Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la investigación de la casa quinta de Pilar que había sido llevada a jurisdicción bonaerense para ser tratada en Campana y, finalmente, tras la anulación será tratada en la Ciudad de Buenos Aires por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ahora el caso de la mansión valuada en 17 millones de dólares y atribuida a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, tal como dispuso por mayoría la sala I de Casación, será seguido por dicho Tribunal de Apelaciones intermedio.
El cambio de dirección se dio ante el planteo de la fiscalía en contraposición de la decisión que había tomado la Cámara Federal de San Martín el pasado mes de enero, cuando había enviado el expediente al juzgado federal de la localidad de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay que, en esta instancia, seguirá con la pesquisa hasta una nueva decisión de la justicia.
Además de la mansión ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la denuncia que involucra la sospecha de que la sociedad Real Central de Luciano Pantano y su madre Ana Conte habría comprado la residencia valuada por escritura en 1.8 millones de dólares como presuntos testaferros de autoridades de la AFA, también suma una flota de autos de colección, un helipuerto y caballerizas.
La investigación se centra en establecer si los bienes pertenecen a dirigentes de la AFA, cuyo presidente es Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, entre otros actores.
Nuevo panorama
Con este nuevo panorama, la decisión tomada generó nuevos idas y vueltas, dilatando la definición del caso. Lo cierto es que la apelación de la fiscalía ahora, con el giro en la causa, será resuelta por los jueces de la Cámara en lo Penal Económico, quienes tomen la determinación del caso. El mismo está integrado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio y son quienes analizan actualmente si confirman los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA ante la supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social e impositivos.
Entre los argumentos brindados para el cambio de sede, planteado por el fiscal ante Casación Mario Villar, los camaristas fueron quienes consideraron que era en él el lugar indicado para debatir la causa, no en San Martín, ya que el último juzgado interviniente era el penal económico 10, que por entonces estaba subrogado por Marcelo Aguinsky, siendo de ese fuero.
Pero, al no estar de acuerdo, el juez Mariano Borinsky solicitó que el recurso fiscal debía declararse inadmisible, ya que no se trataba de una sentencia definitiva y no se había advertido una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación.
Asimismo, dijo que no se demostró “acabadamente una afectación sustancial a la garantía del juez natural”, incurriendo en un “excesivo rigor formal en desmedro de una eficiente administración de justicia” que terminó en una “solución dilatoria que atenta contra los principios de economía y celeridad procesal”.
Quien sí estuvo de acuerdo y acompañó la postura del juez Carbajo para resolver que la nueva determinación que se tome de manera colegiada y con velocidad en la Cámara Nacional en lo Penal Económico fue Borinsky.
