían encontrado una solución parcial mediante acuerdos entre el Gobierno, las universidades y los gremios.
El 10 de junio pasado, representantes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, del Consejo Interuniversitario Nacional y de las organizaciones sindicales docentes y no docentes firmaron un acta que contempló una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos.
Ese entendimiento incluyó además una actualización del 50% en las Becas Manuela Belgrano desde junio y estableció la continuidad de las negociaciones paritarias para septiembre, cuando se volverá a discutir la evolución salarial de acuerdo con la inflación acumulada y las pérdidas registradas durante 2024.
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