La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de ley Hojarasca, la iniciativa impulsada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger para depurar el digesto jurídico con la derogación de más de 70 normas que quedaron obsoletas.
La iniciativa recibió 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, y fue girado al Senado donde el Gobierno espera que obtenga la sanción definitiva.
En la misma sesión se votará más tarde el proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por “zona fría”, además de la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
El debate
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), destacó el proyecto de Ley Hojarasca para derogar normas obsoletas o inútiles y lo contrapuso con la pulsión que le atribuye a la política tradicional de acumular regulaciones sin límites para “hacerle la vida imposible” al ciudadano argentino “de bien”.
“Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible y no se dan cuenta que en un país civilizado la regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones, que vienen a tapar aspectos grises y de interpretación de la Constitución”, consideró.
Para el miembro informante del oficialismo, “esto se debe en buena medida a que buena parte de nuestros pares desconocen que el derecho y el gobierno es anterior a la ley”.
“Los gobiernos no nos otorgan derechos sino que nos reconocen derechos”, apuntó el economista libertario, que agregó que “la degradación del derecho viene cuando pensamos que una ley es justa por la cantidad de manos levantadas”.
Benegas Lynch sostuvo que “las regulaciones, las leyes y las normas son para proteger la vida, la propiedad y el derecho”. “No es el derecho a la felicidad o como se dice ahora el derecho al futuro”, siguió el diputado de La Libertad Avanza.
“Medir la calidad legislativa por la cantidad legislativa es lo que he observado en estos dos años y medio. Es francamente patético y resulta ser una carrera para acumular proyectos en comisiones, y hasta los autores no tienen el menor interés en que vean la luz del recinto”, cuestionó.
En ese sentido, reivindicó la Ley Hojarasca como un mecanismo para salir de “este laberinto regulatorio y de esta carrera de obstáculos para el laburante argentino de bien” y que a su juicio constituye “una cosa irrespirable en la Argentina”.
En tanto, el legislador oficialista denunció que muchas normas fueron concebidas como “barreras artificiales para cobrar el peaje de la política” y así nutrir los “quioscos” de muchos políticos tradicionales.
“Esto sirve para alimentar el ego de los políticos megalómanos, pigmeos morales que no saben controlar ni siquiera sus complejos de inferioridad porque no pueden tolerar y se revuelcan cuando ven a un argentino de bien progresando y productivo”, concluyó.
A su turno, Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que esta ley Hojarasca, la primera serie de otras normas que se presentarán con la misma finalidad, tiene “varios criterios”.
“Suprimir normas que están superadas por normativas posteriores, y que por lo obsoletas son ridículas como la ley de Azotes; normas obsoletas por el avance tecnológico como la ley de microfilmación; leyes que afectan libertades individuales como la ley de mochileros; leyes que imponían un montón de trámites burocráticos hoy totalmente innecesarios; leyes que están vigentes con organismos que hoy no existen, o que establecimientos procedimientos vigentes imposibles de aplicar; organismos financiados con fondos nacionales sin ningún sentido”, enumeró.
El santafesino se refirió en particular a la necesidad de derogar la ley sobre laboratorios públicos, de la cual dijo que “no sirvió de nada” porque no creó nuevos laboratorios ni asignó fondos.
“Y los laboratorios existentes fueron creados por leyes provinciales, como en mi provincia, y se sustentan con los impuestos que pagamos los santafesinos”, señaló.
“El punto central de la Ley Hojarasca es el paradigma de la libertad. Estamos hablando de la batalla cultural que nos planeta el presidente: cambiar ese paradigma del Estado omnipresente de que todo y para todo necesita autorización del Estado”, remató Mayoraz.
La oposición
Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria, Nicolás Trotta se manifestó en contra de la Ley Hojarasca y opinó que “detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado”.
En tanto, la presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, advirtió que “hay que ser muy termo para votar una ley como ésta”.
“No van a haber más de dos o tres diputados que van a levantar la mano para votar esta ley que tengan alguna idea de que se trata”, reprochó, y cuestionó la idea de que se trate de una ley “inocua”.
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