La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo tras el pedido de detención presentado por la diputada Marcela Pagano, quien lo acusó de haber intentado influir sobre un testigo clave en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La legisladora elevó su solicitud ante el juez Ariel Lijo, argumentando que existen indicios de entorpecimiento en la investigación. Según explicó, la medida se sustenta en la posibilidad de que el funcionario haya interferido en la declaración de un contratista vinculado a refacciones realizadas en una propiedad bajo análisis judicial.
De acuerdo a la presentación, el arquitecto Matías Tabar habría sido contactado antes de declarar, en una maniobra que, según Pagano, incluyó ofrecimientos de asistencia y la supuesta eliminación de mensajes que podrían resultar relevantes para la causa. La diputada indicó que tomó conocimiento de estos hechos a partir de versiones surgidas tras la exposición del testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita.
En ese contexto, la legisladora planteó que el accionar atribuido a Adorni podría encuadrarse dentro de una estrategia concreta de interferencia, al tratarse de un testigo considerado central para esclarecer presuntas irregularidades económicas. A su vez, sostuvo que la situación se agrava por el rol institucional que ocupa el funcionario, lo que, a su entender, le otorgaría capacidad de influencia sobre el desarrollo del expediente.
El pedido se apoya además en la aplicación de la llamada Doctrina Irurzun, un criterio utilizado en la Justicia argentina para justificar detenciones preventivas cuando se presume que una persona con poder puede obstaculizar una investigación. Pagano remarcó que este mecanismo ha sido aplicado en casos anteriores y consideró que corresponde su utilización en esta instancia.
En el escrito presentado ante el juzgado, también se advirtió sobre la existencia de otros testigos pendientes de declarar, lo que alimenta el temor de que puedan repetirse conductas similares. Por ese motivo, la diputada sostuvo que medidas alternativas resultarían insuficientes para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.
No obstante, de manera subsidiaria, solicitó la implementación de restricciones como la prohibición de contacto con testigos, la retención del pasaporte y la imposición de una caución económica, además de la preservación de comunicaciones que puedan ser relevantes para la investigación. Asimismo, pidió avanzar con nuevas medidas de prueba, entre ellas el peritaje del teléfono del testigo para intentar recuperar mensajes eliminados.
