Organizaciones vinculadas a la discapacidad convocaron a una movilización para el próximo miércoles 22 de abril frente al Ministerio de Salud de la Nación, en rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno que propone reformar el sistema de pensiones por invalidez. La consigna es clara: “Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis”, y el reclamo apunta a frenar lo que consideran un retroceso en materia de derechos.
La protesta surge en respuesta a la iniciativa oficial denominada “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, enviada recientemente al Congreso, que plantea una revisión integral del sistema. Entre los puntos centrales del proyecto se encuentran la implementación de auditorías médicas periódicas, un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios y mayores controles sobre los requisitos de acceso .
Según el diagnóstico del Gobierno, la reforma busca ordenar un régimen que creció significativamente en las últimas décadas y que, según sostienen, presenta irregularidades en la asignación de beneficios. Sin embargo, desde el sector advierten que la iniciativa endurece condiciones y podría restringir el acceso a derechos básicos, además de introducir mecanismos de suspensión preventiva de pensiones ante inconsistencias detectadas .
“No es fraude, es crisis del sistema”
Desde el foro convocante sostienen que el proyecto no aborda el problema de fondo. “Lejos de dar respuestas, desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural que atraviesa el sistema”, señalaron en un comunicado.
En ese sentido, enumeraron una serie de dificultades que ya afectan al sector:
atraso en los aranceles, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo, un escenario que -según denuncian- pone en tensión la continuidad de los servicios.
Además, cuestionan el enfoque del proyecto, al considerar que instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad, al asociar el sistema principalmente con posibles fraudes en lugar de priorizar la garantía de derechos.
Qué propone la reforma
El proyecto oficial contempla que todos los beneficiarios deban revalidar su situación médica, social y económica para mantener la pensión. En caso de no cumplir con los plazos del reempadronamiento, se prevé la suspensión del beneficio, incluso de manera preventiva .
También introduce cambios en los criterios de acceso, estableciendo una incompatibilidad más estricta con el empleo formal y redefiniendo el universo de beneficiarios. A su vez, se plantea un nuevo esquema de financiamiento y control del sistema, con cruce de datos entre organismos públicos para detectar irregularidades .
El envío del proyecto al Congreso abrió un debate de alto impacto social y político. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de fortalecer los controles y garantizar la sostenibilidad del sistema, las organizaciones advierten que las medidas pueden derivar en exclusión y pérdida de derechos.
En ese contexto, la movilización del miércoles buscará visibilizar el conflicto y exigir modificaciones. “Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, remarcaron desde el sector.
