La discusión sobre la política social en Argentina suele estar atrapada en un laberinto de prejuicios mediáticos y consignas políticas.
Bajo la premisa de que “la gente no quiere trabajar” o que los programas estatales “destruyen la cultura del trabajo”, se han sucedido diversas gestiones que, en los últimos 30 años, han “reversionado” la asistencia estatal al menos diez veces sin alterar las condiciones de fondo.
Sin embargo, el nuevo informe del espacio Futuros Mejores -integrado por economistas, sociólogos y especialistas en políticas de cuidado como Lucía Cirmi, Iris Pezzarini y Cristian Silva- presenta una radiografía que contradice el sentido común dominante con datos contundentes.
La paradoja del trabajador pobre
El dato más disruptivo del informe es que el 59% de las personas pobres en edad de trabajar en Argentina ya tienen empleo. Se desempeñan mayoritariamente en sectores clave como la construcción, el comercio y la industria, pero sus ingresos no logran superar la línea de flotación de la pobreza.
A esto se suma el derrumbe del “mito del esfuerzo”:
• Las personas en situación de pobreza trabajan, en promedio, 41,8 horas semanales.
• Las personas no pobres promedian 40,2 horas semanales.
• Solo el 7,9% de los pobres en edad de trabajar está efectivamente desempleado.
¿Cuál es, entonces, el factor determinante? La formalidad laboral. Mientras que el 82% de los trabajadores no pobres cuenta con empleo registrado, esa cifra cae estrepitosamente al 41% entre los trabajadores pobres.
El problema no es la falta de actividad, sino la precariedad de las condiciones en las que se trabaja.
Género y cuidado: la cara invisible de la deuda social
El informe destaca que la política social no puede entenderse sin una verdadera perspectiva de género.
El 18% de la población pobre en edad de trabajar son mujeres dedicadas exclusivamente al cuidado en sus hogares (amas de casa).
La vulnerabilidad se agudiza en los hogares monomarentales, donde el 60% se encuentra bajo la línea de pobreza, la misma proporción que afecta a las trabajadoras de casas particulares.
Desde Futuros Mejores se critica que las políticas actuales, como el programa Volver al Trabajo -que hoy asigna apenas 78.000 pesos- o el Acompañamiento Social (en vías de desaparecer), no comprenden estas realidades territoriales y pretenden solucionar problemas estructurales con sistemas de capacitación por vouchers que no garantizan inserción real.
Seis propuestas para una política social del siglo XXI
Frente a este diagnóstico, el documento propone abandonar la lógica de los “planes” genéricos y avanzar hacia un sistema de protección social universal y sostenible, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Sus propuestas clave son:
• Diferenciación de problemas: Reconocer que no todos necesitan lo mismo. Proponen la remuneración de cuidadoras comunitarias, licencias para cuidados familiares y apoyo económico para emprendimientos que ya existen, sin forzar la creación de cooperativas si no es el deseo del trabajador.
• Universalidad frente a cupos: El informe sostiene que la discrecionalidad en la entrega de ayuda no depende de quién la gestione (Estado u organizaciones), sino de la existencia de “cupos”. Proponen que el acceso sea automático para todo aquel que cumpla con requisitos claros.
• Fortalecimiento del tejido social: Reivindican el rol de las organizaciones sociales en los barrios populares como primera línea de respuesta a necesidades que el Estado muchas veces no llega a cubrir de forma directa.
• Roles estatales claros: El Gobierno nacional debería enfocarse en la política de ingresos universal, mientras que las provincias y municipios deben encargarse del acompañamiento territorial específico.
• Vivienda como política antipobreza: Ante la inestabilidad de precios y el uso de la propiedad como reserva de valor, el acceso a la vivienda se ha vuelto un factor de empobrecimiento que la política social actual ignora.
• Medición multidimensional: Argentina debe dejar de medir la pobreza solo por ingresos. El espacio exige el uso de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) actualizada y la publicación de un indicador de pobreza multidimensional, tal como lo hacen países como México, Colombia o Chile.
El informe concluye con una advertencia directa: mientras el mundo debate hoy la automatización y el salario básico universal, Argentina todavía sigue discutiendo la “meritocracia” de personas que ya trabajan más horas que el resto de la sociedad. La propuesta de Futuros Mejores es clara: menos prejuicios mediáticos y más políticas basadas en la realidad territorial.
