La decisión judicial que frenó de manera provisoria la eliminación del programa Volver al Trabajo abrió un nuevo frente de conflicto en todo el país, mientras en Misiones las organizaciones sociales advierten por un fuerte impacto económico si finalmente se concreta la medida impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, anunciaron una protesta con corte de ruta en Eldorado para este jueves, en rechazo a la quita del ingreso.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular señalaron que la eliminación del esquema de asistencia implicaría la pérdida del único ingreso mensual para más de 37 mil trabajadores en la provincia. Según indicaron, esa situación no solo afectaría a las familias beneficiarias, sino que tendría un efecto inmediato en la economía local, con una caída significativa del dinero que hoy circula en comercios barriales.
El cálculo que difundieron desde la organización da cuenta de una merma cercana a los 2.900 millones de pesos mensuales en Misiones, cifra que en términos anuales superaría los 35 mil millones. Esos recursos, remarcaron, se destinan principalmente al consumo básico, lo que sostiene la actividad en almacenes, ferias y pequeños negocios.
En paralelo, el conflicto se traslada a las calles. En Eldorado se realizará un corte sobre la avenida Fundador y la ruta nacional 12 como parte de un plan de lucha que se replica en distintos puntos del país. La medida también contará con el acompañamiento de sectores docentes que vienen reclamando mejoras salariales desde hace meses.
Las organizaciones advierten que el fin del programa podría empujar a miles de hogares a una situación de mayor vulnerabilidad. Además, sostienen que el monto actual, congelado en 78 mil pesos desde fines de 2023, ya sufrió una fuerte pérdida del poder adquisitivo, lo que agrava el escenario incluso antes de una eventual eliminación.
Otro de los puntos cuestionados es la propuesta oficial de reemplazar la asistencia por esquemas de capacitación vinculados al sector privado. Según plantean, esa alternativa no garantiza inserción laboral y, en muchos casos, se concentra en grandes centros urbanos, dejando afuera a trabajadores del interior.
A esto se suma la preocupación por posibles cambios en políticas de acceso a la tierra y la vivienda. Desde el sector indicaron que iniciativas en discusión podrían afectar la continuidad de programas de urbanización en barrios populares, lo que sumaría presión sobre comunidades que ya dependen de estos ingresos para sostener espacios como comedores y cooperativas.
Mientras tanto, el Gobierno nacional anticipó que apelará el fallo judicial que ordenó mantener el programa vigente, en una disputa que promete escalar en los próximos días
