Uruguay registró este viernes su primer caso de muerte por eutanasia desde la entrada en vigencia de la ley de muerte digna, luego de que una paciente oncológica de 69 años, que atravesaba un cáncer en etapa terminal, accediera al procedimiento previsto por la nueva normativa. El caso fue confirmado por una fuente del Colegio Médico del Uruguay y difundido por medios locales e internacionales.
El procedimiento se concretó apenas un mes después de la reglamentación y puesta en marcha del protocolo sanitario, lo que convirtió a Uruguay en el primer país de América Latina en aplicar una ley de eutanasia aprobada por vía parlamentaria. Colombia y Ecuador cuentan con antecedentes de muerte asistida, pero en esos casos el reconocimiento se produjo a partir de fallos judiciales.
La aplicación del primer caso volvió a poner a Uruguay en el centro del debate regional sobre derechos individuales, autonomía personal y final de vida. El país ya había marcado agenda en América Latina con normas como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo, y ahora suma una legislación que habilita la eutanasia bajo requisitos médicos y jurídicos precisos.
Para el diputado Federico Preve, uno de los impulsores de la norma desde la izquierda gobernante, se trató de “un día simbólico muy importante para el país”. Según afirmó ante la prensa, la paciente “pudo decidir morir con tranquilidad” y “fallecer según sus propias convicciones”, una definición que sintetiza el espíritu de la ley y el núcleo del debate ético que atraviesa a la sociedad uruguaya.
La legislación establece que pueden acceder al procedimiento las personas mayores de edad, ciudadanas o residentes en Uruguay, que se encuentren psíquicamente aptas y cursen una patología incurable en etapa terminal, con sufrimientos considerados insoportables y un grave deterioro de su calidad de vida.
De acuerdo con el protocolo sanitario, el pedido debe partir del propio paciente ante un médico, quien dispone de un plazo de hasta tres días para expedirse. Luego se requiere la opinión de un segundo profesional. Si ambos consideran que se cumplen las condiciones fijadas por la ley, el procedimiento puede avanzar con los medicamentos establecidos. La persona solicitante, además, puede revertir su decisión en cualquier momento y sin necesidad de dar explicaciones.
Desde la organización civil Empatía, que impulsó durante años la discusión pública sobre muerte digna, señalaron que seguirán atentos a que los procedimientos se cumplan sin demoras ni obstáculos indebidos. Florencia Salgueiro, referente de la entidad, sostuvo que este primer caso demuestra que la ley “finalmente se convierte en herramienta para que las personas puedan acceder a una muerte digna”.
La norma, sin embargo, continúa generando fuertes cuestionamientos. La Iglesia Católica rechazó la aplicación de la eutanasia y mantiene una posición crítica frente a una legislación que, a su entender, habilita una intervención directa sobre el final de la vida. Del otro lado, sus defensores plantean que la ley no impone una decisión colectiva, sino que reconoce una posibilidad individual, regulada y excepcional para quienes atraviesan sufrimientos irreversibles.
Con este primer caso, Uruguay ingresó al reducido grupo de países que legalizaron la eutanasia o la muerte asistida bajo marcos normativos específicos, entre ellos España y Países Bajos. Más allá del impacto jurídico, el hecho abre una nueva etapa en el debate latinoamericano: hasta dónde llega la autonomía de una persona frente a una enfermedad terminal y qué rol debe asumir el Estado cuando la medicina ya no puede ofrecer cura, pero sí puede garantizar condiciones de dignidad.
Fuente: Agencia de Noticias NA
Discussion about this post