El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó este miércoles a Francisco Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicado en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en el fiscal.
La denuncia pone el foco en posibles inconsistencias en el patrimonio del legislador bonaerense, quien se desempeñó previamente como funcionario en el Ministerio de Defensa de la Nación y luego encabezó el Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares. En la actualidad, integra la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dentro del bloque de La Libertad Avanza.
Según consta en la causa, el análisis se centra en la evolución de sus declaraciones juradas. En la correspondiente a 2024, el funcionario declaró bienes por más de 43 millones de pesos, incluyendo la mitad de una vivienda en City Bell y parte de un vehículo. Un año después, su patrimonio ascendió a 80,5 millones de pesos, incremento que se vincula a la compra de una camioneta y a la cancelación de un crédito hipotecario por aproximadamente 60 millones de pesos en un plazo de doce meses.
De acuerdo a la presentación de Pagano, si bien algunos movimientos podrían justificarse con ingresos provenientes de su actividad pública, existen dudas sobre la capacidad económica para afrontar el pago total del préstamo en un período tan breve. Este punto constituye uno de los ejes centrales de la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal.
En un dictamen de 19 páginas, Marijuán aclaró que la pesquisa se limitará exclusivamente al patrimonio de Francisco Adorni y que no abarcará a su hermano, Manuel Adorni, quien ya se encuentra bajo investigación en otra causa judicial.
Como parte de las primeras medidas de prueba, el fiscal convocó a la denunciante para que ratifique su presentación y ordenó una batería de requerimientos a distintos organismos públicos y entidades financieras. Entre ellos, solicitó informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Agencia de Recaudación bonaerense, con el objetivo de reconstruir la situación fiscal y patrimonial del imputado desde 2020.
También pidió al Banco Central que recabe información sobre cuentas, movimientos financieros, depósitos, tarjetas, inversiones y compra de divisas. En paralelo, requirió datos a Migraciones sobre sus viajes al exterior, así como informes a registros de propiedad para identificar bienes inmuebles y a la Inspección General de Justicia para determinar su posible participación en sociedades comerciales.
Otro de los puntos clave de la investigación apunta al crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia, sobre el cual se solicitó documentación detallada para verificar condiciones, plazos y forma de cancelación. Asimismo, la Unidad de Información Financiera deberá elaborar un informe integral sobre su perfil económico y eventuales antecedentes.
