La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo foco de análisis luego de que la Justicia detectara movimientos por más de 100 mil dólares en dos billeteras virtuales vinculadas al funcionario.
Según trascendió de fuentes judiciales con acceso al expediente, las operaciones fueron registradas en las plataformas Binance y Lemon, utilizadas principalmente para transacciones con criptomonedas. Los investigadores ahora incorporaron esos fondos a la reconstrucción patrimonial que llevan adelante sobre el patrimonio del funcionario y consideran que parte del dinero bajo análisis no estaría declarado.
La investigación se encuentra a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes buscan determinar si los gastos, inversiones, movimientos financieros y operaciones inmobiliarias detectadas desde fines de 2023 son compatibles con los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
En paralelo, la fiscalía aguarda un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, conocida como DAFI. De acuerdo a las fuentes consultadas, en la Justicia consideran que el material reunido hasta el momento podría derivar en un requerimiento formal para que el funcionario justifique el origen de parte de sus fondos y movimientos patrimoniales.
Ese eventual pedido estaría especialmente orientado a pagos realizados en efectivo que figuran dentro del expediente y que, según entienden los investigadores, no aparecen debidamente declarados. En caso de concretarse la medida, el jefe de Gabinete tendría un plazo de 15 días para responder y presentar documentación respaldatoria.
La causa también podría incorporar próximamente la intervención de ARCA para profundizar el análisis sobre presuntas operaciones no registradas. La intención sería revisar movimientos vinculados tanto a Adorni como a otras personas mencionadas en la investigación judicial.
Entre los nombres que aparecen dentro del expediente figura el contratista Matías Tabar, quien ya declaró ante la Justicia por trabajos realizados en propiedades vinculadas al funcionario, tanto en un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito como en una vivienda del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
También es mencionado Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron como acreedoras en la venta de un semipiso de la calle Miró al 500 adquirido por Adorni.
Los pagos investigados abarcan distintos conceptos relacionados con operaciones inmobiliarias y remodelaciones. Según trascendió, entre ellos aparecen arreglos en inmuebles, gastos de escribanía, adelantos vinculados a hipotecas y pagos mensuales asociados a deudas sobre propiedades ubicadas en las calles Miró y Asamblea.
Todo ese conjunto de operaciones forma parte de la reconstrucción patrimonial que realiza la Justicia para establecer el origen de los fondos utilizados y determinar si existieron inconsistencias entre los gastos detectados y los ingresos declarados.
La investigación avanzó luego del levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de Angeletti, además de diversas medidas destinadas a reconstruir consumos, transferencias, viajes y operaciones financieras.
Dentro del expediente también aparece una herencia recibida tras la muerte del padre del funcionario. Según trascendió, Adorni posee el 33% de un terreno heredado y figura además un departamento donde reside actualmente su madre.
Paralelamente, la Justicia revisa viajes y gastos realizados en destinos como Aruba, Bariloche, Punta del Este, Río de Janeiro e Iguazú. De acuerdo con los números incorporados hasta ahora a la causa, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 los gastos detectados superarían los 452 mil dólares, mientras que las deudas bajo análisis rondarían los 335 mil dólares.
