El Gobierno nacional profundizó el ajuste del gasto público y dispuso una nueva reducción presupuestaria que alcanza a subsidios económicos, energía, transporte, medios públicos, empresas estatales y programas vinculados a economías regionales, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal impulsado por la administración de Javier Milei.
La medida quedó formalizada a través de la Disposición 20/2026, que establece un recorte total de $223.822 millones sobre distintas partidas del Estado nacional. El mayor impacto se concentra en el área energética, que absorberá una reducción de financiamiento estatal superior a los $136.231 millones.
Según el detalle oficial, dentro de ese monto se eliminan $110.000 millones correspondientes a reservas del Tesoro destinadas a subsidios energéticos. A eso se suman otros $13.410 millones vinculados al Plan Gas IV.
Además, el ajuste incluye una disminución de $11.392 millones del Fondo Fiduciario FFGAS, utilizado para compensaciones tarifarias de zonas frías, mecanismo que subsidia parte del costo del gas en regiones de bajas temperaturas.
El recorte también alcanza compensaciones a productoras de gas bajo la Resolución 24/2025 de la Secretaría de Energía, con una baja de $1.366 millones, y afecta incluso proyectos de energías renovables en mercados rurales ejecutados por la Comisión Mixta Argentina-Paraguaya del Río Paraná (COMIP), donde se eliminaron otros $63 millones.
Otro de los sectores alcanzados es el transporte público. Allí el Gobierno resolvió reducir $30.000 millones destinados a subsidios financiados desde el Tesoro Nacional para el sostenimiento de servicios de movilidad en todo el país.
La poda presupuestaria se suma a la política de reducción gradual de transferencias estatales que viene impulsando la gestión nacional y podría volver a impactar sobre costos operativos y tarifas del sistema de transporte.
El ajuste también golpea a empresas públicas y organismos estatales. Bajo el apartado “otros subsidios”, la disposición elimina $50.000 millones destinados a subsidios para empresas estatales.
En ese mismo bloque aparece una reducción de $2.980 millones para ARSAT, la empresa nacional de telecomunicaciones y soluciones satelitales.
Los medios públicos nacionales también quedaron alcanzados por la medida. La disposición recorta $1.618 millones destinados a asistencia financiera para empresas dependientes de la Secretaría de Comunicación y Prensa, entre ellas RTA SA, APE SA y Contenidos Artísticos e Informativos SA.
La decisión además impacta sobre programas productivos vinculados a economías regionales y al sector lácteo. El Gobierno eliminó $1.705 millones destinados al programa “Impulso al Desarrollo de Economías Regionales” y otros $1.000 millones correspondientes a políticas y programas para el sector lácteo.
Finalmente, la reducción presupuestaria también alcanza a organismos vinculados a gestión hídrica. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) perderá $289 millones destinados a tareas de aprovechamiento y administración de recursos hídricos compartidos.
La nueva poda presupuestaria se suma a otros recortes aplicados durante los últimos meses en áreas como salud, educación e infraestructura vial y vuelve a mostrar que el principal objetivo económico del Gobierno continúa siendo la reducción del gasto estatal para sostener el superávit fiscal.
Fuente: Agencia de Noticias NA
