La litigiosidad laboral volvió a quedar en el centro del debate económico y judicial. A pesar de la reforma impulsada por el Gobierno nacional para intentar contener la llamada “industria del juicio”, la cantidad de conflictos entre empleados y empleadores mantiene una tendencia ascendente y acumuló casi 40 mil nuevos casos en apenas cuatro meses.
De acuerdo con los últimos datos del sistema de Riesgos del Trabajo, durante el primer cuatrimestre de 2026 se registraron 39.687 nuevas demandas, cifra que se ubica 2,3% por encima del mismo período de 2025. Solo en abril ingresaron 12.727 juicios, mientras que la proyección para todo el año asciende a 138.600 causas.
El dato incomoda al Gobierno porque expone que las modificaciones destinadas a reducir la judicialización todavía no logran torcer la curva. En la medición interanual, el sistema acumula alrededor de 135 mil demandas en doce meses, un volumen que los sectores empresarios y aseguradores consideran desproporcionado frente a estándares internacionales comparables.
El fenómeno se concentra especialmente en los juicios vinculados a accidentes y enfermedades laborales, donde las ART, las empresas y los trabajadores quedan atrapados en un sistema tensionado por demoras, peritajes, diferencias de criterio entre jurisdicciones y altos costos judiciales.
Santa Fe, Entre Ríos y Chubut, entre las mayores subas
La situación también muestra fuertes diferencias provinciales. Entre las cinco jurisdicciones más grandes, Santa Fe registró la mayor variación interanual en abril, con una suba del 24,9%. En el primer cuatrimestre acumuló 6.535 nuevos juicios, un 19,5% más que en igual período de 2025.
El caso santafesino aparece como uno de los focos de preocupación para el sector productivo, no solo por el volumen de demandas sino por el contraste con el promedio nacional. Mientras el país muestra una suba más moderada en el acumulado, la provincia mantiene un crecimiento muy superior y obliga a mirar el funcionamiento de su sistema pericial y judicial.
Entre las nueve provincias con mayor cantidad de juicios, Entre Ríos exhibe el mayor aumento acumulado en doce meses, con una variación del 33%. Chubut, en tanto, comienza a mostrar bajas interanuales después de los registros elevados de 2025, aunque todavía se mantiene como la segunda jurisdicción con mayor crecimiento, con una suba del 24%.
La provincia de Buenos Aires, por el contrario, mostró en abril una baja mensual del 4,9%, aunque en términos acumulados se mantiene en niveles similares a los de 2025. Esa estabilidad relativa no alcanza, sin embargo, para revertir el cuadro general: la litigiosidad sigue alta y el sistema continúa sumando causas a un ritmo que proyecta otro año de fuerte presión judicial.
Un problema que excede la estadística
El crecimiento de los juicios laborales tiene impacto directo sobre empresas, aseguradoras, trabajadores y tribunales. Para los empleadores, implica mayores costos y previsibilidad limitada. Para las ART, aumenta la presión financiera sobre el sistema. Para los trabajadores, muchas veces significa procesos largos para cobrar reparaciones por accidentes o enfermedades laborales. Y para la Justicia, representa una carga creciente de expedientes.
La discusión de fondo no es menor: hasta qué punto el aumento de demandas responde a una mayor conflictividad real, a fallas en la prevención de riesgos laborales o a incentivos judiciales que empujan la litigación. Los sectores que reclaman cambios sostienen que la cantidad de juicios no guarda relación proporcional con la evolución de la siniestralidad, mientras que desde el mundo laboral se advierte que cualquier reforma debe preservar el derecho de los trabajadores a reclamar por daños efectivamente sufridos.
En ese punto se juega el debate más sensible. Reducir la litigiosidad no puede convertirse en sinónimo de limitar el acceso a la reparación, pero tampoco alcanza con negar el problema cuando las cifras muestran una curva persistente. El desafío es construir un sistema que resuelva más rápido, prevenga mejor y reduzca los incentivos al conflicto sin desproteger a quienes padecen accidentes o enfermedades en el trabajo.
Por ahora, los números muestran que la pelea contra la judicialización laboral sigue abierta. Las reformas no alcanzaron para frenar el aumento y el primer cuatrimestre de 2026 dejó una señal clara: el sistema de Riesgos del Trabajo continúa bajo presión.
Discussion about this post