La nueva ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno apuesta a discutir en breve en el Congreso, tuvo algunas desavenencias en el seno del oficialismo, con pases de factura incluidos. Una tensión que en La Libertad Avanza apuestan a dejar atrás con la sanción del proyecto y a la espera de éxitos en el camino judicial.
En febrero, el Ministerio de Capital Humano inició contactos con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para acercar posiciones en torno a la nueva ley. Las conversaciones incluyeron contactos con los gremios que representan a las casas de estudio. Todos pasos para que en marzo se discuta el texto y se apruebe.
Carlos Torrendell, secretario de Educación, fue la pieza libertaria a cargo de reunir consensos. Y hasta ese momento, hay quienes aseguran en LLA que había entendimiento y estaba todo para que la normativa pase a la discusión parlamentaria. Un modo de evitar un escenario judicial adverso como el que se generó esta semana, que incomoda a las cuentas públicas.
Pero la estrategia quedó a un lado cuando la normativa no entró en el orden de prioridades para la fuerza libertaria en el Parlamento. Algunos atribuyeron la determinación a las autoridades del Congreso y su necesidad de apostar exclusivamente a un fallo judicial favorable, algo que no sucedió.
Una versión que para algunos diputados del espacio libertario no tuvo eco. Incluso, prometen pactos con la oposición más dialoguista para aprobar el nuevo texto que tiene pautas de recomposición salarial mucho más exiguas que las presentes en la norma 27.795 votada por la oposición.
Para el Gobierno, la actual ley, insistida por la oposición durante 2025, no tiene posibilidad de cumplirse por falta de presupuesto. Por eso el viernes presentó, con la Procuración del Tesoro de la Nación liderada por Sebastián Amerio, un Recurso Extraordinario Federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 del texto.
El proyecto que busca consagrar la administración Milei recupera el salario real perdido por los trabajadores docentes y no docentes de establecimientos universitarios durante el 2025, pero convalida el recorte fenomenal que hubo en el 2024.
En el texto enviado al Congreso, el Poder Ejecutivo explica esta intención con un eufemismo para disimular el ajuste: allí afirma que el objetivo de la norma propuesta es “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento”. Y, en pos de este objetivo, todas las voces libertarias prometen trabajo en conjunto, sin los chispazos que se generaron a raíz de las distintas estrategias detrás del cuidado de las cuentas públicas.
Qué dicen los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795
Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 (Financiamiento Universitario) establecen la actualización salarial docente/no docente según el IPC y la recomposición de becas estudiantiles. Además, obligan al Poder Ejecutivo a paritarias obligatorias para cubrir la inflación y ajustar los programas de becas por la variación acumulada de la inflación.
- Artículo 5 (Actualización Salarial): El Poder Ejecutivo nacional debe actualizar los salarios de los docentes y no docentes universitarios entre el 1º/12/2023 y la sanción de la ley, no inferior al IPC.
Plazo: Se hace efectivo al mes siguiente de la publicación de la ley.
Característica: Todo aumento debe ser remunerativo y bonificable.
Paritaria: Obliga a convocar a paritarias dentro de los tres meses calendario posteriores a la sanción. - Artículo 6 (Becas Estudiantiles): Dispone que el Ejecutivo nacional debe recomponer todos los programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del IPC informado por el INDEC.
Estos artículos fueron centrales en los fallos judiciales de principios de 2026 que confirmaron la necesidad de su cumplimiento inmediato.
FUENTE: Noticias Argentinas.
