El Gobierno nacional impulsa en el Congreso la denominada Ley de Propiedad Privada, un proyecto que introduce cambios de fondo en distintas normativas vinculadas al uso de la tierra, la vivienda y la propiedad, y que aún no cuenta con los votos necesarios para avanzar.
Mientras el oficialismo busca acuerdos con bloques dialoguistas como la UCR, el PRO y espacios provinciales, la iniciativa genera diferencias incluso entre aliados, principalmente por el alcance de las modificaciones que propone.
Tierras: sin límites para extranjeros
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de la ley 26.737, sancionada en 2011, que establecía restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, con un tope de 1.000 hectáreas.
La nueva propuesta elimina esos límites y solo exige autorización en casos en los que intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es concentrar los controles en situaciones que puedan afectar la soberanía o la seguridad nacional.
Sin embargo, sectores de la oposición y aliados plantean reparos. Si bien coinciden en que el esquema actual puede requerir ajustes, advierten que la eliminación total de límites podría favorecer la concentración de tierras en manos extranjeras.
Barrios populares: cambios en la regularización
Otro capítulo sensible es la reforma de la ley 27.453, que regula la situación de los barrios populares.
El proyecto elimina artículos clave vinculados a los mecanismos de expropiación y limita la posibilidad de avanzar con la regularización dominial de los terrenos. Además, descentraliza la implementación del régimen, dejando en manos de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires la ejecución de las políticas.
También se elimina la suspensión de desalojos por 10 años que establecía la normativa vigente, lo que, según advierten algunos bloques, podría derivar en un aumento de conflictos habitacionales.
Desde el oficialismo argumentan que la ley vigente no logró los resultados esperados: aseguran que, a siete años de su implementación, solo un porcentaje mínimo de los habitantes de barrios populares accedió al título de propiedad.
Desalojos: plazos más cortos
El proyecto incorpora un sistema más ágil para los desalojos, reduciendo los tiempos del proceso.
La intimación por falta de pago pasaría de 10 a 3 días, mientras que el plazo para concretar el desalojo se acorta a 5 días. Además, se simplifican los requisitos, ya que bastaría con la presentación del título de propiedad.
Estos cambios apuntan a acelerar los procesos judiciales, aunque generan preocupación en sectores que advierten sobre el impacto social de medidas de este tipo.
Manejo del fuego: menos restricciones
La iniciativa también modifica la ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que impedían vender o cambiar el uso de tierras afectadas por incendios durante largos períodos.
La normativa vigente establecía prohibiciones de hasta 60 años para la venta de humedales y bosques nativos incendiados, y de 30 años para el cambio de uso en zonas agrícolas.
El Gobierno considera que esas limitaciones son excesivas y afectan el derecho de propiedad, mientras que sectores críticos advierten que su eliminación podría incentivar prácticas especulativas tras incendios.
Por ahora, el oficialismo reconoce que no cuenta con los votos necesarios para avanzar y mantiene negociaciones con distintos bloques para introducir cambios al texto original.
La discusión gira en torno a cómo equilibrar el derecho de propiedad con la regulación estatal, en un proyecto que impacta en áreas sensibles como el acceso a la tierra, la vivienda y el uso del territorio.
Fuente: Agencia de Noticias NA
