En vísperas del tratamiento parlamentario del proyecto de ley denominado “De inviolabilidad de la propiedad privada”, organizaciones que integran la Mesa Socio Ambiental Misionera enviaron notas formales a los senadores nacionales por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, para solicitarles que voten en contra de la iniciativa o, en su defecto, promuevan su regreso a comisión para abrir un debate más amplio.
Las entidades sostienen que, bajo esa denominación, la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional implica en los hechos la derogación de la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre Tierras Rurales, sancionada en 2011.
“Esa Honorable Cámara debate un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que, bajo el nombre eufemístico de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, implica en los hechos la derogación encubierta de la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre Tierras Rurales, sancionada en 2011 con amplia mayoría parlamentaria”, expresaron en las misivas dirigidas a los legisladores.
Asimismo, las organizaciones solicitaron que, en caso de no ser rechazado, el proyecto vuelva a comisión para incorporar la participación de provincias, comunidades rurales, pueblos originarios y especialistas.
“Le solicitamos que vote en contra de esta iniciativa, o en su defecto la devuelva a comisión para un debate amplio que incluya a provincias, comunidades rurales, pueblos originarios y expertos”, señalaron.
Alertan sobre el impacto en Misiones y la producción yerbatera
En los documentos enviados a los representantes misioneros, las entidades remarcaron que las consecuencias de una eventual derogación de la Ley de Tierras serían especialmente graves para Misiones y para las familias vinculadas a la producción yerbatera.
“Lo que está en juego no es una abstracción jurídica: es el futuro de la tierra misionera, la supervivencia de miles de familias yerbateras y la soberanía territorial de nuestra provincia”, advirtieron.
En ese sentido, vincularon el escenario con la situación que atraviesa actualmente el sector yerbatero. Según manifestaron, la apertura de importaciones y la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que intervenía en la fijación de precios, han generado un fuerte impacto en los pequeños productores y trabajadores rurales.
Las organizaciones sostuvieron además que, sin la vigencia de la Ley 26.737, la provincia perdería herramientas jurídicas para limitar la extranjerización de las tierras y preservar su soberanía territorial.
“Lo que el Gobierno denomina ‘atracción de inversiones’ es, en realidad, una transferencia de patrimonio nacional a manos privadas extranjeras, privando a las generaciones futuras de la posibilidad de decidir sobre su propio territorio”, afirmaron.
Finalmente, la Mesa Socio Ambiental Misionera insistió en que el debate sobre la propiedad y el uso de las tierras rurales debe involucrar a los distintos sectores afectados y contemplar las particularidades de las provincias productoras, especialmente aquellas con una fuerte presencia de pequeños agricultores y economías regionales.
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