El docente posadeño imputado por abuso sexual se presentó esta mañana de manera espontánea ante la Comisaría Primera, luego de que su hijastra lo señalara en publicaciones que se viralizaron rápidamente.
Según indica el parte policial, “el implicado (Jorge R. de 46 años) se puso a disposición de la Justicia por sus propios medios tras la difusión del caso en redes sociales”. Sin embargo, PRIMERA EDICIÓN pudo saber que el juez de Instrucción 2 (en turno), Juan Manuel Monte libró la orden de detención del acusado.
Tras su comparecencia, el Juzgado de Instrucción N.º 3, de Fernando Verón, dispuso que permanezca detenido en el marco de la causa que se investiga.
Denuncia en redes sociales, y actuación institucional y judicial
La situación cobra relevancia debido a que el acusado se desempeña como docente en el Colegio San Basilio Magno de Posadas, lo que encendió alarmas en la comunidad educativa y motivó la intervención del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM).
En un comunicado oficial, el organismo había advertido que, desde el punto de vista penal, el docente no tenía impedimentos formales para ejercer su cargo, ya que se encontraba en libertad bajo medidas restrictivas limitadas a la presunta víctima.
“Desde el estricto plano penal, no existe impedimento para el ejercicio de su trabajo”, señalaron, aunque aclararon que la situación debía analizarse bajo un enfoque más amplio.
El SPEPM subrayó que, más allá de la instancia judicial, las instituciones educativas tienen un deber reforzado de protección hacia los estudiantes.
“El análisis no puede reducirse al lugar donde ocurrieron los hechos, sino al riesgo institucional y al impacto sobre la confianza de la comunidad educativa”, indicaron.
En ese marco, el organismo solicitó de manera urgente a la institución la implementación de medidas preventivas, como la separación del docente del ámbito escolar, su reubicación en tareas sin contacto con alumnos o el otorgamiento de una licencia preventiva.
Estas acciones, aclararon, “no implican un prejuzgamiento de culpabilidad”, sino que responden al principio precautorio y al interés superior del niño.
El caso también expone cuestionamientos sobre los tiempos de la Justicia. Según trascendió, la denuncia habría sido realizada hace tres años, tras conocerse los hechos en el entorno familiar de la víctima.
El denunciante sostuvo en redes sociales que la causa tramitada bajo el expediente Nº 41.984/2024 en el Juzgado de Instrucción Nº 3 , tuvo avances judiciales, pero sin cambios sustanciales en la situación del acusado.
Incluso, señaló que el 19 de diciembre de 2024 la Cámara de Apelaciones (Sala II) declaró la nulidad de una resolución (del juez Verón) que había dispuesto la liberación del imputado, al considerarla arbitraria. Sin embargo, aseguró que, pese a ese fallo, la situación se mantenía sin modificaciones hasta ahora.
