El Gobierno nacional aprobó el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029, una iniciativa que busca reforzar la capacidad de respuesta ante eventos que pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de la población en todo el país.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 334/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial, y apunta a fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado y la sociedad civil.
El nuevo esquema había sido presentado el 7 de agosto de 2025 durante una reunión del Consejo Nacional para la y la Protección Civil, organismo encargado de centralizar las decisiones en esta materia.
La elaboración del plan fue resultado de un proceso de articulación institucional liderado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo, con la participación y el aval de organismos técnicos y jurídicos competentes.
El programa se enmarca en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), que establece como prioridad la integración de acciones entre Nación, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios y organizaciones de la sociedad civil.
Entre sus principales objetivos, el plan busca anticipar, mitigar y gestionar los efectos de desastres naturales y antrópicos, promoviendo una mayor resiliencia en la población.
El diagnóstico incluido en el documento advierte que el 60% de los desastres registrados en Argentina corresponden a inundaciones, las cuales concentran el 95% de las pérdidas económicas y de personas afectadas.
Asimismo, se identifican otras amenazas relevantes como terremotos, erupciones volcánicas, sequías, incendios y riesgos tecnológicos, con especial impacto en regiones como el NEA, NOA, el centro del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El plan también destaca la importancia de la educación, la comunicación y la generación de sistemas de alerta temprana, junto con la creación de comisiones científicas y técnicas permanentes para actualizar estrategias y evaluar resultados.
Asimismo, la iniciativa contempla financiamiento a través del Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (FONGIR), además de la realización de simulacros, capacitaciones y la elaboración de mapas de riesgo, con un sistema de seguimiento y evaluación a lo largo de todo el período de implementación.
Fuente: Infobae
