La empresa Alijor, propietaria de la reconocida marca de tapas y pastas frescas La Salteña, atraviesa una profunda crisis financiera que mantiene en alerta al gremio de la alimentación y pone en riesgo la continuidad laboral de unos 180 trabajadores en su planta de Garín, provincia de Buenos Aires.
La situación fue expuesta públicamente por el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), que emitió un duro comunicado contra la conducción de la firma y denunció atrasos salariales, pagos parciales y una larga cadena de conflictos laborales que se arrastra desde finales de 2024.
Según sostuvo el gremio, la problemática excede el actual contexto económico nacional y responde también a “años de desinversión y decisiones de gestión” que nunca fueron corregidas por la empresa. En ese sentido, remarcaron que Alijor produce bienes de consumo masivo con demanda sostenida, por lo que consideran que la crisis también refleja fallas internas en materia financiera, comercial y operativa.
El deterioro de la firma se evidencia además en la reducción de personal. Hace una década, la planta contaba con más de 320 empleados, mientras que actualmente mantiene cerca de 180 operarios.
El conflicto laboral se intensificó en los últimos años con distintas medidas de fuerza impulsadas por el STIA. En noviembre de 2023 se realizó un paro de siete días por demoras salariales. Más tarde, en diciembre de 2024, hubo una huelga de 12 días tras el pago de haberes en cuotas.
La situación alcanzó uno de sus momentos más críticos en enero de 2025, cuando los trabajadores llevaron adelante un cese de actividades durante dos semanas debido al incumplimiento en el pago de salarios, aguinaldos y vacaciones. Según denunció el gremio, durante ese conflicto los propietarios incluso amenazaron con cerrar definitivamente la planta, aunque finalmente abonaron parte de la deuda tras la presión sindical.
Desde el sindicato señalaron además que ya se realizaron cerca de 20 audiencias en el Ministerio de Trabajo sin resultados concretos y consideran agotadas las vías administrativas tradicionales.
En paralelo, el STIA planteó la necesidad de una solución estructural para evitar el colapso definitivo de la compañía. Entre las alternativas mencionadas aparecen la venta de la firma o el ingreso de nuevos inversores que aporten capital y una conducción diferente para intentar normalizar la operación industrial.
La organización gremial también fijó tres reclamos considerados innegociables. El primero es el pago inmediato y completo de los salarios adeudados. El segundo apunta a garantizar la continuidad laboral de todos los trabajadores actuales. El tercero propone la conformación de una mesa de seguimiento integrada por representantes de la empresa, el sindicato y el Estado para monitorear el cumplimiento de futuros compromisos.
(Fuente: IProfesional)
