El caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dejó de ser apenas una controversia patrimonial para convertirse en un problema político de mayor escala. La oposición busca llevar al Congreso los pedidos de interpelación y una eventual moción de censura contra el funcionario, mientras el oficialismo intenta evitar que el escándalo termine desplazando su propia agenda legislativa.
La tensión creció después de que se reavivara la polémica por los activos no declarados por Adorni, estimados en el equivalente a 500 mil dólares, y por el llamado capítulo del “pendrive”, que volvió a alimentar los cuestionamientos opositores. En ese contexto, distintos bloques comenzaron a articular una ofensiva parlamentaria para exigir explicaciones y abrir un debate institucional sobre la continuidad del jefe de Gabinete.
El dato político central es que la discusión aparece en la misma semana en la que el Gobierno pretendía avanzar con temas sensibles de su hoja de ruta legislativa. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había anticipado a los jefes parlamentarios la intención de sesionar este miércoles 24 de junio con un temario que incluiría el acuerdo con los fondos buitre y el Súper RIGI. Sin embargo, la oposición pidió una sesión para el día anterior, el martes 23, con el objetivo de tratar expedientes vinculados a la interpelación y moción de censura contra Adorni.
La jugada opositora suma a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y legisladores del MID, de acuerdo con las fuentes parlamentarias citadas por la agencia. La incógnita, como en otras votaciones clave, vuelve a estar en los bloques dialoguistas y en el posicionamiento del PRO, donde el tema divide opiniones y genera tensiones internas.
Hasta hace pocos días, sectores del PRO habían dejado trascender la posibilidad de dar quórum y acompañar una interpelación, aunque no necesariamente una moción de censura. Pero con el correr de las horas esa postura pareció moderarse. “No lo tenemos decidido aún”, respondieron desde la bancada amarilla, donde conviven quienes quieren marcar distancia del Gobierno frente al caso Adorni y quienes prefieren no escalar una crisis que puede favorecer a la oposición peronista.
El oficialismo, por su parte, trabaja para desactivar la sesión opositora y evitar que el caso se transforme en el centro de la semana parlamentaria. El antecedente inmediato no es menor: un intento anterior para acorralar a Adorni en el recinto se cayó por falta de apoyos y terminó con la suspensión de la convocatoria prevista para el 14 de mayo.
Esta vez, sin embargo, el clima político parece más complejo para el Gobierno. La presión no llega únicamente desde los bloques opositores duros, sino también desde sectores que acompañaron iniciativas oficiales en el Congreso y que ahora consideran que la continuidad de Adorni empieza a generar un costo político innecesario para la administración de Javier Milei.
En el Senado, la discusión también alteró la agenda prevista. La senadora Carolina Moisés, titular del bloque de Convicción Federal, afirmó que el Congreso atraviesa un escenario inédito ante la posibilidad de avanzar con una herramienta constitucional que nunca fue utilizada desde su creación. “O lo echan ustedes o lo sacamos nosotros”, advirtió, al reclamar que el Poder Ejecutivo tome una decisión sobre la continuidad del funcionario.
Moisés sostuvo que la figura del jefe de Gabinete fue incorporada en la reforma constitucional de 1994 y recordó que el artículo 101 prevé la posibilidad de interpelación y censura. Sin embargo, advirtió que el mecanismo nunca fue aplicado en la práctica, por lo que el Congreso debe actuar con cuidado. “Como nunca se utilizó tampoco se reglamentó, entonces tenemos que ser cuidadosos con la puerta que estamos abriendo para futuros procesos”, señaló.
La legisladora también remarcó que, para la primera etapa del proceso, la interpelación, existirían votos suficientes. “Para la interpelación yo creo que con seguridad, por lo que expresaron ya casi todos los bloques, están los votos”, afirmó. Según explicó, el funcionario debería presentarse en el recinto para brindar explicaciones antes de que pueda evaluarse una eventual moción de censura.
El punto de las mayorías aparece como una de las claves de la estrategia oficialista. En el Senado hubo discusión sobre si la interpelación y la moción de censura podían aprobarse por mayoría simple o si se requerían dos tercios cuando los proyectos llegaran al recinto sin dictamen. Según la reconstrucción parlamentaria, el Gobierno buscó ordenar una posición común para sostener que hacen falta dos tercios, una exigencia mucho más difícil de alcanzar para la oposición.
La crisis también abrió diferencias en el PRO. El legislador porteño Darío Nieto cuestionó la explicación de Adorni sobre su patrimonio en criptomonedas y aseguró que no le cree. “No le creo”, afirmó, al sostener que la versión del funcionario resulta difícil de sostener desde el punto de vista técnico.
Nieto explicó que las operaciones con Bitcoin quedan registradas en la blockchain, una suerte de libro contable público, aunque la identidad de quienes operan detrás de una billetera digital no siempre puede conocerse fácilmente. También puso en duda que Adorni haya formado parte de la comunidad cripto argentina en sus primeros años y cuestionó las sucesivas explicaciones del jefe de Gabinete.
“El mayor problema es que toma de boludos a los argentinos. No es que mintió una vez, mintió varias veces. Primero dijo que estaba todo en regla, después en el Congreso dijo lo mismo y luego aparece otra explicación distinta”, manifestó el dirigente del PRO. Además, advirtió que el caso terminó tapando otros temas de gestión y que ninguna persona debería quedar por encima del rumbo de un país.
Ese es, precisamente, uno de los mayores riesgos para el Gobierno. El escándalo no solo compromete la figura de Adorni, sino que amenaza con alterar la agenda parlamentaria oficialista en una semana en la que La Libertad Avanza pretendía mostrar iniciativa política propia. Si la oposición logra imponer el tema en el recinto, el Gobierno podría quedar obligado a defender a un funcionario cuestionado en lugar de concentrarse en sus proyectos prioritarios.
La Casa Rosada intenta ganar tiempo a través de conversaciones con bloques dialoguistas y referentes parlamentarios. El objetivo es evitar que la oposición consiga el quórum necesario para abrir una sesión centrada en Adorni o, al menos, impedir que el tema contamine la sesión posterior convocada por el oficialismo.
De fondo, la discusión exhibe una tensión más profunda: hasta dónde puede sostener el Presidente a un funcionario cuando su continuidad empieza a generar costos legislativos, incomodidad en aliados y desgaste público. Para Milei, remover a Adorni podría ser leído como una concesión frente a la presión opositora. Pero sostenerlo sin una explicación convincente también implica dejar abierto un flanco que ya no se limita a la imagen del jefe de Gabinete.
Por ahora, el oficialismo intenta contener el daño y preservar su agenda. La oposición, en cambio, busca convertir el caso en una pulseada institucional. Entre ambas estrategias, el Congreso aparece otra vez como el escenario donde se mide la capacidad del Gobierno para ordenar a sus aliados, resistir la presión política y evitar que una crisis patrimonial termine condicionando toda su hoja de ruta legislativa.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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