El director provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Nicolás Aranda, analizó los cambios que el Gobierno nacional anticipó que serán incluidos en el proyecto que enviará en los próximos días para reformar la Ley de Salud Mental.
La habilitación de la internación de casos leves en hospitales comunes no es nuevo en Misiones. “Hace mucho que nuestra provincia interna casos leves en hospitales comunes y no solo en Posadas; en Eldorado desde 2014 aproximadamente y en Oberá incluso desde antes. Ahora también estamos tratando de ver si también podemos internar en Aristóbulo del Valle, San Vicente y Puerto Iguazú… siempre casos leves. Esto responde a que creemos que el sistema de salud público tiene que ser lo más eficiente posible y reducir los costos de traslado favorece”, explicó.
Otro de los cambios que el Gobierno nacional buscará implementar es sobre la figura de la internación involuntaria. La ley vigente solo lo permite en caso de “riesgo cierto e inminente para el paciente o terceros” y ahora se buscará evaluar el riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento.
“Antecedente y riesgo”
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Aranda admitió el concepto de “riesgo cierto e inminente” que establece la actual ley como criterio excepcional para la internación involuntaria pero planteó el peligro para la sociedad argentina de retrotraer al modelo previo, “donde se utilizaba como categoría la idea de antecedente, se hablaba de peligrosidad”.
El funcionario provincial señaló que “sabemos que hay madres y familias que se quejan de la actual ley, que sienten que no pueden ayudar a sus hijos”, pero advirtió sobre los peligros de volver al modelo anterior “cuando era el juez el que determinaba una internación involuntaria sin necesidad de consultar a un equipo técnico, eso llevó a que se acumulara la gente, a modo de depósitos, en los hospitales psiquiátricos”.
En Misiones, estaban en el pabellón de inimputables y en el Hospital Psiquiátrico Ramón Carrillo, “donde muchas personas estaban durante muchos años, en malas condiciones y sin finalidades terapéuticas”.
A su entender, hay que ajustar las alianzas entre las familias y los equipos de salud mental “porque las familias muchas veces se sienten solas”.
Aranda cuestionó también la actual iniciativa que busca centralizar las decisiones en la figura del médico psiquiátrica, en detrimento de los otros profesionales del equipo de salud mental. “Esto es una insensatez porque los psiquiatras están concentrados en los grandes centros urbanos… por ejemplo, la guardia de salud mental del SAMIC de Eldorado está sostenida por un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que articulan, cuando es necesario, con algún psiquiátrico del Carrillo”, advirtió.
“Operación política”
Para Aranda, la iniciativa del Gobierno nacional es una operación política para tratar de cambiar el eje de la discusión pública y es absolutamente contradictoria con sus acciones: “Supuestamente busca mejorar el acceso a la salud mental a través de una reforma de la ley y resulta que desde 2023 ejecuta un desfinanciamiento muy activo de todas las acciones que tienen que ver con un seguimiento y continuidad de cuidados claras”.
Señaló que la Nación delegó casi todo en las provincias “y Misiones hace un esfuerzo enorme para sostener la atención en salud mental y la formación en salud mental, porque no nos olvidemos que también las residencias fueron progresivamente desfinanciadas y es la Provincia quien se hace cargo de la diferencia”.
Aranda denunció además que el Ministerio de Salud de la Nación convocó apenas una vez al Consejo Federal de Salud Mental, “por eso, referentes de 9 provincias nos reunimos en una mesa federal de salud mental para debatir sobre la realidad del sector y compartimos números muy significativos: la cantidad de atenciones en salud mental desde 2019 a la fecha aumentaron un 120% y las internaciones se incrementaron un 70% y la mayoría de estas son involuntarias… esta situación requiere una mirada estratégica seria y clara y no una operación de alto impacto como lo es el anuncio de reforma de la ley de salud mental cuyo proyecto ni siquiera compartieron con los referentes de las provincias”.
Anticipó que fueron convocados a una reunión virtual con la directora de Salud Mental de la Nación para dentro de dos semanas.
